En línea con las principales cadenas de valor agrícolas, la Cámara de Bioetanol de Maíz manifiesta su profunda preocupación por la creciente intervención del Estado en la economía y reafirma la necesidad de Seguridad Jurídica para el normal desarrollo productivo de la Argentina.
El anuncio de intervención estatal y el proyecto de expropiación de Vicentín SAIC, empresa socia y pionera de nuestra Cámara, ha generado incertidumbre en nuestro sector, caraterizado por su eficiencia, su capacidad de innovación, y por cumplir siempre con sus obligaciones de abastecimiento al mercado interno.
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Consideramos que el desarrollo del sector privado es fundamental para un crecimiento sostenido y sustentable de la Argentina, y que, en caso de dificultades particulares de una empresa, deben cumplirse y respetarse siempre todos los pasos previstos por la Ley y la division de poderes establecida por la Constitución.
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El mercado del bioetanol es enteramente regulado por el Estado y ha sufrido y sufre muchos vaivenes consecuencia del incumplimiento del marco regulatorio, tanto en lo referido a la determinación del precio – congelado desde noviembre de 2019 – como a la distribución de volumen.
Más de la mitad del bioetanol destinado al corte obligatorio de las naftas proviene de la cadena del maíz, una industria que invirtió más de 500 millones de dólares para alcanzar una capacidad instalada de 815.000 m3/año y que, Seguridad Jurídica mediante, planea crecer aún más en la medida que vaya aumentado la mezcla de las naftas con bioetanol.
