En la tercera reunión del Consejo de Desarrollo Económico Social Sostenible (CDESS), celebrada el pasado jueves 27 de junio, el gobierno de Brasil definió tres políticas clave para fomentar la industria baja en carbono y adaptar la economía a los desafíos del cambio climático.
Mobilidad Verde e Innovación (Mover)
El programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), que ofrece incentivos a la industria automotriz, fue finalmente sancionado por el presidente Lula (PT) tras seis meses de negociaciones en el Congreso Nacional. La iniciativa, lanzada a finales del año pasado, asignará 19.300 millones de reales (3.450 millones de dólares) en créditos financieros entre 2024 y 2028 a empresas del sector automotriz que inviertan en la producción de vehículos sostenibles e innovadores.
Hasta el momento, 89 empresas de nueve estados han sido habilitadas para participar en el programa. Entre ellas se encuentran 70 fabricantes de autopartes, 10 de vehículos ligeros, seis de vehículos pesados y dos dedicadas a la investigación y desarrollo.
Estrategia Nacional de Economía Circular
En el mismo evento, se presentó una estrategia nacional de economía circular mediante un decreto emitido por el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC). Esta iniciativa busca incentivar el uso eficiente de los recursos naturales y promover prácticas sostenibles a lo largo de la cadena productiva.
La estrategia tiene como objetivo transformar el modelo de producción lineal, caracterizado por la extracción, producción y descarte, hacia una economía circular. Este nuevo enfoque prolonga el ciclo de vida de los productos a través de la reparación, reutilización, reacondicionamiento, remanufactura, reciclaje y regeneración.
La estrategia de economía circular se integrará al programa Nova Indústria Brasil (NIB), lanzado a principios de 2024. Además, un proyecto de ley sobre economía circular que actualmente espera votación en la Cámara de Diputados, introduce el concepto de transición justa. Este concepto es fundamental para abordar el impacto ambiental de la extracción y procesamiento de recursos naturales, responsables de más del 90% de la pérdida de biodiversidad y aproximadamente la mitad de los efectos del cambio climático.
Adaptación al cambios climático
El presidente Lula también sancionó una ley que establece directrices para la elaboración del Plan de adaptación al cambios climático. Esta ley busca preparar a la economía brasileña para enfrentar los efectos del cambio climático, que según el Foro Económico Mundial (WEF) podrían causar 14,5 millones de muertes y pérdidas económicas de 12,5 billones de dólares a nivel mundial para 2050.
La nueva ley proporciona al poder público reglas claras para planificar medidas de resiliencia ante los efectos del cambio climático sobre los sistemas productivos e infraestructuras. Asimismo, se priorizará el apoyo a los municipios más vulnerables y expuestos a amenazas climáticas, facilitando el acceso a recursos del Fondo Nacional sobre Cambio Climático para financiar la elaboración de planes estatales, municipales y distritales.
El gobierno federal ha identificado que 1.942 municipios brasileños, representando casi el 35% del total, son susceptibles a desastres como deslizamientos de tierras, inundaciones y aluviones.
