En una reciente confirmación por parte del Tesoro del Reino Unido el pasado lunes 18 de diciembre, se anunció un cambio significativo en el calendario del Mecanismo de Ajuste de Fronteras de Carbono (CBAM) del país. Inicialmente programado para entrar en una fase de informes en 2024, con un lanzamiento en 2026, se ha confirmado que el CBAM se implementará finalmente en 2027, un año después de lo originalmente previsto y probablemente un año más tarde que la Unión Europea.
Este mecanismo, diseñado para imponer aranceles a las importaciones de sectores con altas emisiones de carbono y difíciles de descarbonizar, como el acero, aluminio, cemento y cerámica, busca alinear las políticas comerciales del Reino Unido con los objetivos ambientales globales. Cabe destacar que se contempla la posibilidad de incluir productos adicionales en el ámbito del CBAM tras consultas adicionales en 2024.
La aplicación de las tarifas del CBAM se realizará de manera escalonada, dependiendo de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en la producción de los bienes, así como la diferencia entre el precio del carbono en el Reino Unido y el aplicado en el país de origen.
Empresas que fabrican en el Reino Unido han estado solicitando una dirección clara a largo plazo sobre el CBAM para abordar preocupaciones sobre la posibilidad de inundar el mercado británico con productos de bajo costo y alto carbono. Una encuesta el mes pasado reveló que el 73% de los fabricantes británicos están a favor del CBAM.
El Canciller Jeremy Hunt destacó que esta confirmación «debería dar a la industria del Reino Unido la confianza para invertir en la descarbonización a medida que el mundo avanza hacia la neutralidad de carbono».
Sin embargo, existe el riesgo de que el Reino Unido simplemente desplace sus emisiones al extranjero, socavando los esfuerzos globales para cumplir con el Acuerdo de París, ya que las importaciones al Reino Unido representan el 43% de las emisiones de consumo del país.
En este contexto, la presidenta del Comité de Auditoría Ambiental (EAC), Philip Dunne MP, expresó su apoyo a la medida, señalando que la aplicación de un precio de carbono en la frontera contribuirá significativamente a cerrar lagunas en las emisiones de carbono.
El gobierno también tiene planes de establecer estándares de productos para medir la huella de carbono de los bienes y comunicar esta información a los clientes comerciales. Estos estándares serán voluntarios en primera instancia, pero se está considerando su posible mandato en colaboración con la industria.
Además, se confirmaron planes para consultar con empresas en sectores como aviación, industria pesada y generación de energía sobre la actualización del Esquema de Comercio de Emisiones (ETS) del Reino Unido post-Brexit. El ETS se ajustará para alinearse con la meta de neutralidad de carbono para 2050, con reducciones anuales en las asignaciones de carbono y un enfoque más específico en los sectores más difíciles de descarbonizar.