En un escenario global donde el transporte marítimo enfrenta presiones crecientes para reducir su impacto ambiental, Argentina acaba de dar un paso esperado. La Secretaría de Energía habilitó oficialmente el uso voluntario de biocombustibles en embarcaciones, reconociendo además su aporte a la reducción de emisiones. La medida se formalizó mediante la Resolución 252/2025, publicada el 6 de junio de 2025.
La norma autoriza a que las embarcaciones puedan utilizar biodiesel o bioetanol, ya sea en estado puro o mezclados en cualquier proporción con combustibles fósiles, “siempre que los motores sean compatibles”. A su vez, incorpora una nueva figura en el Registro de Operadores de Biocombustibles y Mezcladores: el “Operador de Búnker”, categoría que regulará a las empresas proveedoras de biocombustibles al sector naval, bajo exigencias de trazabilidad, almacenamiento, calidad y habilitación técnica.
Una habilitación parcial: se permiten los biocombustibles en la navegación, pero no se los promueve
Históricamente, el gasoil utilizado por embarcaciones estuvo excluido del régimen de mezcla obligatoria con biodiesel. Esta resolución no modifica esa exclusión, pero sí levanta la prohibición de utilizar biocombustibles en la actividad naval. Se habilita su uso de forma voluntaria, sin imponer un corte mínimo obligatorio, como ocurre en otros sectores.
Reconocimiento ambiental sin estrategia climática
La resolución reconoce expresamente que los biocombustibles “tienen el potencial de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero”. Sin embargo, se trata más de una validación técnica que de una estrategia climática concreta. No se establecen metas, plazos ni incentivos. Esto marca una diferencia con la Organización Marítima Internacional (OMI), que promueve activamente el uso de combustibles alternativos como biodiesel, biometano o metanol verde, con metas de reducción progresiva hacia 2030 y 2050.
Un cambio impulsado desde el sector privado
Axel Boerr, presidente de la firma productora de biodiesel Explora S.A., explicó a BioEconomía.info que la habilitación fue resultado de una gestión iniciada por su compañía. “La legislación argentina no contemplaba la utilización de biocombustibles como combustible naval. Nuestras gestiones derivaron en que la Secretaría de Energía emitiese esta resolución, que habilita el uso puro o en cualquier proporción”, explicó.
El mercado se anticipó a la norma
En los hechos, el uso de biocombustibles en barcos ya había comenzado en Argentina, sin marco legal específico. En 2024, la empresa Total Bunkering realizó despachos de combustible tipo bunker con mezclas certificadas de biodiesel en puertos como San Nicolás, Campana y Rosario, en respuesta a clientes que buscaban reducir su huella ambiental.
La resolución no inaugura esta práctica, pero sí le otorga legitimidad y previsibilidad, estructurando una demanda ya existente.
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La ecuación económica sigue sin cerrar
Pese al avance regulatorio, el sector enfrenta una distorsión estructural. El precio del biodiesel se fija en pesos por parte del Estado, aunque el 85% de sus costos están dolarizados, por su dependencia de commodities internacionales.
Esto convierte al biodiesel en la única fuente energética nacional cuyo precio oficial no refleja su estructura de costos, lo que desincentiva la producción e inversión. A eso se suma la publicación tardía y por debajo del punto de equilibrio de los precios de referencia, generando gran imprevisibilidad.
Además, la industria advierte que el reciente aumento de precios en surtidores —atribuido por YPF a cambios impositivos— fue mayor al necesario. Esto habría generado márgenes extraordinarios para la petrolera estatal, que en 2024 reportó utilidades superiores a los 2.000 millones de dólares, mientras los productores de biocombustibles operan con rentabilidad en caída.
Una ley que se hace esperar
En este contexto, la falta de una nueva ley que alinee la política energética con los compromisos climáticos y las tendencias globales sigue siendo una deuda pendiente. La Ley 27.640 permanece vigente, exigiendo apenas un 5% de mezcla obligatoria de biodiesel para el transporte terrestre. Esa proporción, ya baja, contrasta con países como Brasil, que exige un 15%, o Indonesia, que supera el 40%.
