La jornada “Energía Cultivada: El Bioetanol en el Desarrollo del NOA”, realizada el martes pasado en Tucumán, dejó una postal poco frecuente: tres gobernadores de provincias y partidos distintos —Osvaldo Jaldo (PJ) por Tucumán, Gustavo Sáenz (Frente Renovador de la Concordia) por Salta y Carlos Sadir (UCR-Juntos por el Cambio) por Jujuy— compartiendo escenario y diagnóstico. A ellos se sumaron funcionarios de Santa Fe y Córdoba. Todos coincidieron en un reclamo unánime: una nueva ley de biocombustibles que devuelva aire a un sector que hoy está estancado.
El motivo es conocido: la normativa actual mantiene congeladas las mezclas en 7,5% para biodiésel y 12% para bioetanol, mientras el proyecto para actualizarlas sigue durmiendo en los cajones del gobierno nacional. Un gobierno cuya brújula energética apunta casi exclusivamente al gas de Vaca Muerta y a su exportación. No es una interpretación, sino una constatación que sus propios funcionarios dejan en claro, incluso cuando participan en paneles sobre biocombustibles. Hace unas semanas, en el Congreso de Maizar, Horacio Marín —presidente de YPF— presentó el plan estratégico de la compañía, construido casi por completo en torno al gas de Vaca Muerta. Sobre los biocombustibles se limitó a una sola frase: “los intereses de YPF no son los de Maizar”. En una charla privada fue todavía más tajante: “si fuera por mí, el bioetanol no debería existir”. (ver: El subsuelo como política de Estado)
En Tucumán, Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos, repitió la misma línea: dedicó la mayor parte de su exposición al gas y resumió su postura con una frase que lo dice todo: “no me gustan los biocombustibles porque tienen marcos regulados y no se pueden exportar. A nosotros nos gusta el libre mercado”.
Esa afirmación condensa una paradoja central de nuestra política energética. Argentina fue, durante años, el mayor exportador mundial de biodiésel, hasta que sus principales compradores —Europa, Estados Unidos y Perú— nos cerraron el paso. Europa, tras perder un reclamo argentino ante la OMC por los derechos antidumping aplicados en 2012, se las ingenió: creó un sistema de cuotas de mercado y limitó el biodiésel de soja en sus mandatos, protegiendo a sus productores de colza. Estados Unidos fue más directo: aranceles cercanos al 150% —que aún rigen— y recientemente eliminación de incentivos fiscales para biocombustibles elaborados fuera de su territorio o con materias primas importadas, al mismo tiempo que aumentó drásticamente sus propios mandatos de mezcla. Al resto del mundo, les gusta poco el libre mercado.
Esa paradoja deja al descubierto algo todavía más de fondo: la falsa idea de que los biocombustibles deban competir en igualdad de condiciones con los combustibles fósiles. Aunque ambos sirvan para mover un motor, no son el mismo producto. Los biocombustibles son renovables: cada litro requiere sembrar, cuidar, cosechar y procesar biomasa todos los años, porque la naturaleza no hace ese trabajo por nosotros. El petróleo, en cambio, es biomasa que la Tierra fosilizó durante cientos de miles de años, transformada en un stock que solo hace falta extraer. Es, si se quiere, la diferencia entre la ganadería y la caza: uno demanda inversión y trabajo continuo; el otro, explotar una reserva natural hasta agotarla.
A esa diferencia productiva se suma una dimensión ambiental que rara vez se incorpora en el análisis. Cada litro de combustible fósil libera carbono que permanece en la atmósfera, y capturarlo para revertir ese impacto puede costar tanto o más que el propio combustible. Los mercados de carbono —donde existen— ofrecen una herramienta para compensar esa huella, pero todavía están lejos de reflejar el verdadero costo de remover ese carbono del aire. Mientras esa diferencia no se contabilice de manera plena, cualquier comparación de precios entre fósiles y biocombustibles será, por definición, una ilusión.
Mientras tanto, Argentina cubre buena parte de sus faltantes de gasoil y naftas importando desde Estados Unidos. Sí, del mismo país que nos bloquea el biodiésel. Esos combustibles entran pagando solo el arancel externo del Mercosur e incluso, a veces, reciben exenciones de impuestos internos que sí pagan los combustibles producidos acá. Ellos nos cierran la puerta y nosotros les abrimos la billetera, felices de sostener una “coherencia” que solo nos perjudica.
Sobre cómo revertir esa dependencia, Veller no dijo una palabra.
Y dentro del propio mercado interno, el supuesto libre mercado tampoco existe para el bioetanol. A diferencia de Brasil —donde los vehículos flex permiten a los consumidores elegir entre nafta con 27,5% de etanol o directamente cargar etanol puro—, en Argentina el sector depende del corte obligatorio del 12%, sin ninguna posibilidad de crecer más allá de lo que fije la regulación.
Pero el bioetanol es mucho más que un componente de la nafta. Es la base de sustento de la industria sucroalcoholera del NOA, la principal generadora de empleo directo e indirecto de la región. Ese sostén es clave porque el mercado mundial del azúcar dista mucho de ser un espacio de competencia abierta: subsidios, precios sostén, cuotas y barreras arancelarias protegen a los productores de numerosos países, distorsionando los precios internacionales que con frecuencia caen por debajo de los costos reales de producción, no solo en Argentina.
En este contexto, el desafío para la región es evitar que la producción de caña y azúcar derive en una sobreoferta que hunda los precios y arrastre a toda la cadena sucroalcoholera. Los ingenios argentinos, pese a sus altos costos laborales e impositivos, siguen siendo competitivos en lo tecnológico y productivo. Pero esa fortaleza no alcanza si el mercado se satura. Ahí es donde el bioetanol se vuelve estratégico: canaliza parte de la caña hacia un destino alternativo, sostiene los precios y mantiene viva la principal actividad económica del norte argentino.
Y este papel será cada vez más decisivo, porque la ciencia agrícola sigue empujando los límites de la productividad: nuevas variedades y mejores prácticas agronómicas permiten obtener cada año mayores volúmenes de caña y de azúcar sin ampliar la superficie cultivada. Esa expansión inevitable hace aún más urgente ampliar la demanda de etanol, para equilibrar el mercado y sostener la sustentabilidad del sector.
Por eso, más que repetir consignas sobre “mercado puro”, la verdadera discusión debería ser otra: ¿vamos a aprender cómo juegan nuestros competidores y vecinos para sostener empleo, desarrollo y soberanía energética? ¿O seguiremos recitando dogmas de libre mercado, que nadie aplica, mientras importamos combustibles y dejamos que otros fortalezcan sus industrias a expensas nuestras?
Porque, al final, se trata de entender que los biocombustibles no son un lujo ni una concesión regulatoria: son una herramienta distinta, que produce valor año tras año y ayuda a equilibrar un costo ambiental que los fósiles todavía no asumen. Ignorar esa diferencia es más que un error económico; es renunciar a una oportunidad estratégica para el país.
La jornada de Tucumán dejó, al menos, una señal alentadora: las provincias y el sector productivo hablan con una sola voz, más allá de las banderías políticas. Resta saber si, desde la Casa Rosada, esa voz será escuchada —como prometió Veller— o si la política energética seguirá escribiéndose a 1.500 kilómetros del cañaveral más cercano.
