Días pasados, la industria de biocombustibles recibió un nuevo sacudón luego que se conociera un borrador sobre un proyecto de Ley impulsado por el jefe del bloque oficialista de diputados, Máximo Kirchner, respecto una nueva Ley de de biocombustibles que reduciría drásticamente el uso de los combustibles renovables en el transporte.
Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de bioetanol de Maíz, en diálogo con BioEconomía alertó sobre el impacto negativo que podría tener la promulgación de esta Ley en la industria. Según trascendidos, la misma sería presentada oficialmente la próxima semana.
Porqué quiere el gobierno bajar las mezclas de biocombustibles en las naftas y el gasoil al 10% y al 5%, respectivamente?
No hay una explicación racional. Creo que el gobierno es muy permeable a las solicitudes de la oligopólica industria petrolera y no termina de entender el rol estratégico de los biocombustibles en la diversificación verde de la matriz energética, ni su impacto favorable en el desarrollo del interior del país y en ahorro de divisas. Visto los errores que tiene la propuesta oficialista nos debemos un debate serio y sereno para construir una ley que le sirva a toda la Argentina.
Es curioso que salga este proyecto cuando el mundo avanza justamente en el abandono progresivo del petróleo como fuente de energía.
El mundo avanza decididamente hacia lo sustentable, reduciendo significativamente la utilización de los combustibles fósiles, que son muy contaminantes y dañan la salud. Tenemos 15.000 muertos al año por contaminación del aire en el país. Sin ir más lejos, el gasoil puede producir cáncer de pulmón y/o de vejiga y el proyecto oficial baja el corte de biodiesel a la mitad. Argentina, como en tantas otras cuestiones, pretende ir a contramano, con rebajas de las mezclas obligatorias. Creo que somos el único país del mundo que en vez de debatir cómo aumentar los cortes está debatiendo lo contrario. Basta con ver, sin ir más lejos, lo que pasa en Bolivia, en Brasil o en Paraguay para darse cuenta que el camino a seguir es todo lo contrario.
¿Qué consecuencias tendría este proyecto en la industria?
Cualquier eventual reducción del corte produciría el cierre de fábricas y la destrucción de empleo federal. Además violaría el criterio de progresividad establecido en el Acuerdo de París de 2016, firmado por Argentina en la sede de la ONU y ratificado por la Ley N° 27.270. Nuestro país incorporó a ese acuerdo compromisos en materia de uso de biocombustibles con objetivos muy por arriba de los porcentajes de mezcla que propone esta iniciativa. Recordemos que de acuerdo a lo establecido por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes.
¿Por qué piensa que van contra el bioetanol de maíz?
Imposible de entender. Proveemos el equivalente al 55% del bioetanol destinado al corte de las naftas, usando a tal efecto menos del 3% de la producción de maíz. Nos dicen del gobierno que en la coyuntura de hoy prefieren que se exporte ese maíz para cobrar retenciones. Con la misma lógica habría que prohibir, por ejemplo, la producción de carnes, ya que los animales tienen el “mal gusto” de alimentarse con maíz, y luego importarla de Uruguay, Brasil o Paraguay. Parecería ser que el concepto es “exportemos granos y que otros le dan más valor y se queden con el empleo asociado”. Este proyecto tiene además un marcado sesgo anti-Córdoba.
¿La idea del gobierno es que el valor sea agregado en otros países?
El argumento es insólito y propio del siglo XIX. Lo que nos proponen con una rebaja del corte es crear menos valor agregado. Es una mirada miope que además va a demandarle al país mayores importaciones de naftas, en un momento en el que lloramos por la falta de divisas en el Banco Central. El bioetanol sustituye cada año cientos de millones de dólares en importaciones de naftas, y nuestra propuesta es justamente cuidar los pocos dólares que tenemos sustituyendo todas las naftas importadas con energía renovable. Eso nos llevaría a un corte del 18/20% y no a rebajas.
Desde el mundo petrolero se habla de un gran costo fiscal asociado a los biocombustibles. ¿Es así?
