España muy cerca de contar con una Ley contra el desperdicio de alimentos

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El Consejo de Ministros de España aprobó la semana pasada el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que busca dar una segunda vida a los alimentos que por alguna razón no fueron consumidos.

Aproximadamente, un tercio de la producción mundial de alimentos para consumo humano se tira cada año. El tema de los desperdicios, no es sólo una cuestión de la cantidad de comida que se tira, sino también de todos los recursos innecesarios que se emplearon para su producción. Evitar el desperdicio y adoptar un consumo responsable son dos claves para la sostenibilidad del planeta y es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos. La cifra indica que en 2020 cada persona en España arrojó a la basura 31 kilos de alimentos que compró. Sin embargo, el mayor desperdicio se produce en la industria con alimentos que nunca llegan al consumidor.

La Ley propuesta trata de dar una respuesta de orden ético y moral a la problémtaica, ya que según datos de FAO, hay más 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre, y otras 1.600 millones que tienen problemas de nutrición.

La nueva normativa contra la Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario

La nueva normativa impulsada por el Gobierno tiene como objetivo «orientar hacia un sistema de producción más eficiente, que enfoque al desarrollo de la economía circular» con el fin de reducir el desperdicio de alimentos que perjudica a toda la sociedad.

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Una de las medidas que contempla la Ley es que todos los agentes de la cadena alimentaria tienen que contar con «un plan de prevención para evitar el desperdicio», recoge el comunicado emitido por presidencia. La normativa establece una jerarquía de prioridades que se deberán cumplir: la primera es la utilización para la alimentación humana, a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.

En el segundo orden de jerarquía, los alimentos no vendidos que estén en buenas condiciones para su consumo deberán ser transformados en otros productos como jugos o mermeladas. En cambio, si no son aptos, tendrán que utilizarse para alimentación animal, industria o para obtener compost de calidad para uso agrícola o para la producción de biocombustibles.

Adelantarse a la fecha de vencimiento y doggy bag

Los productos que tengan la fecha de consumo preferente vencida deberán presentarse a los consumidores de forma separada y diferenciada del resto con un precio más reducido. También se podrán donar. Asimismo, los restaurantes y bares tendrán que ofrecer la opción a los clientes de que se lleven sin ningún tipo de coste la comida que no hayan consumido. Para impulsar esta práctica, que se conoce como ‘doggy bag’, los servicios gastronómicos estarán obligados a informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú.

Los centros educativos, sanitarios o las residencias que tengan servicio de comidas deberán tener planes de prevención y reducción de las pérdidas de alimentos con la misma jerarquía.

A su vez, todos los agentes de la cadena alimentaria deberán informar anualmente de las pérdidas alimentarias, así como del cumplimiento de sus planes de prevención. La norma prevé que las empresas distribuidoras de alimentos deberán incentivar, junto con las administraciones, la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima.

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Los establecimientos de venta al por menor con una superficie que fijarán las comunidades autónomas (nunca inferior a 400 metros cuadrados), deberán fomentar líneas de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos que estén en condiciones óptimas de consumo.

La ley estipula también que el Gobierno adoptará políticas públicas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y, en su caso, la posibilidad de poner en el mercado los productos con fecha de consumo preferente sobrepasad, respetando los criterios establecidos por la Unión Europea en las propuestas legislativas en la materia.

La legislación ahora deberá deberá seguir su curso habitual, donde será sometido a las consideraciones de las comunidades autónomas, que recopilará opiniones de todas las organizaciones afectadas por la propuesta legislativa. Luego se elaborará un nuevo texto contemplando estos aportes para volver al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión a las Cortes Generales para el trámite parlamentario.

Está previsto que la reglamentación entre en vigencia a partir del primer día de 2023.

 
 
 
 
 

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