En abril de 2025, España vivió un apagón masivo que dejó a millones de personas sin luz durante horas. Fue un colapso eléctrico que sorprendió incluso a los técnicos: las redes no lograron gestionar la entrada repentina de energía renovable —procedente de instalaciones solares y eólicas— en un día con baja demanda y mucho sol y viento. Esto generó oscilaciones incontrolables en la red y provocó una desconexión automática de más del 60 % de la generación eléctrica del país.
El hecho dejó en evidencia que el sistema no estaba preparado para integrar ese volumen de energía sin contar con herramientas de apoyo, como baterías de almacenamiento o una red suficientemente modernizada. Como respuesta urgente, el Gobierno español aprobó un Real Decreto‑ley —el 7/2025— con medidas técnicas y normativas para evitar que algo así volviera a ocurrir. La medida no resolvía todo, pero iba en la dirección correcta.
En España, los reales decretos‑leyes son normas con rango de ley que el Gobierno puede dictar en situaciones de urgencia, pero que luego deben ser ratificadas por el Congreso. Si los diputados las aprueban, siguen vigentes. Si las rechazan, quedan anuladas por completo, incluso si ya estaban en vigor.
Eso fue lo que pasó: el Decreto‑ley 7/2025 se aprobó y se aplicó durante unas semanas, pero finalmente fue rechazado por el Congreso, con lo cual todas sus disposiciones quedaron derogadas. El texto, pese a contar con apoyo técnico y del sector, cayó bajo el peso de intereses cruzados, reproches partidarios y cálculos políticos: unos decían que era insuficiente, otros que favorecía al oligopolio energético, y varios directamente querían desgastar al Ejecutivo. El resultado fue que ni siquiera las soluciones parciales pudieron avanzar, generando incertidumbre jurídica, paralización de proyectos e incredulidad en el sector.
Esa es la razón por la cual se habla tanto de este decreto y su caída: fue una norma diseñada para fortalecer la transición energética que fue tumbada políticamente, pese a contar con apoyo técnico y del sector. Se calcula que se paralizaron inversiones por más de 3.000 millones de euros, y que muchas industrias quedaron sin las herramientas legales necesarias para avanzar en su descarbonización.
Entre las voces que salieron a marcar esa contradicción está la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables). Pero su reacción fue más allá del lamento. Aprovechó el vacío político para señalar un punto estructural que el decreto ni siquiera abordaba: la transición energética española está incompleta, porque sigue ignorando el sistema gasista, que representa más del 21 % de la energía primaria del país y depende casi en su totalidad de gas fósil.
Un sistema que colapsa, otro que ni se toca
“España no ha hecho los deberes a la hora de descarbonizar su energía, ha puesto el foco en el sistema eléctrico, donde se está avanzando rápido, pero tenemos que trabajar sobre la sustitución directa de consumos fósiles”, señaló José María González Moya, director general de APPA. Y el dato es contundente: solo el 0,15 % del gas que se consume en el país proviene de fuentes renovables como el biogás o el biometano.
Desde la sección APPA Biogás, la organización reclama una intervención urgente y estructural: impulsar el desarrollo del biogás y el biometano, vectores renovables que podrían descarbonizar el sistema gasista sin necesidad de cambiar infraestructuras ni alterar los usos industriales, domésticos o térmicos.
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Por qué el biometano es parte de la solución
A diferencia de otras soluciones energéticas, el biogás se obtiene a partir de la fermentación de residuos orgánicos ya existentes —agrícolas, ganaderos, urbanos— y su versión purificada, el biometano, puede inyectarse directamente en la red de gas natural, sustituyendo combustibles fósiles sin necesidad de grandes inversiones. Además, su producción genera digestato, un subproducto que puede usarse como fertilizante, cerrando el círculo de la economía circular.
España tiene el potencial para producir más de 40 TWh de biometano al año, según estimaciones de la Comisión Europea, lo que permitiría cubrir cerca del 13 % de la demanda nacional de gas en 2030. Sin embargo, hoy existen apenas 17 plantas operativas, mientras países como Francia superan las 700 y Alemania las 11.000 instalaciones de biogás.
Lo que APPA exige (y el Congreso no escucha)
Desde APPA Biogás se pide una estrategia nacional que incluya un régimen económico específico para estas plantas, criterios ambientales unificados, una ventanilla única para acelerar trámites y, sobre todo, el derecho efectivo a inyectar biometano en la red gasista. También alertan sobre campañas de greenwashing que promueven el gas renovable sin aclarar el porcentaje real de biometano que contienen los suministros.
La paradoja es evidente: el país colapsó por no tener red suficiente para tanta electricidad renovable, pero sigue sin mirar al gas, que ni siquiera empezó su transición. Y cuando se propone una norma, aunque limitada, para resolver parte del problema, el Congreso la tumba por cálculos partidarios y discursos ideológicos.
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La transición energética necesita menos eslóganes y más decisiones
El rechazo del Decreto‑ley 7/2025 no fue solo una derrota del Gobierno, sino una señal de que la política española aún no está a la altura del desafío energético y climático. En ese contexto, el reclamo de APPA tiene un valor estratégico: no se trata solo de reclamar por el biometano, sino de recordar que sin una visión completa, la transición energética no es tal.
Porque si el sistema eléctrico colapsa y el sistema gasista sigue fósil, de poco sirve hablar de objetivos para 2030 o 2050. El futuro no se construye solo con intenciones, sino con políticas coherentes, sostenidas y técnicamente respaldadas. Y el biometano, como bien recuerda APPA, es una de esas herramientas que ya existen, pero que siguen esperando una decisión política para volverse realidad.