El argumento principal para frenar a la industria de los biocombustibles es el supuesto subsidio que reciben los productores: es una fake news. La industria no recibe fondos del Estado, que sí decidió no gravar a estas bioenergías en el surtidor, tanto por su favorable impacto ambiental como para evitar que genere un costo extra para el consumidor. A nosotros no nos beneficia ni nos perjudica. De hecho, el aporte fiscal de la industria de biocombustibles, principalmente a través de IVA, Ganancias y Retenciones, es superior a la desgravación que beneficia al consumidor. Es prueba de una manifiesta contradicción que la industria petrolera, beneficiada históricamente con regímenes especiales, subsidios, y la total desgravación del gas para autos, hable del costo fiscal de los biocombustibles, omitiendo sus beneficios ambientales, y soslayando la contribución de la energía fósil a la catástrofe climática y a la degradación de la salud de la población. ¿Cuánto debería pagar el petróleo y/o sus derivados para compensar mínimamente los problemas ambientales y sanitarios y ambientales que provoca?
Parece que tampoco hay mucha sensibilidad ambiental…
La era del petróleo avasallador está llegando progresivamente a su fin. Tal como lo anticipó el exministro de Arabia Saudita, Ahmed Zaki Yaani, «así como la Edad de Piedra no terminó por falta de piedras, la Edad del Petróleo terminará mucho antes de que nos quedemos sin petróleo». En Europa las petroleras se están reconvirtiendo, pero en Argentina pretenden seguir como si el cambio climático no existiese. Parecen negacionistas. Un fiscal general de EE. UU. demandó a ExxonMobil y a otras por llevar a cabo «campañas fraudulentas» en las que intentaban restar importancia a la evidencia científica sobre el calentamiento global, usando las mismas técnicas que implementaron las tabacaleras para esconder que fumar era cancerígeno.
¿En qué quedó el proyecto de la Liga Bioenergética?
Tanto los gobiernos provinciales como los productores de biocombustibles trabajamos durante dos años para redactar y consensuar un ante proyecto de ley refrendado por casi toda la industria, incluyendo al Centro Azucarero Argentino, a la Cámara de Energías Renovables de Santa Fe, a la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrogeno, a la Cámara Argentina de Biocombustibles, a Maizar, a la Cámara de industrialización de granos en origen, a la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados y a la que tengo el honor de dirigir, la Cámara de Bioetanol de Maíz. El proyecto fue presentado por el diputado Carlos Gutierrez pero el oficialismo nunca lo quiso tratar. Ahora quieren meter en tiempo récord un proyecto innecesariamente conflictivo, de baja calidad técnica y sin el estudio y debate correspondiente.
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El proyecto oficial habla de defender a las Pyme. ¿Es así?
Pretende defenderlas y en eso estamos conceptualmente de acuerdo. Por otra parte, el proyecto oficial protege al sector del bioetanol de caña, teniendo en cuenta que si dejan de producir etanol debería inundar la plaza de azúcar y el precio caería vertiginosamente, llevando progresivamente a la ruina a los ingenios. Pero en el caso del bioetanol de maíz no han tenido en cuenta que no tenemos alternativa alguna: si no producimos etanol para el corte, las plantas cierran de la noche a la mañana.
¿No pueden exportar?
Ojalá pudiéramos. Es un mercado muy competitivo, copado por Brasil y Estados Unidos, y a pesar de nuestros esfuerzos no logramos entrar al mercado internacional. Hemos realizado con mucho esfuerzo algunas exportaciones puntuales pero ni por casualidad podemos sobrevivir exportando: lamentablemente no cierran los números ni tenemos acceso fácil al mercado internacional. Hay mucho “costo argentino” para llegar a la exportación y no llegamos a competir con países que tienen una industria madura con costos logísticos mucho más bajos. Por eso, si nos sacan el mercado local, como pretende hacer el proyecto oficialista, varias empresas van a desaparecer, incluyendo algunos productores de biodiesel.
¿Y ahora, cómo sigue la historia?
En 50 días termina la ley 26.093 y abogamos por una prórroga, que pueda darse por decreto presidencial, o una nueva que sea superadora, que contemple a todos los productores actuales y promueva un camino de crecimiento armonioso de la Vaca Viva del Campo con la Vaca Muerta petrolera. No nos podemos permitir una ley improvisada que va a derrumbar a la industria por al menos 10 años. La Argentina no puede seguir disparándose en los pies y cerrar plantas industriales luego de la devastación económica en la que vivimos. Ya pasamos por el drama del Alconafta en los años 80 mientras Brasil transformó su plan de biocombustibles en una exitosa política de Estado. ¿Vamos a repetir la historia?
