A simple vista, no hay diferencia. Sale por la hornalla con la misma presión, genera la misma llama azul, alimenta calderas, cocinas industriales o colectivos urbanos. Pero para una empresa que busca reducir su huella de carbono, o un municipio comprometido con la transición energética, no es lo mismo que ese gas haya salido de un yacimiento fósil a 4.000 metros de profundidad, o de una planta rural que fermenta residuos orgánicos. Aunque la molécula sea idéntica, el impacto ambiental y el valor reputacional son completamente distintos. Por eso, cada vez más actores están dispuestos a pagar más por biometano.
El biometano es gas renovable producido a partir de estiércol, lodos industriales, residuos agroalimentarios o cultivos energéticos. Se lo genera localmente, se lo inyecta a la red de gas y, al sustituir una porción del gas fósil que Francia aún importa en grandes volúmenes, permite reducir emisiones, relocalizar producción energética y cumplir metas ambientales. Es un gas que no solo calienta: también descarboniza.
El problema es que una vez que entra a la red, el biometano se mezcla con todo el gas convencional. No puede distinguirse. Y eso crea una paradoja: se lo produce con criterios ambientales exigentes, pero al llegar al consumidor final, pierde visibilidad. ¿Cómo saber quién lo usó? ¿Cómo certificar que una empresa consumió energía limpia si no hay forma de rastrear su origen? ¿Cómo premiar económicamente a quien genera un gas renovable, si nadie puede demostrar que lo recibió?
Ahí entra en juego un instrumento que es indispensable para que todo el sistema funcione: las garantías de origen. Y por primera, en Francia, ese instrumento tiene un mercado de referencia.
Las garantías de origen: cómo certificar el atributo renovable del gas
Una garantía de origen es un certificado digital —medida en megavatios-hora (MWh)— que prueba que un determinado volumen de gas fue producido como biometano. Es emitido por GRDF o GRTgaz —los operadores de redes de distribución y transporte de gas en Francia— una vez que verifican que el gas fue efectivamente inyectado bajo condiciones reglamentarias.
La garantía de origen no representa el gas físico en sí, sino su atributo ambiental: la prueba de que fue producido con fuentes renovables, en determinada planta, en determinada fecha, con determinado tipo de residuo y, en algunos casos, bajo criterios adicionales de sostenibilidad.
Estos certificados permiten disociar el consumo físico del gas y su valor ambiental. Una empresa puede consumir gas en París y comprar garantías generadas en Bretaña, sabiendo que, en algún punto del sistema, ese biometano fue efectivamente producido. Así puede acreditar ante sus clientes, accionistas o autoridades que su consumo energético es parcial o totalmente renovable.
El mecanismo es clave para sectores que deben cumplir cuotas de energía limpia, para municipios que reportan planes climáticos o para operadores que deben reducir emisiones dentro del régimen europeo de comercio de derechos (EU ETS). También se usa en mercados voluntarios, donde muchas empresas buscan anticiparse a las exigencias regulatorias y posicionarse como sostenibles.
En todos los casos, el certificado es tan importante como el gas. Porque sin trazabilidad, no hay transición energética que pueda demostrarse. Y sin demostración, tampoco hay incentivo real para avanzar.
Así, el biometano se vuelve un producto con dos partes: el gas en sí, y la certificación de su origen renovable. Ambas pueden venderse por separado. Y eso crea un mercado paralelo, donde lo que se negocia no es la energía, sino su trazabilidad.
Un gas que se mezcla, un valor que se separa: cómo funciona el circuito de las garantías
En la práctica, el biometano se inyecta a la red de la misma forma que el gas natural. Las plantas productoras —ubicadas sobre todo en zonas rurales— lo generan a partir de residuos orgánicos, lo purifican y lo inyectan a la red nacional. Ese gas alimentará calderas en ciudades, secadores industriales, hornallas domiciliarias o estaciones de servicio. Pero una vez que ingresa al sistema, se mezcla. Nadie puede saber a dónde llega físicamente.
Por eso, al mismo tiempo que el gas entra a la red, el sistema francés de transporte y distribución —a cargo de GRTgaz y GRDF— genera un certificado digital: una garantía de origen. Ese documento no acompaña al gas, pero sí a su valor ambiental. Acredita que un MWh fue producido como biometano, en determinada fecha, con determinados residuos, y cumpliendo los requisitos reglamentarios. Esa garantía queda disponible en el registro nacional para ser vendida.
Ahí comienza un mercado paralelo. El productor puede vender esa garantía a cualquier actor interesado en certificar su consumo renovable. Puede ser una industria, un municipio, un operador de flotas, una universidad, o incluso una multinacional con operaciones en Francia. La venta puede hacerse directamente, a través de un intermediario, o por medio del proveedor de gas si ofrece esa opción.
El comprador, por su parte, sigue recibiendo gas como siempre. Su factura se la envía una comercializadora tradicional —como TotalEnergies, Engie o EDF— y refleja el volumen consumido, sin distinción de origen. Pero si además adquiere garantías de origen equivalentes a ese volumen, puede acreditar que su consumo fue, en términos ambientales, 100% renovable.
