En vísperas de un foro público clave sobre biocombustibles organizado por la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) — el organismo estatal encargado de diseñar e implementar políticas ambientales para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero—, un informe técnico amenaza con dinamitar uno de los pilares de su regulación.
El informe, titulado “Advances in Estimation of Land Use Change Emissions Associated with Ethanol”, fue elaborado por la consultora especializada Life Cycle Associates a pedido de la Renewable Fuels Association (RFA), la principal organización que representa a los productores de bioetanol en Estados Unidos. Su conclusión central es clara: el método que utiliza California para estimar las emisiones por cambio indirecto de uso del suelo —conocido como iLUC— está basado en modelos antiguos que ya no reflejan la realidad del sistema agrícola ni del mercado global, y penaliza al bioetanol de manera arbitraria.
¿Qué es el cambio indirecto de uso del suelo (iLUC) y cómo afecta al bioetanol?
El “cambio indirecto de uso del suelo” (iLUC, por sus siglas en inglés) es una estimación teórica de las emisiones de carbono que se producirían si, como consecuencia de un aumento en la demanda de cultivos para biocombustibles, se desplazaran actividades agrícolas a otras regiones y eso provocara la conversión de bosques o pastizales en nuevas áreas de cultivo. No es una medición directa, sino un cálculo proyectado que depende de modelos económicos globales.
En 2009, California fue pionera en introducir este concepto en su política energética mediante la creación del Low Carbon Fuel Standard (LCFS), una normativa que exige que los combustibles vendidos en el estado reduzcan su intensidad de carbono —es decir, las emisiones totales de gases de efecto invernadero por unidad de energía— año tras año. Para determinar esa intensidad, se considera todo el ciclo de vida del combustible: desde la producción del cultivo hasta la distribución final, incluyendo las emisiones directas e indirectas, como el iLUC.
Bajo ese esquema, el bioetanol producido a partir de maíz o sorgo recibe una penalización de hasta 19,8 gramos de CO₂ equivalente por megajulio (gCO₂e/MJ), un valor derivado de modelos utilizados por la Junta de Recursos del Aire entre 2014 y 2015, basados en versiones anteriores del modelo GTAP (Global Trade Analysis Project), desarrollado por la Universidad de Purdue.
El avance de la ciencia, ignorado por la política
El nuevo informe técnico demuestra que esos valores están desactualizados. Según Life Cycle Associates, las versiones más recientes del modelo GTAP —especialmente GTAP 2017— reflejan mejoras sustanciales en la calidad de los datos, en la representación del comportamiento del mercado agrícola y en la integración de aspectos clave como los coproductos del bioetanol (como los granos secos de destilería utilizados en alimentación animal), los rendimientos agrícolas y la respuesta del uso del suelo ante variaciones de precio.
La diferencia es contundente: los modelos más actuales muestran que el iLUC del bioetanol de maíz se sitúa entre 4 y 5 gCO₂e/MJ, es decir, menos de una cuarta parte del valor que aún aplica California. Y en el caso del bioetanol de sorgo, la contribución de iLUC es aún menor debido a su escala más reducida y sus menores impactos en el mercado global.
Pero la crítica no se limita a los modelos. El informe también destaca que la evidencia empírica va en la misma dirección: desde que se implementaron el Renewable Fuel Standard a nivel federal en 2007 y el LCFS en California en 2011, la superficie agrícola total en Estados Unidos ha disminuido. Y, en particular, el área cultivada destinada a cubrir la demanda de bioetanol en California se redujo en más de 700.000 acres (283.300 has). Lejos de provocar una expansión descontrolada de tierras agrícolas, la producción de bioetanol ha logrado satisfacer su crecimiento con mejoras de rendimiento y eficiencia.
Un llamado urgente a actualizar los valores regulatorios
“RFA insta a la Junta de Recursos del Aire de California a reconsiderar de manera profunda las penalizaciones hipotéticas y desactualizadas que impone al bioetanol”, declaró Geoff Cooper, presidente y CEO de la organización. “Los datos del mundo real y la evidencia científica muestran que el área cultivada para producir bioetanol ha bajado, mientras que el rendimiento por hectárea ha mejorado. Además, las plantas de bioetanol producen más combustible renovable por cada tonelada de maíz procesado. Es hora de que la regulación se actualice.”
El informe también manifiesta preocupación por la composición del foro convocado por CARB, que, según la RFA, cuenta con la presencia de varios ponentes con posturas históricamente contrarias a los biocombustibles. En ese contexto, Cooper exige que el organismo adopte la mejor ciencia disponible y no mantenga penalizaciones basadas en suposiciones superadas.
Entre las recomendaciones técnicas, se destaca el uso del modelo GTAP 2017 con un “shock” de demanda ajustado a la realidad —por ejemplo, un aumento de 600 millones de galones (2,3 millones de litros) que simule una transición de mezcla E10 a E15 en California— y el enfoque en zonas agroecológicas como AEZ 54, que representa las regiones productivas del cinturón maicero del Medio Oeste estadounidense.
Mucho más que una disputa metodológica
La discusión sobre cómo se calcula el iLUC no es un tema técnico menor. Afecta directamente la competitividad de los biocombustibles en el mercado más grande de combustibles renovables de Estados Unidos, influye en su elegibilidad para créditos fiscales, y define su rol dentro de políticas climáticas nacionales e internacionales. Modelos anticuados que sobrestiman impactos ambientales generan barreras injustas para tecnologías limpias que han demostrado capacidad de mejora y adaptación.
Además, decisiones regulatorias basadas en datos viejos pueden desincentivar inversiones clave para la descarbonización del transporte. El bioetanol representa una de las pocas opciones de escala inmediata para reducir emisiones en el parque vehicular existente, especialmente en mercados donde la electrificación tardará en masificarse.
