El viento frío de la Puna acaricia el pelaje canela de las vicuñas mientras, a lo lejos, una cadena humana comienza a cerrarse en un abrazo ancestral. Sobre los 3.000 metros de altura, apenas se oyen las voces humanas que guían a los animales hacía un corral de pircas. Avanzan despacio, con cuidado, rodeándolos sin asustarlos. Es el chaku: una práctica de origen preincaico que los pueblos originarios de los Andes perfeccionaron durante siglos para capturar vicuñas sin hacerles daño, esquilarlas y devolverlas a su hábitat natural. Lo que produce ese ritual —una fibra de apenas 12 micrones de diámetro, más fina que el cashmere más delicado— vale en el mercado internacional entre 300 y 700 dólares el kilo sin procesar. Transformada en una prenda terminada, puede llegar a los 20.000 dólares.
En este escenario de altura, la Cámara de Diputados de Salta aprobó por unanimidad en general un proyecto de ley que autoriza y regula el aprovechamiento de la lana de vicuña en la provincia. La iniciativa, que pasa ahora al Senado para su revisión, no modifica el marco de protección de la especie: mantiene la prohibición de la caza establecida en 1993 y reconoce expresamente al chaku como el método válido para obtener la fibra. Lo que cambia es que, por primera vez, Salta contará con un marco legal propio que ordena, supervisa y distribuye los beneficios de una actividad que ya existe en los hechos, pero que hasta ahora carecía de regulación provincial específica.
Una especie que se recuperó porque vale
La historia de la vicuña en Argentina es, en sí misma, una lección sobre la relación entre conservación y uso sostenible. En 1975, la especie fue declarada en peligro de extinción: la caza indiscriminada para obtener su codiciada fibra había diezmado las poblaciones en toda la región andina. La respuesta fue la prohibición total. En Salta, esa restricción tomó forma en 1993 con la ley provincial 6709, que blindó a la vicuña de cualquier tipo de aprovechamiento comercial.
El resultado fue notable. En las últimas décadas, la población provincial se recuperó hasta superar los 58.300 ejemplares. Ese dato no es menor: demuestra que la protección funcionó. Pero también plantea una pregunta que el proyecto de ley busca responder: ¿puede la vicuña valer más viva que muerta? El diputado Néstor Parra, del bloque Por Guachipas, que presentó la iniciativa, resumió la lógica con una frase directa: «Cuando una especie tiene valor con vida, se protege más». Es exactamente lo que ocurrió en Jujuy, la provincia que lleva dos décadas construyendo la experiencia más sólida del país en esta materia.
El modelo jujeño: veinte años, de 40 a 800 kilos
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) —el organismo público de ciencia y tecnología aplicada al agro argentino— lleva adelante desde hace años en su Estación Experimental Abra Pampa, en Jujuy, una experiencia de cría y aprovechamiento de vicuña que hoy funciona como referencia para toda la región. Lo que comenzó con una producción de apenas 40 kilos anuales creció hasta superar los 800 kilos en la actualidad. A los precios actuales de la fibra sin procesar, esa cifra representa una inyección económica significativa en uno de los territorios más postergados del país.
El diputado Gerónimo Arjona, del departamento Los Andes —territorio de vicuñas—, fue quien presentó ante la Cámara el registro audiovisual de un chaku realizado en Jujuy. Las imágenes mostraron lo que las palabras difícilmente pueden transmitir: la escala del operativo, la coordinación comunitaria, la delicadeza del procedimiento. «Este proyecto de ley es de fundamental importancia para quienes estamos en el territorio donde está la vicuña», subrayó. Para Arjona, la experiencia jujeña no es solo un antecedente técnico: es la prueba de que el modelo funciona y que Salta tiene las condiciones para replicarlo y escalarlo.
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Qué dice la ley y cómo funciona el chaku
El proyecto aprobado por Diputados establece que cada aprovechamiento deberá enmarcarse en un plan de manejo elaborado con participación de las comunidades que habitan el área de vida de la vicuña. El Estado provincial autorizará y supervisará cada operación. No habrá caza ni hacinamiento: el chaku implica el arreo paciente de los animales hacia un punto de captura, la esquila de su fibra y la liberación inmediata. Los animales no sufren daño permanente y pueden ser esquilados nuevamente en ciclos futuros.
La fibra de vicuña es reconocida en la industria textil de lujo por propiedades que ninguna otra fibra animal puede igualar en su conjunto: un diámetro de entre 11 y 14 micrones —el cashmere ronda los 15, la lana merino los 18—, capacidad de aislamiento térmico extraordinaria, impermeabilidad natural e hipoalergenicidad. No requiere procesos químicos agresivos para su tratamiento. Las grandes casas de moda europeas —Loro Piana entre las más conocidas— llevan décadas trabajando con esta fibra proveniente de Perú y Bolivia, los países que primero habilitaron su aprovechamiento regulado. Argentina llega tarde a ese mercado, pero con ventajas propias: hábitats prístinos, poblaciones de vicuña en crecimiento y conocimiento comunitario acumulado.
La Puna como origen de un producto de lujo con identidad
El diputado Matías Monteagudo señaló durante el debate algo que va al corazón de la oportunidad: la importancia de que Salta desarrolle una denominación de origen para su fibra de vicuña. No es un detalle menor. En el mercado global del lujo sustentable, la trazabilidad y el origen son parte del valor del producto. Una prenda que puede contar quién la hizo, cómo se obtuvo la fibra, en qué comunidad y bajo qué prácticas ancestrales vale más —y en segmentos de mercado concretos, vale mucho más— que una que no puede responder esas preguntas.
La Puna argentina reúne condiciones únicas para construir esa narrativa. Sus comunidades indígenas son las depositarias vivas del conocimiento del chaku. El paisaje altiplánico, la altitud y el ecosistema de pastizales de altura donde vive la vicuña forman parte de una identidad territorial que ningún competidor puede reproducir. Y la fibra misma encaja con precisión en lo que los consumidores de los mercados de lujo responsable valoran hoy: productos donde la mano humana es visible, donde el animal fue respetado y donde la naturaleza salió beneficiada.
Monteagudo también planteó que la lana no debería salir de la provincia en bruto. El procesamiento local —el hilado, el tejido, el acabado— es donde se captura la mayor parte del valor agregado y donde el beneficio económico se multiplica para las comunidades. Un kilo de fibra cruda puede valer 300 dólares; una prenda terminada con esa fibra puede superar los 20.000. La diferencia entre esos dos números es la oportunidad industrial y cultural que la ley busca habilitar.
Un marco que convierte biodiversidad en desarrollo
Lo que aprobó la Cámara de Diputados de Salta no es solo una ley de manejo de fauna. Es el reconocimiento institucional de que la biodiversidad puede ser un motor de desarrollo cuando se la gestiona con criterio científico, participación comunitaria y visión de largo plazo. El aprovechamiento de los recursos biológicos nativos —en este caso, la fibra de un camélido silvestre— como base de una cadena de altísimo valor agregado y bajo impacto ambiental es exactamente el tipo de proceso que permite despegar a territorios que cuentan con riqueza natural pero que históricamente han quedado postergados.
El diputado José Gauffín, del Partido de la Reconquista, fue explícito: «Es una inyección enorme de plata para esos departamentos donde habita la vicuña».