Para hacerlo, debe “cancelar” esas garantías en el sistema nacional. Eso significa que ya no pueden volver a usarse, porque se asignaron a un consumo específico. Una vez canceladas, quedan registradas a nombre del comprador, quien puede entonces utilizarlas para reportes ambientales, auditorías, certificaciones de sostenibilidad, cumplimiento de cuotas o beneficios fiscales.
Este mecanismo —invisible pero preciso— es lo que permite separar el gas físico de su atributo renovable. El gas va por los caños. La trazabilidad, por otro camino. Y es ese camino el que ahora tiene precio.
Un gas que se mezcla, un valor que se separa: cómo funciona el circuito de las garantías
En la red nacional de gas, el biometano circula de forma indistinta junto al gas natural. Se produce en plantas rurales que lo purifican a partir de residuos orgánicos, se inyecta al sistema y, desde allí, abastece a industrias, hogares, calderas o estaciones de servicio. Pero una vez incorporado, su recorrido físico no puede rastrearse.
Para preservar el valor ambiental de esa energía renovable, el sistema francés genera de forma paralela un documento digital: la garantía de origen. Emitida por GRDF o GRTgaz, acredita que un megavatio-hora fue producido como biometano, con fecha, localización, tipo de residuo y cumplimiento regulatorio. Aunque el gas se mezcle, su atributo renovable queda registrado y puede ser comercializado por separado.
De esta forma, el productor accede a un segundo mercado: el de la trazabilidad. Puede vender la garantía directamente a empresas, municipios o instituciones que deseen validar el carácter limpio de su consumo energético. El comprador, por su parte, sigue recibiendo gas indistinto, pero si adquiere certificados equivalentes a su consumo y los cancela en el registro nacional, puede demostrar que su energía fue, ambientalmente, 100% renovable.
Esa cancelación es lo que vincula el certificado a un usuario específico y lo habilita para auditorías, reportes de sostenibilidad, cumplimiento normativo o beneficios fiscales. Así, mientras el gas fluye por una red física, su valor ambiental circula por una red paralela de trazabilidad, indispensable para que la transición energética sea verificable y financiable.
Un mercado en crecimiento que necesitaba reglas claras
En 2024, Francia inyectó 11,6 TWh de biometano a su red, alcanzando un récord histórico y consolidándose como el segundo mayor productor de la Unión Europea, después de Alemania. Al mismo tiempo, el uso de garantías de origen creció en sintonía: se cancelaron 9,1 TWh de certificados en ese año y, para septiembre de 2025, ya se había superado esa cifra.
Este dinamismo, sin embargo, operaba con limitaciones importantes. Las garantías solo pueden utilizarse dentro del país —ni exportarse ni incorporarse a registros internacionales— y no existía una referencia pública de precios. Cada transacción debía acordarse de forma bilateral, lo que generaba opacidad, dificultaba la comparación entre ofertas y complicaba tanto la valorización del producto como su planificación financiera.
La falta de transparencia afectaba a todos los actores: los productores no sabían cuánto valía realmente el atributo renovable de su gas, los compradores carecían de herramientas para evaluar decisiones y el mercado no podía madurar hacia instrumentos más complejos como contratos a futuro, coberturas o mecanismos de compensación.
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Argus pone precio al atributo renovable
Para resolver ese vacío, la agencia internacional Argus Media comenzó a publicar, por primera vez, precios semanales de las garantías de origen del biometano francés. Se trata de una herramienta inédita a escala global, que aporta transparencia y estructura a un mercado en rápida expansión.
Las evaluaciones aparecen en sus plataformas Argus Global Energy Certificates y Argus Biofuels, que ya incluyen precios para electricidad renovable, etanol, biodiésel y SAF. En el caso del biometano, los precios publicados corresponden a certificados de gas inyectado en red y subvencionado, con ajuste según el tipo de sustrato, la fecha de generación, el nivel de certificación ambiental y su elegibilidad para el sistema europeo de comercio de emisiones.
“Estamos orgullosos de lanzar las primeras evaluaciones para las garantías de origen del biometano francés”, señaló Adrian Binks, presidente y CEO de Argus. “Estos precios, desarrollados con la participación del sector, aportarán transparencia a un mercado importante y en expansión, y completan nuestra cobertura global de certificados energéticos”.
La metodología fue construida en diálogo con actores del mercado para reflejar condiciones reales y permitir que los precios publicados sean una referencia útil, tanto para operaciones inmediatas como para el diseño de contratos a largo plazo.
Una señal decisiva en la consolidación del biometano
Francia se ha propuesto producir 44 TWh de biometano por año hacia 2030. Alcanzar esa meta exige inversiones robustas, infraestructura adecuada y un ecosistema de mercado que reconozca el valor ambiental del gas renovable. La publicación de precios es una señal clara en esa dirección.
Convertir el atributo renovable del biometano en un valor comercializable significa que ya no depende solo del compromiso ambiental, sino que puede integrarse a decisiones empresariales con sustento económico. Los productores tienen cómo defender su diferencial. Los consumidores pueden justificar su inversión. Los contratos pueden incorporar trazabilidad como cláusula tangible. Y los mercados, finalmente, pueden premiar esa elección.
En un sistema energético donde lo fósil y lo renovable viajan juntos, solo la trazabilidad permite distinguir. Desde ahora, en Francia, esa diferencia no solo se puede demostrar: también se puede valorar.
