Durante más de una década, el programa Low Carbon Fuel Standard (LCFS) de California ha sido un referente global en la transición energética. No solo ha logrado reducir la intensidad de carbono en el transporte, sino que ha dado lugar a un fenómeno inédito: más del 70% del diésel que se consume actualmente en el estado es de origen biológico (biodiesel y HVO). Es uno de los pocos casos en el mundo donde una política climática ha producido resultados medibles, sostenidos y escalables.
Sin embargo, ese logro ejemplar está ahora bajo amenaza. El pasado 4 de abril, la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) presentó una nueva propuesta de modificaciones al programa LCFS e inició un proceso de consulta pública que finalizó el 21 de abril. Este nuevo paquete regulatorio introduce criterios que han generado fuerte rechazo por parte del sector bioenergético y podrían tener consecuencias negativas para el propio sistema que California ayudó a construir.
Entre los aspectos más controvertidos se encuentra la inclusión del cambio indirecto en el uso del suelo, conocido como ILUC. Un concepto que, lejos de perfeccionar la política climática californiana, podría empujar al estado a un retroceso ambiental significativo.
Una hipótesis sin evidencia que condiciona políticas públicas
El ILUC parte de una idea sencilla pero profundamente cuestionable: si aumenta la demanda global de ciertos cultivos para producir materias primas destinadas a la elaboración de biocombustibles para reemplazar combustibles fósiles, entonces alguien —en alguna parte del mundo— podría reemplazar un cultivo por otro para compensar esa demanda. Es lo que se conoce como una lógica de compensación global: lo que uno hace aquí, otro lo equilibra —o lo desacomoda— en otro lado.
El problema no es solo que este tipo de cambio sea hipotético, sino que no existe forma empírica de demostrar que ocurra, ni de prever sus consecuencias. No puede medirse, ni trazarse, ni auditarse. Y lo más importante: incluso si ese reemplazo tuviera lugar, no hay evidencia que permita afirmar si generaría más, menos o las mismas emisiones. El ILUC no es un fenómeno observable: es una construcción teórica basada en modelos económicos globales, cuyos resultados dependen por completo de supuestos arbitrarios.
Además, el ILUC ignora un aspecto fundamental: no es lo mismo producir un cultivo en un sistema que en otro. Las emisiones pueden variar drásticamente según las prácticas agronómicas utilizadas. El caso del maíz producido bajo siembra directa en Argentina, que conserva carbono en el suelo, no es comparable con el mismo cultivo realizado con labranza convencional en Europa, que implica mayores emisiones. Suponer que un reemplazo entre sistemas agrícolas distintos tiene impactos equivalentes, sin considerar el contexto productivo, es una simplificación técnica que distorsiona cualquier análisis serio de sostenibilidad.
Convertir el ILUC en criterio obligatorio de sostenibilidad es legislar sobre una simulación, no sobre la realidad.
Aun así, CARB propone utilizar el ILUC como herramienta para excluir del LCFS a biocombustibles que sí logran reducir emisiones en su ciclo de vida. Es decir, se castigan soluciones concretas y verificables, en función de una hipótesis hipotética, basada en el temor de que alguien, en algún lugar, pueda actuar como predicen los modelos.
La realidad del agro desmiente la teoría
Como era de esperarse, la industria bioenergética reaccionó con rapidez. Organizaciones como la Renewable Fuels Association (RFA), Growth Energy, Clean Fuels Alliance America y el American Biogas Council advirtieron que el nuevo enfoque amenaza con desmontar uno de los marcos regulatorios más exitosos del mundo en materia de descarbonización del transporte.
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Y tienen razones contundentes. Desde que comenzó a regir el LCFS en 2011, la superficie de maíz en Estados Unidos se redujo en más de 280.000 hectáreas. Al mismo tiempo, el comercio internacional de maíz se mantiene estable y representa menos del 15% de la producción global, lo cual demuestra que este cereal se consume mayoritariamente en el país de origen. No hay evidencia que sugiera una expansión agrícola inducida por la producción de biocombustibles.
La soja aporta otra prueba irrefutable. De cada tonelada cosechada, solo el 20% se transforma en aceite. El 80% restante se convierte en harina proteica, clave para la alimentación animal y humana. Lejos de competir con la producción de alimentos, la soja la complementa y fortalece. Producir más soja es, en muchos casos, aumentar la disponibilidad de proteínas.
Además, la agricultura moderna está incorporando cultivos oleaginosos invernales, como la canola, que se siembran entre las dos cosechas principales, aprovechando períodos del año en los que el suelo antes permanecía improductivo. Estos cultivos contribuyen a mejorar la salud del suelo, evitar la erosión, capturar carbono y diversificar el ingreso del productor. Representan una verdadera innovación regenerativa, que aprovecha mejor los recursos del sistema agrícola sin requerir superficie adicional, integrándose de manera armónica en las rotaciones existentes.
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Una señal equivocada que puede frenar el progreso
El nuevo paquete de enmiendas no solo introduce el ILUC. También propone restricciones al uso de aceites vegetales como la soja o la canola, elimina gradualmente los créditos por metano evitado —esenciales para el desarrollo del biogás— y plantea el cierre a nuevas rutas de biodiesel a partir de 2031 si se alcanza determinado umbral de vehículos eléctricos.
Esta propuesta reemplaza a un paquete anterior que fue rechazado en febrero por la Oficina de Ley Administrativa (OAL), que objetó la redacción por su falta de claridad y viabilidad. Incluso este organismo técnico, ajeno a la disputa política, reconoció que la norma no cumplía con los estándares mínimos para su implementación.
No se trata solo de una disputa entre enfoques regulatorios. Está en juego la coherencia y credibilidad de una política ambiental que ha sido ejemplar. Si California persiste en aplicar criterios construidos sobre simulaciones imprecisas, corre el riesgo de socavar su propio liderazgo climático y generar un precedente peligroso para otras jurisdicciones.
