El pasado martes 14 de agosto, el Ministerio de Hacienda informó la suspensión por 6 meses de la baja de retenciones a la harina y el aceite de soja. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 756 y tiene como objetivo conseguir $ 12.500 millones en lo que resta de 2018 y $53.000 millones para 2019. Para algunos dirigentes rurales era necesario equiparar los aranceles entre la materia prima y los productos industriales del complejo oleaginoso. Para los representantes de la industria y varios productores agropecuarios, la medida iba a ver perjudicada la capacidad de pago de la industria y por consiguiente, repercutiría en el precio de la soja. Hecho que finalmente sucedió.
Más allá de las dos posturas: igualar retenciones o fomentar el agregado de valor con diferencias arancelarias -para neutralizan los mayores derechos de importación a productos de mayor valor agregado-, nuevamente se acudió a la cadena sojera como mecanismo de recaudación. Para colmo, llegó en medio de la magra campaña. Las plantas de crushing están operando con un alto porcentaje de capacidad ociosa. Están importando soja para lograr mayor volumen y operar a costos razonables. Teniendo en cuenta que se trata de una industria de márgenes muy ajustados, cualquier alteración -especialmente durante un año flaco– puede traer consecuencias. La medida promueve la primarización de las exportaciones y hasta puede derivar en menor recaudación, alertaron los industriales.
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Fuentes del sector indicaron que la idea de equipar los aranceles estaba en carpeta para fines de 2019. Pero las urgencias financieras del Ministro de Hacienda llevaron a que la decisión se tome de la noche a la mañana. Lo grave aquí es la alteración repentina de las reglas de juego.
La semana también tuvo su cuota de suspenso en materia de biocombustibles. Desde marzo rige un nuevo mecanismo de cálculo para los precios del biodiesel y del etanol. Los valores se obtienen mensualmente a partir de fórmulas que consideran los costos de producción y son publicados al comienzo de cada mes. Habiendo transcurrido 10 días de agosto sin novedades, estaba tomando fuerza un rumor sobre un congelamiento de precios. Las cámaras salieron cuestionar la situación y finalmente, el jueves 16 fueron publicados los nuevos valores. In embargo, quedó instalado en el ambiente que puede haber cambios en el corto o mediano plazo sobre el reparto de cupos, los porcentajes de corte o el cálculo de los precios.
Ante esta situación, Verónica Geese, secretaria de Estado de Energía de Santa Fe, provincia que alberga el 80% de la producción de biodiesel del país, salió a pedir mayor participación de biocombustible en la matriz energética nacional y anticipó que convocaría a las demás provincias para definir una estrategia común.
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Así el pasado viernes 17 se juntaron en el despacho del ministro de Aguas, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López; la propia secretaria de Estado de la Energía de Santa Fe, Verónica Geese; el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Juan Luis Fernández; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini para conformar la Liga de Provincias Productoras de Bioenergías. Una idea que había sido planteada en 2013 por Claudio Molina, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
Los biocombustibles son la alternativa inmediata a la descabonización del transporte y un gran sustento a las economías regionales. El desafío será seguir trabajando en iniciativas como el BioBus de Rosario (colectivos que funcionan con mezclas de 25% de biodiesel) o la flota de taxis flex que funciona en Tucumán, y que algún día llegue a ser una política nacional.
