El 4 de julio no es cualquier día, y Donald Trump lo sabe. Mientras el país celebraba su independencia, el presidente eligió rubricar un decreto que pone al agro, la energía y la producción local en el centro de su proyecto político. Con la firma del “One Big Beautiful Bill Act” (algo así como “Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley”), prorrogó el crédito 45Z y dejó un mensaje claro: defender los biocombustibles hechos en casa no es solo una cuestión económica, es un acto patriótico. En su visión, el campo no es una postal del pasado, sino el músculo de una nación que quiere ser fuerte, independiente y dueña de su energía.
Se trató de la promulgación del “One Big Beautiful Bill Act” (algo así como “Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley”), un paquete legislativo que incluye la extensión del crédito 45Z, un incentivo fiscal diseñado para premiar a quienes produzcan combustibles de bajas emisiones.
La medida, que había generado intensas negociaciones en el Congreso, prolonga por dos años un beneficio central para la industria de los biocombustibles, al tiempo que redefine las condiciones técnicas y geográficas para acceder a él. En un contexto donde los motores de combustión siguen dominando el transporte y la electrificación avanza a ritmo desigual, Estados Unidos vuelve a apostar por una transición energética apoyada en combustibles líquidos… pero premiando a quienes contaminen menos y lo hagan, además, con materias primas locales.
Qué es el crédito 45Z y por qué importa
Para entender el alcance de este cambio, vale la pena detenerse en el corazón de la medida. El crédito 45Z fue creado por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) en 2022. Su lógica es simple: cuanto menos emisiones de gases de efecto invernadero genere un litro de combustible, más incentivo económico recibe su productor. No se trata de subsidios directos, sino de créditos fiscales que pueden descontarse de impuestos o transferirse a otras empresas, algo que en la práctica cumple un rol similar: reducir costos, atraer inversiones y permitir que los combustibles limpios puedan competir con los fósiles en precio.
En su formato original, el 45Z estaba previsto para entrar en vigor en 2025 y regir hasta 2027. Pero la industria reclamaba mayor previsibilidad para encarar proyectos a largo plazo. Finalmente, tras un debate que pasó por varias versiones en la Cámara de Representantes y el Senado, se aprobó una extensión de dos años, hasta diciembre de 2029. Y fue esa versión la que Trump convirtió en ley el pasado jueves.
Qué cambia con la nueva ley
La prórroga no fue la única novedad. La ley firmada también elimina uno de los elementos más ambiciosos del esquema original: el valor diferencial para el combustible de aviación sostenible (SAF). Hasta ahora, quienes producían este tipo de biocombustible podían recibir hasta 1,75 dólares por galón. Con las nuevas reglas, todos los combustibles elegibles —incluso el SAF— recibirán como máximo 1 dólar por galón. La decisión fue leída como una simplificación del sistema, aunque algunos advierten que podría desalentar el desarrollo de un sector estratégico para descarbonizar la aviación.
Otra modificación relevante fue la restricción geográfica para los insumos. El nuevo texto establece que solo serán elegibles aquellos combustibles elaborados con materias primas cultivadas o producidas en Estados Unidos, México o Canadá. Esto excluye tanto a los biocombustibles importados como a sus materias primas.
Aunque dentro del Congreso no provocó controversia —donde el consenso bipartidista sobre proteger la producción local es casi una tradición—, la medida tendrá impacto más allá de las fronteras. Países como Brasil, que exporta etanol de caña a Estados Unidos, podrían ver restringido su acceso a ese mercado. Argentina, en cambio, ya se encontraba fuera: desde 2018, cuando la vieja administración Trump impuso aranceles antidumping del 200 % aproximadamente, el biodiésel argentino dejó de ingresar al país. Esos aranceles fueron ratificados en 2023, y ahora se refuerza la exclusión con esta nueva norma que limita incluso los insumos.
