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sábado, julio 2, 2022
 

Malasia: polémica ante propuesta de liberar presos para trabajar en plantaciones de palma

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Un arículo publicado en el medio británico The Guardian informó que los reclusos de Malasia podrían ser puestos a trabajar en las gigantescas plantaciones de aceite de palma para compensar la aguda escasez de mano de obra agravada por la pandemia de coronavirus.

Expertos en derechos de los trabajadores han advertido que la propuesta de los productores de aceite de palma del país puede constituir un “trabajo forzoso institucionalizado” en una industria ya acusada de abusos y explotación generalizada de los trabajadores.

Malasia es el segundo productor mundial de aceite de palma detrás de Indonesia con una producción que alcanza el 25% del suministro mundial. El aceite de palma se encuentra presente en casi la mitad de los productos envasados que se comercializan en los supermercados del Reino Unido, desde la mantequilla de maní hasta el champú, según indicó el medio.

Los productores de aceite de palma de Malasia dependen en gran medida de la mano de obra extranjera, principalmente de Indonesia, Bangladesh, Nepal e India, que representa más del 80% de la mano de obra total en las plantaciones. La pandemia ha exacerbado la escasez de mano de obra existente, ya que los trabajadores extranjeros no pueden ingresar al país, lo que ha dejado a las plantaciones con un déficit de alrededor de 40.000 trabajadores.

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Una política del gobierno para contratar trabajadores malasios ha fracasado en gran medida porque la población local se ha mostrado reacia a inscribirse en el trabajo, que a menudo se describe como difícil, sucio y peligroso. Los productores de aceite de palma ahora están buscando prisiones y centros de rehabilitación de drogas para conseguir trabajadores, pero un experto en derechos de los trabajadores ha dicho que los productores deberían concentrarse en erradicar los abusos existentes en la industria, en lugar de intentar reclutar a otros grupos vulnerables.

“Debemos tener cuidado de buscar alternativas que perpetúen las malas prácticas laborales, especialmente en el contexto de un poder de negociación tan desigual”, dijo Liva Sreedharan, especialista en derechos laborales y de los migrantes.

Sreedharan, quien ha investigado las condiciones laborales en la industria durante tres años, dijo que muchos de los trabajadores que ha entrevistado eran víctimas de trabajo forzoso, una forma contemporánea de esclavitud. Describieron abusos que incluían la confiscación de pasaportes, la falta de contratos de trabajo, multas y sanciones arbitrarias, falta de pago del salario mínimo, acoso sexual, amenazas físicas y abusos por parte de los administradores de las plantaciones.

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Recientemente, un trabajador de Bangladesh murió al caer en una caldera de desechos de una planta de crushing de aceite de palma, según los medios locales.

“¿Por qué no se están abordando estos problemas en lugar de buscar trabajadores que puedan estar más dispuestos a aceptar condiciones de trabajo deficientes debido a sus circunstancias? ¿Será porque [el trabajo penitenciario] es más fácil de explotar y tienen poco margen para rechazar la oferta de trabajo o acceder a mecanismos de denuncia?” se preguntó Sreedharan de acuerdo a The Guardian.

Sumitha Shaanthinni Kishna, abogada y directora de Our Journey, que aboga por los derechos de los trabajadores migrantes, dijo que si bien el plan podría proporcionar a los reclusos una fuente de ingresos y ahorros cuando salgan de la prisión, el gobierno debe garantizar que la participación sea voluntaria. “Se necesita el consentimiento para garantizar que esta iniciativa no se considere trabajo forzoso”, dijo.

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De acuerdo con la Organización del Trabajo Internacional de la ONU, si una empresa utiliza el trabajo penitenciario debe “garantizar que un prisionero pueda rechazar el trabajo y no recibir a cambio amenazas de sanción”.

Los líderes de la industria han defendido los planes, diciendo que los prisioneros obtendrán una formación y habilidades valiosas para ayudarlos a reintegrarse a la sociedad. “Es una situación en la que todos salen ganando, los presos y la industria”, dijo Ahmad Parveez Ghulam Kadir, director general de la Junta de Aceite de Palma de Malasia, un organismo gubernamental responsable de promover la industria.

Nageeb Wahab, director ejecutivo de la Asociación de Aceite de Palma de Malasia, dijo que los presos están trabajando en plantaciones desde 2016, pero la nueva propuesta «intensificaría» el programa. Wahab insistió en que el plan, que sería para presos de bajo riesgo cerca del final de su condena, sería voluntario. A los presos se les pagaría no menos del salario mínimo de 1.200 ringgit (U$S 300) al mes.

“Es una medida provisional”, dijo Wahab a The guardian. “Esta pandemia nos ha abierto los ojos de que dependemos de la mano de obra extranjera. Necesitamos incrementar nuestra automatización y mecanización. Tenemos que hacerlo ayer».

 
 
 
 
 
 
 

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