Cuando un grupo de funcionarios y especialistas ingresó a los nuevos edificios de vivienda social en el barrio de Glòries, en Barcelona, no encontró una obra pública convencional. Los muros, construidos con madera contralaminada, desprendían el aroma cálido del pino; los techos sostenían jardines verdes, y los sistemas energéticos incluían aerotermia y paneles solares. Aquella escena no era un gesto de vanguardia arquitectónica. Era la materialización de una política pública ambiciosa: convertir a la contratación del Estado en un motor para la bioeconomía.
La visita se realizó en el marco de una capacitación internacional organizada en junio de 2025 por el Gobierno de Cataluña, comunidad autónoma del noreste de España con alta autonomía administrativa, junto al Bioregions Facility, una iniciativa de la red European Forest Institute (EFI) que promueve modelos regionales de bioeconomía forestal sostenible. Allí, representantes locales compartieron una experiencia que va mucho más allá de una licitación: el rediseño profundo de cómo el Estado puede impulsar una transición verde desde sus compras.
El Estado como impulsor del cambio estructural
La contratación pública representa más del 14% del PBI de la Unión Europea, y en regiones como Cataluña, ese porcentaje puede ser aún mayor. Por eso, usar esa capacidad de compra para generar impacto ambiental y económico positivo no es solo deseable: es estratégico. En 2022, la Generalitat de Cataluña —el gobierno autonómico con competencias propias en áreas clave como medio ambiente, vivienda y desarrollo económico— aprobó un Plan de Contratación Pública Verde con un objetivo claro: lograr que al menos la mitad de sus licitaciones incorporen criterios ambientales.
A mediados de 2025, no solo alcanzaron esa meta. La superaron. Un 67% de los contratos públicos ya contienen cláusulas verdes. Pero ese dato no es lo más relevante. Lo transformador es cómo se logró: combinando liderazgo político, herramientas legales innovadoras, capacitación técnica y una alianza fluida entre instituciones públicas y actores del territorio.
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Voluntad política como cimiento de la transformación
La primera condición fue la decisión política. La Generalitat definió la bioeconomía como eje transversal de su estrategia de sostenibilidad, y eso se tradujo en lineamientos para todos los ministerios y dependencias. Esta orientación permitió que los equipos responsables de compras públicas contaran con respaldo para incorporar criterios como reducción de emisiones, uso de materiales renovables, eficiencia energética o menor impacto en la gestión de residuos.
La frase que atravesó toda la jornada fue contundente: “Cuando la sostenibilidad está en la agenda política de forma coherente, deja de ser un tema accesorio y se vuelve una obligación transversal”. No fue apenas una declaración: funcionó como marco conceptual para entender por qué Cataluña pudo traducir metas ambientales en decisiones de compra concretas.
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Un actor clave: IMHAB y el nuevo paradigma habitacional
Uno de los principales ejemplos de aplicación concreta proviene del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB), organismo público que planifica y ejecuta políticas de vivienda social en la capital catalana. Bajo su órbita se construyeron edificios piloto con criterios bio-basados, utilizando madera estructural y aislamiento natural, y exigiendo altos estándares energéticos.
El modelo adoptado por IMHAB priorizó el diseño y la construcción colaborativa: desde el inicio se trabajó junto a estudios de arquitectura, empresas constructoras, técnicos ambientales y especialistas en bioeconomía. Gracias a esa articulación temprana, las obras se completaron un 30% más rápido que el promedio y alcanzaron calificación energética A, integrando soluciones como aerotermia, paneles solares y terrazas con vegetación.
Capacitación y herramientas: traducir la visión en práctica
Para llevar estas políticas al territorio, el gobierno catalán desarrolló herramientas concretas para sus equipos técnicos. Estas incluyen guías sectoriales que detallan cómo aplicar criterios ambientales según el tipo de compra, plantillas de licitación que ya incorporan variables sostenibles, y formaciones específicas para quienes gestionan contratos públicos.
Gracias a este enfoque, personal de múltiples departamentos —desde salud hasta infraestructura— está hoy capacitado para justificar, aplicar y controlar criterios ambientales en licitaciones, incluso en categorías nuevas como productos bio-basados o servicios con impacto circular.
Proyectos piloto: aprender haciendo
Más allá de la vivienda, la estrategia catalana incluyó pilotos en diversas áreas. Estos proyectos permiten experimentar con materiales renovables, evaluar sus prestaciones y ajustar los marcos técnicos o administrativos necesarios. La lógica detrás de estos pilotos no es el éxito inmediato, sino el aprendizaje institucional: comprender qué funciona, qué hay que ajustar y cómo escalar lo que da resultados.
IMHAB, por ejemplo, documentó cada etapa de sus obras bio-basadas y compartió tanto los logros como los desafíos: desde diferencias en los tiempos de secado de la madera hasta ajustes en los sistemas de mantenimiento. Esa transparencia fortaleció la credibilidad del proceso y generó aprendizajes replicables para otros organismos.
Monitoreo real: más allá de las buenas intenciones
Otro elemento diferencial fue la incorporación de sistemas de monitoreo. La Generalitat estableció mecanismos para registrar cuántas licitaciones incluyen criterios ambientales y qué tipo de impacto se espera. Aunque por ahora no se mide de forma sistemática el resultado ambiental final —como toneladas de CO₂ evitadas o reducción de materiales fósiles—, el primer paso ya está dado: incorporar la cultura del seguimiento.
El objetivo a futuro es integrar herramientas como las utilizadas en otros países pioneros, que permiten calcular indicadores ambientales en tiempo real durante la ejecución de los contratos.
Innovación legal: cambiar las reglas para cambiar el juego
Muchas veces, el principal obstáculo para avanzar en políticas sostenibles no es la falta de tecnología, sino la rigidez normativa. En Cataluña, esa barrera comenzó a desmontarse gracias a la incorporación de marcos legales que permiten evaluar el valor ambiental de una oferta, incluso si no es la más económica.
Esto se logró en parte gracias a las directrices europeas sobre contratación innovadora, que autorizan a priorizar criterios no monetarios cuando están debidamente justificados. Además, se está discutiendo la creación de sandboxes regulatorios: entornos controlados donde probar nuevas metodologías de contratación sin riesgo de sanciones administrativas. Esta flexibilidad legal es crucial para escalar modelos innovadores.
Una hoja de ruta para replicar
Lo que está ocurriendo en Cataluña no es un ensayo aislado. Es una hoja de ruta. Cada licitación que integra criterios bio-basados, cada edificio público construido con materiales renovables, cada proceso de compra que privilegia la circularidad, representa un paso concreto hacia una economía descarbonizada.
Y lo más importante: demuestra que el Estado no solo puede adaptarse a los desafíos climáticos. Puede liderar su solución. Desde la madera de los nuevos hogares sociales hasta las reformas legales que la hicieron posible, Cataluña está mostrando que transformar la contratación pública es, también, transformar el futuro.
