En un rincón históricamente relegado del mapa productivo de Córdoba, donde el monte y las sierras marcan el pulso del paisaje, se acaba de plantar una bandera que podría redefinir el horizonte energético de la provincia. En Villa Dolores, en pleno departamento San Javier, comenzó a operar la primera planta de biodiesel del norte provincial. Y no se trata solo de una inversión industrial: es un gesto político, un mensaje económico y una apuesta concreta por la bioeconomía.
La planta, desarrollada por el Centro Operativo Sustentable Oeste —una iniciativa del grupo constructor Vial RG—, produce biodiesel B100, un biocombustible compuesto en su totalidad por aceite de soja cordobés. El biodiesel es un combustible limpio, listo para usar en reemplazo de gasoil directo, que elimina en gran medida las emisiones contaminantes y reduce drásticamente la huella de carbono de los vehículos y maquinarias que lo utilizan.
Esta puesta en marcha es un gran paso para que la provincia de Córdoba pueda avanzar en su objetivo de reconvertir tanto el transporte como la obra pública hacia energías más limpias. Y lo hace en sintonía con un marco legal específico: la Ley 10.721, que establece un régimen de promoción para el consumo de biocombustibles y bioenergía en todo el territorio provincial.
Energía hecha en casa
El proyecto tiene implicancias que van mucho más allá del parque industrial local. Lo producido en Villa Dolores no se exportará, ni será absorbido por grandes comercializadoras: está pensado para el abastecimiento directo de la obra pública provincial y la reconversión progresiva de empresas contratistas que opten por una alternativa energética sustentable.
El modelo que impulsa Vial RG no es nuevo en términos conceptuales, pero sí en su ejecución concreta en zonas alejadas de los polos agroindustriales tradicionales. La empresa, que ya venía adoptando prácticas ambientales como el uso de B20 (mezcla al 20% de biodiesel) en su maquinaria pesada y la instalación de paneles solares en sus obradores, ahora escala su apuesta con una planta propia. Todo esto forma parte de un plan de mitigación de impacto ambiental que busca la certificación de la Norma ISO 14.001.
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El respaldo legal que lo hace posible
Detrás de este tipo de iniciativas hay una arquitectura normativa diseñada para empujar el cambio. La Ley Provincial 10.721 no solo promueve el consumo de biocombustibles, sino que establece su inclusión obligatoria en todos los pliegos de contratación de bienes, servicios y obras públicas. Esto implica que las empresas que acrediten el uso de biocombustibles en sus flotas —o en las de sus subcontratistas— obtendrán ventajas en la evaluación de sus ofertas.
La norma va incluso más allá: prioriza el uso de bienes reciclables, fomenta el empleo de biomateriales y promueve el reemplazo progresivo de combustibles fósiles mediante esquemas de autoconsumo energético. En otras palabras, convierte la sustentabilidad en una ventaja competitiva dentro de la contratación pública.
La autoridad de aplicación —el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, actualmente bajo la conducción de Pedro Dellarossa— es la encargada de reglamentar y supervisar su implementación. Y fue justamente Dellarossa quien encabezó el acto de inauguración en Villa Dolores, junto a intendentes, legisladores y referentes del sector privado.
