Un documento que habrían presentado las compañías petroleras al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, sobre los lineamientos para una nueva Ley de biocombustibles encendió las alarmas en la toda la cadena agroindustrial argentina.
La propuesta, a la que tuvo acceso BioEconomía, pretende gravar a los biocombustibles con los impuestos al dióxido de carbono y los combustibles líquidos -exentos en la actual legislación por tratarse justamente de combustibles limpios y renovables. También busca limitar su participación en el mercado a los valores actuales de mezcla, que son de 10% para biodiesel y 12% para bioetanol y pretende eliminar el actual sistema de cupos y precios regulados por la Secretaría de Energía de la Nación. Además, habilita a las petroleras a participar de la producción de biocombustibles, para lo que se instrumentarían incentivos para la construcción de plantas de gran escala.
En dialogo con BioEconomía, uno de los referentes de la industria biocombustibles se mostró muy preocupado y dijo que «Pocas veces ha tenido la desdicha de escuchar tantas barbaridades y propuestas anti-Argentina como esta. Es una propuesta solo viable en un país subreal que va a contramano de lo que está sucediendo en la Unión Europea, EEUU, Brasil y Asía. Están pidiendo la destrucción y desaparición de 56 plantas de biocombustibles radicadas en 10 provincias, la gran mayoría pymes. Buscan quedarse con el 100% del control de la cadena para manejar los precios que paga el consumidor y hacerle perder jerarquía al gobierno de turno”, y agregó que “no solo buscan destruir lo existente, sino que pretenden que se le subsidie la construcción de plantas de más de U$S 100 millones”.
El entrevistado destacó que las compañías petroleras piden igualdad para el tratamiento tributario, lo que resulta ridículo ya que los biocombustibles generan entre 70% y 85% menos de emisiones de dióxido de carbono respecto a sus equivalentes fósiles. «Si el impuesto al CO2 reflejaría el costo real de las emisiones, jamás los combustibles fósiles podrían ser competitivos. Piden igualdad tributaria y de condiciones pero emiten mencionar que su sector está subsidiado y no permiten que los productores de biocombustibles tengan la capacidad de mezclar y competir con las petroleras”, reclamó la fuente.
El referente denunció que resulta “malicioso y falso afirmar que los biocombustibles generan un impacto fiscal negativo, cuando en la práctica, los biocombustibles no están beneficiados con ningún subsidio, algo que no sucede con los combustibles fósiles, que de forma directa reciben subsidios a través del `Barrill Criollo´y de forma indirecta a través de diversos mecanismos». Destacó que las petroleras omiten mencionar la contribución fiscal que los biocombustibles realizan desde su origen en toda la cadena agroindustrial de la soja, el maíz y la caña de azúcar, tanto a nivel local, como provincial y nacional y que los biocombustibles son de producción 100% nacional y que más del 30% del gasoil que se consume en el país es importado y comercializado bajo subsidios.
Y agregó que «permitir el ingreso de las petroleras a la producción de biocombustibles significaría una mayor concentración económica y de posición dominante por parte de esta industria».
Al referirse sobre el límite al porcentaje de mezcla alertó que «limitar y reducir los porcentajes de corte significaría ir a contramano del mundo, promover la destrucción del agregado de valor en origen y la re-primerización del sector agroindustrial, con todos los efectos negativos que ello implica para el desarrollo industrial del país».
La actual Ley de biocombustibles, vigente hasta mayo de 2021, ha resultado un instrumento fundamental para el crecimiento de la economía del interior y del país. Impulsó la creación de más de 35 plantas de biodiesel y 3 plantas de refinación de glicerina, que llevaron al país a convertirse en el principal exportador mundial de estos dos productos. El biodiesel encontró un nuevo destino para el aceite de soja, cuyo mercado externo está casi saturado, consolidando la expansión en la industria de crushing, cuyo producto más demandado es la harina de soja. En el período, las exportaciones del alimento rico en proteínas crecieron 25%.
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En cuanto al bioetanol, la mayoría de las 13 destilerías de caña de azúcar que operan en la actualidad se hicieron nuevas, mientras que también se construyeron 6 nuevas plantas de etanol de maíz de gran escala y 5 plantas de pequeña escala en establecimientos ganaderos. Se calcula que las inversiones superaron los U$S 2.500 millones y se crearon decenas de miles de empleos de calidad en el interior productivo, a la vez que se evitó la importación de combustibles fósiles por un valor superior a los U$S 10 mil millones.
Si bien el Poder Ejecutivo está facultado para extender la vigencia de la actual Ley de biocombustibles hasta 2024, ciertos vacíos reglamentarios han provocado un alto nivel de conflictividad que hace que se mantengan postergadas importantes inversiones. Por tal motivo se recomienda una nueva Ley que limite el nivel de discrecionalidad que permite la autoridad de aplicación en la reglamentación vigente.
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La Liga Bioenergética, una entidad que nuclea a los gobiernos provinciales y los productores de biocombustibles, ha elaborado un anteproyecto de ley que cuenta con los consensos necesarios para crear un marco regulatorio adecuado que genere una nueva ola de inversiones. El mismo fue presentado al poder ejecutivo para su revisión y se espera su devolución en las próximas semanas.
A mediados de julio, los productores de biocombustibles se reunieron con el ministro Kulfas y su equipo técnico, donde destacaron la buena predisposición del funcionario para avanzar en una legislación superadora. Oportunamente, Kulfas dijo que la Ley de biocombustibles dio en sus 15 años “muchos resultados positivos que este gobierno no quiere perder».
