En Belém do Pará, a las puertas de la Amazonia, la COP30 se prepara para ser mucho más que un encuentro diplomático sobre el clima. Brasil quiere brillar como anfitrión de una transición energética inclusiva, verde y soberana. Pero, antes de que comience el desfile de jefes de Estado, científicos y activistas, ya estalló una tormenta política que amenaza con empañar ese relato: Petrobras, la petrolera estatal, anunció que el combustible que se usará para abastecer generadores eléctricos y el transporte oficial será un diésel coprocessado con apenas un 10% de contenido renovable.
La noticia encendió una reacción inmediata. Fue denunciada como “un circo ilusorio pintado de verde” por la Frente Parlamentaria Mixta del Biodiesel, un bloque legislativo poderoso y activo que representa los intereses de toda la cadena bioenergética brasileña. Su acusación no fue retórica: calificaron la decisión como un caso emblemático de greenwashing, y advirtieron que el uso de ese combustible —aunque promocionado como parte de la transición— oculta su verdadera naturaleza fósil.
Una vitrina verde con base fósil
El producto en cuestión es un diésel S10 coprocessado, es decir, refinado a partir de petróleo crudo, al que se le incorpora una pequeña fracción de materia renovable durante el proceso. Petrobras lo presenta como una innovación estratégica en su camino hacia la sustentabilidad, destacando su menor huella de carbono frente al diésel convencional. Sin embargo, la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) lo clasifica como un combustible fósil. Incluso la propia patente registrada por la estatal lo define de esa manera: la proporción renovable no alcanza para reconfigurar su naturaleza química ni legal.
Desde la política, las críticas no tardaron en acumularse. “Es impresionante el nivel de cinismo que demuestra Petrobras al promocionar, con fines comerciales, un combustible fósil como si fuera sustentable. Y encima, hacerlo en un evento como la COP30 podría exponer a Brasil a un escándalo internacional de greenwashing”, denunció el diputado Alceu Moreira, presidente de la FPBio. La bancada había propuesto alternativas concretas: el uso de biodiésel en mezclas de 25% a 100%, combustibles ya disponibles y producidos localmente, con respaldo técnico, logístico y normativo.
Petrobras respondió con una declaración institucional en la que reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible y la inclusión social, y argumentó que la iniciativa “refuerza la importancia que la empresa dedica a los debates sobre temas de interés energético y socioambiental”.
El bloque que hizo retroceder a Petrobras
La virulencia del conflicto no es nueva. Durante 2024, la misma Frente Parlamentaria del Biodiesel protagonizó una batalla legislativa clave contra Petrobras en torno al proyecto de ley del Combustible del Futuro. Petrobras intentó incluir en el texto legal una cláusula que habilitara su diésel coprocessado como biocombustible reconocido. El artículo fue removido del informe final tras una ofensiva parlamentaria impulsada por la FPBio, en alianza con cámaras del sector productivo, cooperativas agroindustriales y estados del centro-oeste brasileño.
La Frente Parlamentaria Mixta del Biodiesel es mucho más que una coalición circunstancial: con más de 200 integrantes entre diputados y senadores de distintas fuerzas políticas, constituye uno de los bloques temáticos más activos del Congreso brasileño. Su base política combina representación rural, agroindustrial y federal, y ha sido decisiva en la evolución del marco legal de los biocombustibles. Entre sus logros figuran la expansión del corte obligatorio de biodiésel, la institucionalización de metas de mezcla en el gasoil y la defensa del etanol como vector estratégico. En ese contexto, la exclusión del coprocessado de la ley vigente fue leída como una victoria frente a la presión de Petrobras por posicionar un producto propio bajo una identidad “verde”.
Una ley ambiciosa, un conflicto sin cerrar
Sancionada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la Ley del Combustible del Futuro plantea un marco integral para acelerar la descarbonización del transporte y ampliar la matriz energética con fuentes renovables. Entre otras disposiciones, eleva los porcentajes obligatorios de etanol y biodiésel, promueve el desarrollo del diésel verde —obtenido a partir de aceites vegetales por hidrotratamiento—, impulsa el biometano como sustituto del gas natural y crea un marco regulatorio específico para los combustibles sostenibles de aviación (SAF).
La ley también incorpora, por primera vez, un capítulo dedicado a la captura y almacenamiento geológico de dióxido de carbono, una herramienta cada vez más relevante en las estrategias de neutralidad de emisiones. Sin embargo, la exclusión del diésel coprocessado dejó una herida abierta para Petrobras, que ahora parece buscar en la COP30 el escenario simbólico donde reposicionar su narrativa energética.
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El frente internacional: certificados que cuentan… o no
Mientras tanto, en la esfera global, otro conflicto técnico amenaza con frenar inversiones en combustibles limpios: más de 30 compañías industriales y de servicios públicos —incluidas Tata Steel, Volvo Trucks y Pernod Ricard— están presionando al Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) para que reconozca formalmente los certificados de origen de gases renovables, como el biogás y el biometano. (Para más información sobre que son los certificados de origen de gases renovables aquí).
El GHG Protocol, utilizado por el 97% de las empresas Fortune 500 para reportar sus emisiones, actualmente no permite que las compañías contabilicen como reducción de emisiones la compra de certificados de biometano si no hay entrega física directa. Esto representa un obstáculo importante, especialmente en sectores difíciles de electrificar —como el acero, el transporte de carga o la industria alimentaria—, donde el biometano puede sustituir al gas natural sin requerir obras de infraestructura costosas si se permite el uso de certificados de origen (como las RGGOs europeas).
“Creemos firmemente que el biometano tiene un rol clave en la descarbonización de industrias intensivas en energía, pero para eso hay que eliminar barreras regulatorias. Y la actual posición del GHG Protocol es una de ellas”, explicó Albert Kassies, director de nuevas energías de Tata Steel Nederland.
Desde el transporte pesado, Volvo Trucks advirtió que un mercado global robusto para el biogás solo podrá desarrollarse si se reconocen estos instrumentos de trazabilidad. Y desde el sector del consumo masivo, Pernod Ricard reclamó lineamientos claros que permitan validar el uso indirecto del biometano como parte de su estrategia global de sostenibilidad.
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¿Transición energética o simulacro institucional?
La pregunta que flota en el aire amazónico y en las salas de negociaciones es incómoda: ¿puede una COP organizada por un país líder en biocombustibles validarse como referente climático si el combustible emblemático del evento sigue siendo fósil? La paradoja resulta más aguda si se considera que Brasil no solo es uno de los mayores productores de etanol y biodiésel del mundo, sino que además ha prometido —como parte de su presidencia climática— cuadruplicar el uso de combustibles renovables, incluidos los gases, para 2035.
En ese marco, la decisión de Petrobras no es solo un desacierto técnico. Es un gesto político con implicancias profundas: envía al mundo una señal ambigua, en un momento donde la credibilidad climática es tan valiosa como las tecnologías que la sustentan.
