La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) dio a conocer una propuesta que podría marcar un punto de inflexión en la evolución del programa Renewable Fuel Standard (RFS), al recomendar los nuevos volúmenes obligatorios de biocombustibles para los años 2026 y 2027. La propuesta no solo eleva considerablemente los niveles requeridos de diésel de biomasa (BBD) —una categoría que incluye biodiesel, diésel renovable y combustible de aviación sostenible (SAF)— sino que además incorpora reformas regulatorias que modifican el esquema de incentivos para los combustibles importados y redefine el rol de las distintas tecnologías dentro del programa.
El RFS opera mediante un sistema de certificación denominado RIN, por sus siglas en inglés (Renewable Identification Number), que funciona como un instrumento de trazabilidad y cumplimiento regulatorio. Cada galón de biocombustible producido o importado genera un RIN, que puede ser separado y comercializado por separado del combustible físico.
Para 2026, la EPA propone un mandato equivalente a 7.12 mil millones de RINs para BBD, mientras que en 2027 esa cifra se elevaría a 7.50 mil millones. Si bien los RINs no reflejan directamente galones físicos —ya que su valor depende del contenido energético del combustible respecto al etanol—, se estima que estos volúmenes representan alrededor de 5.61 mil millones de galones, equivalentes a casi 18,8 millones de toneladas en 2026 y 5.86 mil millones de galones (aproximadamente 19,6 millones de toneladas) en 2027.
Este crecimiento tiene como eje central el aprovechamiento de insumos domésticos, en particular el aceite de soja producido en Estados Unidos, lo cual refuerza el vínculo entre el RFS y la política agrícola del país. De hecho, la EPA aclara que toda la expansión proyectada en este segmento para 2026 y 2027 estaría sustentada exclusivamente por producción local a partir de materias primas también locales. A su vez, se propone una modificación sustancial en el esquema de incentivos del programa, mediante la cual los biocombustibles importados, o aquellos producidos con materias primas de origen extranjero, pasarían a generar solo el 50% del valor de los RINs respecto a sus equivalentes domésticos.
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Estas definiciones se enmarcan en un contexto de revisión más amplia del RFS, en la que también se propone la eliminación del reconocimiento de la electricidad renovable como combustible calificado para la generación de RINs, en lo que se conoce como los “e-RINs”. Esta medida implica, en términos prácticos, un desplazamiento de la movilidad eléctrica del ámbito del programa de combustibles renovables, al menos en esta etapa.
El paquete normativo también contempla los volúmenes para otras categorías de biocombustibles. En el caso de los biocombustibles celulósicos, que incluyen combustibles líquidos o gaseosos derivados de residuos agrícolas, forestales o del procesamiento de fibras vegetales —como el biogás renovable o el etanol de fibra de maíz— la EPA propuso una reducción del volumen previsto para 2025, justificando la medida en una menor capacidad de producción respecto a lo anticipado. Para los años 2026 y 2027, sin embargo, se mantiene una trayectoria ascendente, con un enfoque realista basado en la disponibilidad de flotas de vehículos a gas y en la maduración tecnológica del sector.
En cuanto a los biocombustibles avanzados, que engloban todos aquellos combustibles renovables que ofrecen reducciones significativas de emisiones de gases de efecto invernadero y no se elaboran a partir de maíz, el mandato propuesto asciende a 9.02 mil millones de RINs en 2026 y 9.46 mil millones en 2027. Esta categoría, que incluye tanto biodiesel como biocombustibles celulósicos y otros productos de segunda generación, constituye el núcleo de la estrategia energética renovable de largo plazo en Estados Unidos.
En el caso del etanol convencional, producido a partir de la fermentación del almidón de maíz, se mantienen sin cambios en 15 mil millones RINs, tanto para 2026, como para 2027.
Los argumentos presentados por la EPA para justificar este enfoque apuntan tanto al fortalecimiento de la seguridad energética estadounidense como al respaldo de los sectores agrícolas y rurales, que en años anteriores habían manifestado su descontento ante volúmenes considerados insuficientes. La reacción institucional en Estados Unidos fue ampliamente favorable. Representantes del Congreso, asociaciones de productores de biocombustibles y referentes del sector agroindustrial destacaron la magnitud del anuncio y su alineación con las capacidades reales de producción y disponibilidad de materias primas. Entre ellos, el senador Chuck Grassley subrayó que, bajo administraciones anteriores, varias plantas de biodiesel en Iowa debieron cerrar o suspender operaciones debido a la falta de previsibilidad regulatoria.
Más allá del plano político, los números dan cuenta del impacto potencial de esta propuesta. En 2022, el sector transporte de Estados Unidos consumió cerca de 45.625 millones de galones (alrededor de 172.700 millones de litros) de diésel fósil. En ese marco, los volúmenes proyectados de diésel de biomasa para 2027 representarían aproximadamente el 13% de esa demanda. Esta proporción resulta significativa, sobre todo considerando que se trata de combustibles que permiten una sustitución directa sin necesidad de modificaciones sustanciales en la infraestructura existente.
Desde una perspectiva internacional, y en particular para países exportadores como Argentina, la propuesta de la EPA presenta un escenario complejo. Por un lado, el crecimiento total del mercado estadounidense de combustibles renovables puede abrir nuevas oportunidades de inserción comercial. Sin embargo, los elevados aranceles que rigen para el biodiesel argentino lo dejan completamente fuera de mercado. Al mismo tiempo, la reducción del valor de los RINs para productos importados representa una barrera competitiva concreta para exportadores de biodiesel y materias primas, como el aceite de soja argentino. Esta tensión entre protección del mercado interno y apertura a proveedores externos no es nueva, pero se manifiesta ahora con mayor claridad en el diseño de los instrumentos regulatorios.
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El proceso de consulta pública para esta propuesta ya fue anunciado. La EPA convocó a una audiencia virtual para el 8 de julio de 2025, y anticipó que podría extenderse un segundo día en caso de recibir una gran cantidad de inscripciones. Se espera que el texto final de la norma sea publicado antes de fin de año, consolidando así una de las revisiones más significativas del RFS en más de una década.
En definitiva, la propuesta de la EPA reconfigura el panorama de los combustibles renovables en Estados Unidos, con un énfasis renovado en los biocombustibles líquidos de base agrícola, una redefinición del trato hacia las importaciones, y un cambio de prioridades en la relación con la electrificación del transporte. La dirección es clara: reforzar las capacidades domésticas, impulsar el desarrollo rural y proyectar el liderazgo estadounidense en la transición hacia una matriz energética más limpia.
