Tras años de debate y advertencias sectoriales, el gobierno australiano anunció el pasado miércoles una inversión de A$1.100 millones (U$S 725 millones) a lo largo de diez años para impulsar una industria nacional de combustibles líquidos bajos en carbono, como el biodiésel y el SAF (combustible sostenible para aviación). El objetivo, según la declaración oficial, es reducir la dependencia energética del país, estimular inversiones privadas y aprovechar las ventajas competitivas que ofrece su sector agropecuario para alcanzar la neutralidad de carbono.
“Gracias a nuestras prácticas agrícolas avanzadas y al acceso a energía renovable confiable y de bajo costo, Australia está en una posición envidiable para producir los combustibles que necesitan aviones, barcos, máquinas y camiones para alcanzar el cero neto”, sostuvo el gobierno en su comunicado. El ministro de Finanzas, Jim Chalmers, fue más allá: “Esto es una inversión inicial para desarrollar una industria completamente nueva. Se trata de hacer que Australia y su economía sean grandes beneficiarios de la transformación global hacia el cero neto”.
Un informe que encendió la alarma
La decisión del Ejecutivo no se explica sin mirar hacia el campo. Hace apenas dos semanas, BioEconomía.info dio a conocer el informe «Reaping the Benefits» (ver ‘Australia en riesgo de quedarse sin combustible y el agro ofrece la salida‘), elaborado por GrainGrowers, la organización que nuclea a los productores de granos y oleaginosas del país. El documento plantea una advertencia concreta: Australia no puede seguir dependiendo de importaciones para garantizar su seguridad energética, cuando cuenta con una solución interna y sustentable basada en su agroindustria.
El informe reveló que el 91% de los combustibles líquidos que consume Australia son importados, y que las reservas internas de diésel alcanzan apenas para 24 días, muy por debajo del estándar que recomienda la Agencia Internacional de Energía. Con rutas de abastecimiento que cruzan zonas geopolíticamente sensibles en el sudeste asiático, la situación energética se vuelve aún más frágil.
Frente a este diagnóstico, GrainGrowers propuso construir una industria nacional de combustibles bajos en carbono basada en cultivos como canola y sorgo, que ya se producen a gran escala y se exportan como materia prima energética. La canola, en particular, no solo abastece la demanda alimentaria y forrajera, sino que se integra en esquemas de rotación que elevan la productividad general del sistema. Bajo determinados esquemas, incluso puede cumplir funciones de doble propósito, brindando forraje invernal al ganado y luego grano para aceite sin penalizar rendimientos.
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El respaldo técnico del banco verde
La tesis del agro encontró rápidamente respaldo técnico desde otro frente. La Clean Energy Finance Corporation (CEFC), el banco verde estatal, encargó a Deloitte el informe “Refined Ambitions”, que traza una hoja de ruta para crear una industria australiana de combustibles líquidos de bajo carbono. Su conclusión es inequívoca: si Australia quiere desarrollar su industria de SAF, debe mirar al campo.
Según el estudio, la agricultura y la ganadería podrían abastecer hasta 12.800 millones de litros de combustibles sostenibles hacia 2050, lo que representaría más de una quinta parte del consumo actual. Esto movilizaría un mercado de US$36.000 millones y evitaría la emisión de 230 millones de toneladas de CO₂ equivalente.
El informe no se detiene en la macroeconomía: identifica cuatro rutas tecnológicas para desplegar esta industria. Las dos con mayor madurez y viabilidad en el corto plazo son HEFA (que refina aceites vegetales y grasas animales) y Alcohol-to-Jet (AtJ) (que sintetiza combustibles a partir de alcoholes derivados de cultivos como caña, sorgo y trigo). Ambas se basan en insumos ya disponibles, procesos conocidos y compatibilidad con la infraestructura existente.
En cambio, rutas como Fischer-Tropsch o Power-to-Liquids (PtL) aún están lejos de ser escalables: la primera depende de gasificación de residuos en plantas aún no comerciales, y la segunda —basada en hidrógeno verde y CO₂ capturado— presenta costos prohibitivos para el corto y mediano plazo.
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Una transición con anclaje rural
La inversión anunciada por el gobierno no solo responde al reclamo del agro y a los lineamientos técnicos del informe de Deloitte. También plantea una visión de país: construir soberanía energética desde sus regiones rurales, creando empleo, reindustrializando territorios y reduciendo emisiones donde aún no hay sustitutos eléctricos viables.
GrainGrowers planteó que con una Estrategia Nacional de Materias Primas y un plan para instalar infraestructura de crushing y biorrefinado en suelo australiano, el país puede transformar una amenaza en una ventaja competitiva. La CEFC, por su parte, subraya que la materia prima representa hasta el 70% del costo de producción, por lo que asegurar su disponibilidad local es decisivo.
Para sectores como la aviación, el transporte pesado y parte de la defensa, donde otras soluciones como la electrificación o el hidrógeno aún están lejos, esta nueva industria aparece como la vía más concreta para avanzar hacia la meta nacional de reducir un 43% las emisiones para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.
El campo marcó el camino. La ciencia lo respaldó. Y ahora, el gobierno empezó a mover las piezas.
