Cuando Francia decidió relanzar su programa nuclear y acelerar la electrificación de su economía, muchos imaginaron que el debate energético quedaría reducido a reactores, parques solares y turbinas eólicas marinas. Sin embargo, en la arquitectura compleja de la transición energética, hay engranajes menos visibles que resultan igual de decisivos. Uno de ellos es el biometano.
La publicación del tercer Programa Plurianual de Energía (PPE 3) marca un punto de inflexión en esa discusión. El documento, que abarca el período 2023-2035, no solo traza el camino de la electricidad descarbonizada, sino que redefine el rol de las llamadas “energías no eléctricas” en un sistema que busca reducir drásticamente la dependencia de combustibles fósiles.
En 2023, las energías fósiles representaban el 58 % del mix energético francés. El objetivo oficial es llevar esa proporción al 40 % en 2030. La pregunta es evidente: ¿cómo descarbonizar aquellos usos que no pueden electrificarse fácilmente? Allí es donde el biometano comienza a ocupar un lugar estratégico.
Una trayectoria que se acelera
La PPE 3 fija una meta clara: pasar de los actuales 9 TWh de biometano inyectados en la red a 44 TWh en 2030. Para 2035, el rango proyectado se ubica entre 47 y 82 TWh. No se trata de una corrección marginal, sino de una expansión de magnitud estructural.
Hoy Francia cuenta con más de 800 sitios de inyección en operación, que representan una capacidad de 15,7 TWh. Alcanzar 44 TWh en 2030 implicará prácticamente triplicar ese volumen en menos de una década.
El biometano —gas renovable obtenido a partir de la purificación del biogás generado por digestión anaerobia de residuos agrícolas, agroindustriales, urbanos o lodos de depuradora— posee una ventaja central: es plenamente compatible con la infraestructura gasífera existente. Puede inyectarse en redes de gas natural sin modificar el sistema de transporte ni los equipos de los usuarios finales. En términos técnicos, se trata de un gas con características físico-químicas equivalentes al metano fósil, pero con una huella de carbono significativamente inferior cuando se considera su ciclo de vida.
La organización France Gaz celebró la publicación del decreto. Su presidente, Frédéric Martin, calificó el texto como determinante para la descarbonización de la economía francesa y para la aceleración de la producción de gases renovables y bajos en carbono en los territorios.
La federación destacó además la dinámica actual del sector: a fines de 2025, el registro contabilizaba 1.585 proyectos en desarrollo, con un potencial estimado de 33,7 TWh. Esa cifra revela una cartera robusta que podría alimentar el cumplimiento —e incluso la revisión al alza— de los objetivos oficiales.
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El debate hacia 2035: ¿ambición suficiente?
Aunque el sector valora la confirmación de los objetivos intermedios para 2030, el rango propuesto para 2035 abre un debate. El techo de 82 TWh es considerado por algunos actores como conservador frente al potencial técnico disponible. Desde la industria se sostiene que fijar directamente un objetivo de 85 TWh enviaría una señal política más contundente a inversores y desarrolladores.
Detrás de esa discusión subyace un aspecto clave: la evolución tecnológica. Hasta ahora, la mayor parte del biometano proviene de digestión anaerobia convencional. Pero nuevas rutas tecnológicas comienzan a ganar protagonismo.
La pirógasificación permite convertir residuos lignocelulósicos sólidos —como restos forestales o biomasa agrícola— en gas de síntesis, que luego puede metanarse. La gasificación hidrotermal abre la puerta al aprovechamiento de residuos húmedos de difícil valorización. Y el power-to-methane combina hidrógeno verde —obtenido por electrólisis— con CO₂ capturado para producir metano sintético renovable. Estas tecnologías amplían el universo de materias primas disponibles y podrían multiplicar la capacidad productiva más allá de los esquemas tradicionales.
La PPE 3 incorpora una cláusula de revisión en 2027. Ese punto será determinante para ajustar la trayectoria posterior a 2028 y dar previsibilidad a los proyectos en lista de espera. En sectores intensivos en capital y con horizontes de amortización largos, la estabilidad regulatoria no es un detalle: es la condición de posibilidad.
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Un sistema energético en transformación integral
La hoja de ruta francesa no se limita al biometano. El documento traza metas para todo el sistema energético hacia 2030 y 2035.
La producción de electricidad descarbonizada deberá pasar de 458 TWh en 2023 a entre 650 y 693 TWh en 2035. La generación nuclear, hoy basada en 56 reactores y 320,4 TWh, apunta a alcanzar hasta 420 TWh en el escenario alto, con la construcción de seis reactores EPR2 y la eventual decisión sobre ocho adicionales en 2026.
El despliegue renovable también se acelera. La potencia fotovoltaica podría situarse entre 55 y 80 GW en 2035, frente a los 19,3 GW actuales. La eólica terrestre avanzaría hacia 35-40 GW, mientras que la eólica marina saltaría de apenas 0,84 GW en 2023 a 15 GW en 2035.
En paralelo, la producción de calor renovable y de recuperación debería casi duplicarse, pasando de 172 TWh en 2023 a un rango de 328-421 TWh en 2035. Los biocarburantes —clave para la descarbonización del transporte pesado, aéreo y marítimo— se proyectan entre 70 y 90 TWh en ese horizonte, frente a los 38 TWh actuales.
El hidrógeno verde, con hasta 8 GW de capacidad de electrólisis instalada en 2035, completa un esquema donde moléculas y electrones se combinan para cubrir distintos usos energéticos.
Biometano: una pieza silenciosa pero estratégica
En el relato dominante de la transición energética, la electricidad suele ocupar el centro del escenario. Sin embargo, los sistemas energéticos son más complejos que un simple reemplazo de enchufes y cables.
El biometano cumple una función específica: descarbonizar usos térmicos industriales, calefacción en redes existentes y segmentos del transporte donde la electrificación directa es técnica o económicamente desafiante. Además, fortalece economías territoriales al valorizar residuos agrícolas y urbanos, integrando la producción energética con la gestión de desechos y la bioeconomía rural.
Francia, con su tradición agrícola y su extensa infraestructura gasífera, parece apostar a esa complementariedad. La PPE 3 no desplaza al biometano a un rol secundario; lo integra como uno de los vectores necesarios para alcanzar un sistema energético más resiliente y menos dependiente del gas fósil importado.
El desafío ahora será convertir los objetivos en proyectos concretos, garantizar marcos regulatorios estables y sostener la inversión tecnológica. En una transición energética que exige simultáneamente electrificar, nuclearizar, digitalizar y descarbonizar, el biometano emerge como una de esas soluciones que, sin ocupar los titulares más ruidosos, pueden inclinar la balanza hacia un modelo más diversificado y territorialmente integrado.
La próxima revisión en 2027 será el termómetro que indicará si la ambición declarada se transforma en realidad productiva. Mientras tanto, el mensaje es claro: el gas renovable ya no es una promesa marginal en Francia, sino una variable estratégica en la ecuación energética de la próxima década.
