La mezcla de bioetanol en las naftas ha sido un tema de relevancia en Uruguay, no solo por su impacto ambiental, sino también por sus implicancias en la industria de los biocombustibles. Actualmente, la normativa vigente prevé que las naftas contengan al menos un 8,5% de bioetanol, pero en la práctica este porcentaje ya alcanza el 9,8%. Este escenario, sin embargo, podría cambiar pronto.
Según la Resolución N° 575/024 del 10 de septiembre de 2024 emitida por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), se ha puesto en consulta pública una propuesta que busca aumentar gradualmente el porcentaje máximo permitido de bioetanol en las naftas, con la posibilidad de llegar al 12%. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), apunta a fortalecer la integración de combustibles renovables en el mix energético del país.
La URSEA ha involucrado a diferentes actores del sector, como la Asociación de Concesionarios de Marcas (ASCOMA) y la Cámara de Industriales Automotrices del Uruguay (CIAU), en la consulta pública.
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La producción local de bioetanol: clave para el desarrollo sostenible
Uruguay cuenta con dos plantas de producción de bioetanol, ambas gestionadas por la estatal ANCAP a través de su división de alcoholes, Alur. Una de ellas, ubicada en Bella Unión, procesa caña de azúcar, mientras que la planta de Paysandú utiliza maíz y sorgo como materia prima.
El potencial aumento de la mezcla al 12% es visto como un paso clave para consolidar la participación de Uruguay en la transición hacia una matriz energética más limpia. Además, abre nuevas oportunidades para el desarrollo de la agroindustria local, ya que la producción de bioetanol requiere insumos agrícolas como la caña de azúcar, el maíz y el sorgo, lo que beneficia a los productores de estas materias primas.
Impacto en el medio ambiente
El incremento de la proporción de bioetanol en las naftas no solo tiene implicancias económicas, sino también ambientales. Al ser un biocombustible, el bioetanol ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a los objetivos climáticos de Uruguay. Además, su uso promueve una disminución en la dependencia de combustibles fósiles, lo que podría resultar en un ahorro de divisas por menores importaciones de petróleo.
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¿Qué sigue? El proceso de consulta pública
El documento de la URSEA deja claro que, antes de implementar este cambio en la normativa, se llevará a cabo un proceso de consulta pública durante 30 días. Durante este período, se invitará a distintas partes interesadas, incluidas empresas distribuidoras de combustibles, asociaciones del sector automotor y organizaciones ambientales, a expresar sus opiniones sobre la medida. Esta etapa es fundamental para garantizar que todos los aspectos técnicos y económicos sean considerados antes de avanzar con la modificación definitiva.
El bioetanol también se expande en Centro América
Mientras Uruguay avanza hacia una mayor integración del bioetanol en su matriz energética, Centroamérica también está impulsando este tipo de iniciativas. Liderado por la oficina latinoamericana del Consejo de Granos de EE.UU. (USGC, por sus siglas en inglés), la región está comprometida con la energía sostenible y la reducción de emisiones en el transporte.
Un claro ejemplo de este esfuerzo fue la conferencia «Cultivando Energía», organizada por el USGC en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Costa Rica. Durante el evento, más de 80 especialistas en biocombustibles y autoridades del sector público y privado de países como Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, discutieron el futuro del etanol en la región. Se destacaron los retos y oportunidades que enfrentan los países centroamericanos para avanzar en sus estrategias de crecimiento agroindustrial y cumplir con los objetivos de reducción de carbono.
El Vice Ministro de Energía de Costa Rica, Ronny Rodríguez, subrayó la meta de su país de alcanzar una mezcla de etanol del 10% en las naftas premium para 2026, mientras que Guatemala y Panamá tienen objetivos similares, con acuerdos previstos para 2024 y una implementación del etanol en los próximos dos años.
El evento culminó con la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre el Consejo y el IICA, reafirmando el compromiso de ambas organizaciones para brindar a los responsables de políticas públicas la capacitación y experiencia técnica necesarias para legislar en el sector de los biocombustibles. Este tipo de acuerdos subraya el papel esencial que jugarán los biocombustibles en la transición energética de la región.
El avance del bioetanol en Uruguay refleja una tendencia regional en Latinoamérica, donde cada vez más países buscan integrar combustibles renovables en sus matrices energéticas. La colaboración entre el sector público y privado, junto con la adopción de políticas sólidas, serán fundamentales para lograr una transición energética efectiva que no solo reduzca las emisiones, sino que también impulse el crecimiento económico y la innovación en el sector agroindustrial.