Entre los ajustes menos visibles, pero de alto impacto, la ley establece que el crédito 45Z ya no otorgará beneficios adicionales a los combustibles que presenten emisiones “negativas”. Es decir, aunque ciertos procesos —como el biogás obtenido de estiércol— puedan técnicamente capturar más gases de efecto invernadero de los que emiten, esa ventaja ambiental no se traducirá en un beneficio económico adicional. Para efectos del crédito, el piso será siempre cero emisiones: todo lo que esté por debajo de ese umbral se computará como si fuera cero. No cambia cómo se mide la huella de carbono, pero sí cómo se premia. El cambio busca evitar distorsiones en la asignación del crédito, aunque también podría desalentar proyectos con mayor potencial de mitigación.
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El Departamento del Tesoro, además, deberá establecer valores específicos de emisiones para diferentes tipos de estiércol utilizados como materia prima: bovino, porcino y avícola. El objetivo es reconocer con mayor precisión el impacto real de cada residuo orgánico en la producción de biogás y otros combustibles renovables.
Se elimina, además, del sistema el controvertido cálculo del cambio indirecto del uso del suelo (ILUC). Este criterio, que busca medir los efectos globales sobre la decisión de que cultivos eligen sembrar los agricultores, es uno de los más cuestionados por la industria y buena parte del mundo académico. Su lógica se basaba en suposiciones difíciles de probar, y muchas veces terminaba penalizando injustamente a producciones sostenibles por cambios hipotéticos en otras regiones. Más que un modelo científico, el ILUC se convirtió en un instrumento político. (ver Una polémica hipótesis pone en riesgo el programa de descarbonización más exitoso del mundo) Su salida del esquema del 45Z no solo simplifica el sistema: también elimina uno de los criterios más arbitrarios con los que se castigaba a los biocombustibles.
Un guiño a los más chicos
La normativa reactiva, además, un beneficio específico para los pequeños productores de biodiesel. Este crédito, que había caducado en 2024, otorga 20 centavos adicionales por galón a plantas con capacidad inferior a 60 millones de galones por año, sobre los primeros 15 millones. Y lo más relevante: puede combinarse con el crédito 45Z, lo que permite alcanzar un incentivo total de hasta 1,20 dólares por galón para los proyectos de menor escala. Un aliciente importante para un segmento que, pese a su rol clave en la economía rural, suele enfrentar mayores obstáculos financieros.
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Una estrategia que cierra el círculo
Este nuevo marco regulatorio no llega en soledad. Apenas unas semanas atrás, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) había confirmado los volúmenes obligatorios de mezcla para biodiésel y renovables en 2026 y 2027. Con esos volúmenes garantizados por el lado de la demanda, la prórroga del 45Z cubre ahora el incentivo económico para los productores. Es la otra pata que faltaba: con mercado asegurado y reglas claras, se espera un nuevo ciclo de inversiones.
La decisión también tiene una lectura política. En año electoral, y con el agro como uno de sus bastiones, Trump vuelve a posicionarse como defensor del productor nacional. La apuesta es clara: sustituir importaciones de combustibles, dinamizar la economía rural y reducir la dependencia energética. Y lo hace, como suele hacer, sin pedirle permiso a nadie.
¿Y Argentina?
Resulta inevitable trazar paralelismos con Argentina, cuyo presidente Javier Milei ha manifestado en varias ocasiones su admiración por Donald Trump. Mientras el presidente estadounidense impulsa políticas activas para fortalecer su industria de biocombustibles y premiar a quienes producen en casa, Argentina continúa importando nafta y gasoil —en buena parte desde EE.UU.— y mantiene un esquema legal que limita la oferta local de biocombustibles, dejando gran parte de su capacidad instalada sin uso. La diferencia no está solo en el estilo, sino en la estrategia, y quizá ahí haya una lección más profunda que cualquier discurso.
Por ahora, lo único seguro es que el crédito 45Z sigue vigente. Y con él, la idea de que los biocombustibles no son un parche momentáneo, sino una herramienta estratégica para diseñar el mapa energético del futuro. Uno donde el origen, la tecnología y la política importan tanto como el octanaje.
