Cada año, cuando llega la temporada de cosecha, los productores de soja en Estados Unidos ven reflejado en sus campos el esfuerzo de todo un ciclo agrícola.Según las proyecciones del Departamento de Agricultura, este año recogerán casi 117 millones de toneladas métricas por un valor de mercado estimado en 43.000 millones de dólares. Sin embargo, esa cifra económica que a simple vista impresiona, podría sufrir una abrupta caída dependiendo de una decisión que se tome en los despachos de Washington.
En las próximas semanas, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) deberá resolver si compensará los volúmenes de biocombustibles que liberó entre 2023 y 2025, cuando concedió exenciones a ciertas refinerías para que no cumplieran con la obligación de mezclar combustibles renovables. Si no lo hace, entre 2026 y 2027 habrá menos demanda de biodiésel. Y menos biodiésel significa menos valor para el aceite de soja, y por lo tanto, para el grano entero.
Según Clean Fuels Alliance America, la organización que representa a los productores, procesadores y distribuidores de combustibles limpios en EE.UU., el biodiésel y el diésel renovable aportan hasta un 10% al valor final de cada tonelada de soja que se produce en el país. Ese uso energético del aceite de soja no es un nicho: es una fuente estructural de ingresos para el agro estadounidense.
Clean Fuels estima que de compensar esos volúmenes, las pérdidas para los agricultores y procesadores de la oleaginosa podría alcanzar los US$7.500 millones.
Exenciones que desactivan el mandato
El centro del conflicto está en el programa Renewable Fuel Standard (RFS), una política que obliga a las refinerías a mezclar combustibles renovables —como el biodiésel— con los fósiles que despachan al mercado. El mandato establece volúmenes mínimos anuales, diseñados para reducir las emisiones, diversificar la matriz energética y sostener mercados para materias primas agrícolas como la soja.
Pero desde su origen, el programa contempla una excepción: las llamadas Small Refinery Exemptions (SRE). Esta figura permite que refinerías de pequeña escala (menores a 75.000 barriles por día) puedan quedar temporalmente liberadas de cumplir con la mezcla obligatoria, si demuestran que hacerlo les causaría un perjuicio económico desproporcionado. Entre 2023 y 2025, la EPA aprobó nuevas exenciones bajo este régimen, permitiendo que parte del volumen obligatorio de biocombustibles no se cumpliera.
La crítica de Clean Fuels es directa: esas exenciones redujeron artificialmente la demanda de biodiésel sin compensación alguna. Y al caer esa demanda, se desploma el valor del aceite de soja. Cuando el aceite vale menos, el grano entero vale menos. Y cuando eso ocurre a gran escala, los ingresos del agro se hunden.
Lo que aún puede evitarse
La EPA propuso una solución parcial: compensar esos volúmenes perdidos —o al menos una parte— entre 2026 y 2027, mediante una adición extraordinaria a los objetivos del RFS para esos años. El planteo está abierto a consulta pública e incluye tres escenarios: una reubicación completa del 100% de los volúmenes exentos, una reubicación parcial del 50% o directamente no compensar nada.
Clean Fuels advirtió que elegir cualquiera de las dos últimas opciones sería desastroso para el agro. La entidad contrató a la consultora especializada World Agricultural Economic and Environmental Services (WAEES) para cuantificar los impactos económicos de cada alternativa. Las cifras revelan un escenario alarmante.
Si la EPA no reubica ninguno de los volúmenes exentos, la producción de biodiésel caerá en 3.800 millones de litros en el bienio 2026–2027. Esa caída, según el informe, implicará una pérdida de US$2.600 millones para los agricultores de soja y otros US$4.900 millones para las industrias procesadoras. El total de pérdidas supera los US$7.500 millones en apenas dos años.
Incluso si se opta por reubicar solo la mitad del volumen, las consecuencias siguen siendo severas: 1.900 millones de litros menos de biodiésel, US$1.400 millones menos en ingresos para los productores y US$1.800 millones menos para los crushers.
Una señal que podría frenar la inversión y erosionar el futuro
La advertencia no llega en cualquier momento. Estados Unidos atraviesa un ciclo de inversión sin precedentes en industrialización sojera. Se estima que más de US$6.000 millones están siendo invertidos en nuevas plantas de procesamiento para abastecer, entre otros mercados, al de biodiésel. La proyección para los próximos años es que se alcance un volumen récord de crushing, con más de 70 millones de toneladas procesados para 2026.
Pero todo ese movimiento económico necesita una condición básica: un mercado que lo justifique. Y ese mercado depende, en gran medida, de decisiones regulatorias que hoy están pendientes. Para Clean Fuels, la señal que la EPA emita sobre la reubicación de volúmenes será interpretada por inversores y productores como un gesto de respaldo… o de abandono.
El mandato que se cumple… o se vacía
En una carta al administrador de EPA, Lee Zeldin, Clean Fuels fue enfática: “La producción de biodiésel y diésel renovable sostiene el 10% del valor de cada bushel de soja. Es crucial que la EPA finalice los volúmenes propuestos en junio y garantice que no se vean erosionados por exenciones injustificadas”.
La discusión no es técnica. Es económica, productiva, ambiental y política. De lo que se trata es de definir si las metas de descarbonización que Estados Unidos se impuso seguirán siendo metas reales, con impacto medible, o si se transformarán en un número decorativo, vulnerable a cada presión sectorial.
Porque si cada exención no se compensa, entonces cada tonelada de soja pierde valor. Y si la soja pierde valor, pierde también sentido una de las políticas energéticas más ambiciosas que el país implementó en este siglo.
