En el mapa energético de América del Norte, la frontera entre Canadá y Estados Unidos define mucho más que un límite geográfico: define qué combustibles entran en mercado y cuáles quedan fuera de precio. En el universo del biodiesel y el diésel renovable, donde el negocio se construye con centavos, una decisión fiscal en Washington puede desestabilizar una industria en Ottawa con la velocidad de un camión cisterna.
Del clima a la industria
Durante años, los biocombustibles se explicaron como una herramienta ambiental para bajar emisiones. Esa descripción hoy es incompleta. En la práctica, han pasado a ocupar un lugar central en los sistemas industriales donde se cruzan inversiones, empleo y control de cadenas productivas.
Este cambio de escala quedó expuesto con el anuncio del crédito fiscal 45Z en Estados Unidos. Presentado como parte de una estrategia política e industrial, este incentivo no solo reorganizó el mercado interno estadounidense; alteró el equilibrio competitivo de toda la región al favorecer exclusivamente la producción dentro de su territorio. Este respaldo fiscal permite a la industria estadounidense absorber costos, cerrar contratos en mejores condiciones y consolidar capacidad productiva en un momento en que el diésel renovable y el biodiesel concentran cada vez más capital y atención política.
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La presión sobre el margen canadiense
Para Canadá, el impacto es una asimetría difícil de ignorar. Su industria opera en el mismo espacio económico que la estadounidense, pero sin el respaldo fiscal que ahora infla los márgenes del otro lado de la frontera.
Cuando el margen se estrecha, la continuidad operativa entra en zona de riesgo. En sectores intensivos en capital, esta tensión se traduce rápidamente en postergación de inversiones o cierres de plantas. El problema excede lo corporativo: si la producción doméstica se debilita, Canadá pierde capacidad de gestión sobre su propia seguridad energética.
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La respuesta de Ottawa: El Biofuels Production Incentive
Ante este escenario, el gobierno federal canadiense decidió intervenir. A través de Natural Resources Canada, lanzó el Biofuels Production Incentive, un programa diseñado para sostener la producción existente durante 2026 y 2027.
A diferencia de otros planes, este esquema se apoya en un incentivo por litro producido y es de carácter no reembolsable. No busca financiar proyectos hipotéticos, sino evitar que las plantas que ya están funcionando queden fuera de juego frente a la competencia subsidiada de EE. UU.
El propio gobierno identifica tres metas centrales: mantener operativos a los productores existentes y proteger empleo a lo largo de la cadena de suministro, estabilizar la producción de biodiesel y diésel renovable para fortalecer el valor del sector, y reducir la dependencia de importaciones para mejorar la seguridad energética.
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Un nuevo tablero regional
La reacción canadiense revela un cambio de época. Estados Unidos utilizó un instrumento fiscal para blindar su industria; Canadá respondió nivelando la cancha para proteger su valor agregado.
Hoy, la discusión en torno al biodiesel y el diésel renovable ya no gira solo sobre el carbono o la sostenibilidad. Gira, cada vez más, sobre quién domina la industria que los produce. El nuevo mapa energético se dibuja con incentivos, y allí donde se define el subsidio, se decide el futuro del empleo y la inversión regional.
