El 2 de septiembre celebramos en Argentina el Día de la Industria, una fecha que remite a la primera exportación manufacturera realizada en 1587: tejidos que salieron desde Santiago del Estero rumbo a Brasil. Aquella experiencia inaugural nació de la fibra vegetal transformada en manufactura. En otras palabras, nuestra historia industrial empezó como bioindustria.
Esa impronta se consolidó décadas después con ingenios azucareros, frigoríficos, molinos, curtiembres, que extendieron la agroindustria por el territorio y la convirtieron en columna vertebral de un desarrollo federal. Hubo una época en que eso nos colocó entre las grandes potencias del mundo. Sin embargo, buena parte del discurso del siglo XX despreció esa identidad: la “verdadera” industria es la pesada —siderurgia, cemento, hidrocarburos— y, con ese sesgo, se impulsaron políticas para forzar su crecimiento penalizando al sector que ya generaba riqueza, empleo y divisas. Como si ser un país agroindustrial fuese una condena y no una plataforma. A pesar de ese desdén, la agroindustria sostuvo a la economía una y otra vez. Esa persistencia no es casualidad: es estructura.
En los últimos años, la bioeconomía, que amalgama a la bioindustria con la sustentabilidad, dejó de ser un tópico ambiental para convertirse en una herramienta concreta de política industrial. Ya no es un tema de futuro ni de nichos académicos: es el presente de las grandes potencias, que la usan para rediseñar sus estructuras productivas, defender su autonomía tecnológica y competir en mercados globales. Cada país lo hace a su manera, con su discurso y su contexto, pero todos la integran a su matriz de poder. Todos, menos Argentina.
Desde Europa, el impulso viene envuelto en retóricas de sostenibilidad. La nueva estrategia de bioeconomía de la Unión Europea —en elaboración y prevista para fines de 2025— ya no se enfoca en la gestión ambiental, sino en el crecimiento económico, la innovación y el desarrollo territorial. Se integrará con el Clean Deal Industrial, la Brújula de la Competitividad y otras iniciativas que buscan reindustrializar el bloque con tecnologías limpias. Es cierto que muchas de esas políticas están diseñadas para proteger su industria, incluso con criterios ambientales que a menudo operan como barreras comerciales. Pero lo hacen con un fin claro: consolidar su competitividad biobasada, incluso si eso implica perjudicar a terceros países. Esa es la diferencia. Europa puede gustarnos más o menos, pero actúa estratégicamente.
Estados Unidos, por su parte, impulsa su bioindustria desde una lógica más cruda, pero igual de eficaz. Con Biden, la bioeconomía estuvo enmarcada en políticas más ambientales y climáticas, como el Green Deal. Con Trump, el giro fue más proteccionista: se elevaron los mandatos de biocombustibles, se exigió producción local, se aplicaron aranceles selectivos y se amplió el financiamiento público a cultivos bioindustriales a través del USDA y el Departamento de Energía. En ambos casos, con narrativas distintas, el objetivo fue el mismo: reindustrialización, soberanía energética y empleo. La biotecnología, la bioenergía y los materiales avanzados son tratados como activos geopolíticos. Nadie discute si la bioeconomía es buena o mala. Simplemente la promueven porque entienden lo que está en juego.
En Canadá, además de los biocombustibles, el eje pasa por las ciencias de la vida, la innovación en salud, la química verde y la formación de talento. Universidades y gobiernos provinciales ya advierten que el cuello de botella no será la tecnología, sino los recursos humanos: faltarán biólogos sintéticos, ingenieros metabólicos, especialistas en biorrefinerías. Por eso lanzan programas educativos para formar profesionales del futuro, anticipando una demanda que otros ni siquiera visualizan.
En el sur global también hay movimientos estratégicos. India está apostando fuerte a la bioeconomía, con programas nacionales que abarcan desde bioenergía hasta fermentaciones de precisión y biomateriales. En Singapur, iniciativas públicas Enterprise Singapore y Startup SG han sido claves para lograr el mayor ecosistema tecnológico del sudeste asiático y uno de los cinco más importantes del mundo, con una muy fuerte participación de las foodtechs.
En América Latina, Brasil, con todo su background en biocombustibles, posicionó la bioeconomía en el G20 y prevé llevarla como tema central a la próxima COP en Belém. Su estrategia abarca desde biorrefinerías amazónicas hasta biocombustibles avanzados.
Uruguay es otro ejemplo contundente de la región: la biomasa se ha convertido en el motor de su economía, con las mayores inversiones históricas en la industria foresto-industrial. Sus exportaciones de celulosa ya desplazaron a la ganadería del primer lugar, y en 2024 la energía de biomasa superó a la fósil dentro de la matriz energética nacional. No se trata de un proyecto piloto ni de un plan pendiente, sino de un cambio estructural que transformó al país en pocos años.
Colombia, por su parte, cuenta con una estrategia nacional clara, articulada con ciencia, ambiente y producción. Todos los países que nos rodean están haciendo algo. Todos, menos nosotros.
Argentina tiene lo esencial: un sistema científico-tecnológico robusto en el contexto regional; empresas líderes en biotecnología agrícola; cooperativas y clusters agroindustriales con capacidad para operar como nodos de biorrefinería; startups de bioinsumos con proyección exportadora; diversidad de biomasa; suelos con potencial de secuestro de carbono; redes logísticas y conocimiento operativo en campo y planta. Lo que no tiene —y eso es lo que hoy nos cuesta caro— es una estrategia de política que convierta activos dispersos en una estrategia nacional.
Hoy, la bioeconomía argentina existe, pero no como estrategia. Es un fenómeno disperso, frágil, empujado por la voluntad de algunos emprendedores, investigadores o gobiernos provinciales, pero sin dirección nacional. La ley de biocombustibles perdió vigencia en 2021, fue reemplazada por un régimen restrictivo y una nueva normativa duerme en los cajones del Congreso. Mientras tanto, vivimos la contradicción más absurda: importamos combustibles fósiles porque nuestra capacidad de refinación no alcanza, al mismo tiempo que nuestras biorrefinerías operan con mucha capacidad ociosa. Tampoco hay leyes de promoción de bioindustrias. No hay objetivos federales ni marcos regulatorios que den previsibilidad. Hay esfuerzos valiosos, sí. Pero todos aislados. Y eso, en el contexto global actual, equivale a quedarse atrás.
No se trata de subsidios ni de proteccionismo clásico. Se trata de diseñar herramientas inteligentes para orientar la inversión, la innovación y el trabajo hacia sectores estratégicos. En bioeconomía, eso significa generar condiciones para que la producción biobasada escale, compita y transforme territorios. Podrían ser regímenes fiscales para biorrefinerías, créditos verdes, mercados de carbono que remuneren la captura biológica, estándares de sostenibilidad. También políticas científicas que vinculen de manera más efectiva al sistema tecnológico con las cadenas productivas. Y programas educativos que preparen a los profesionales del futuro.
Lo esencial es entender que la bioeconomía ya no es solo un tema ambiental: es una disputa económica, tecnológica y territorial. Si no generamos reglas propias, nos regirán las ajenas. Y si no la pensamos como estrategia, quedaremos atrapados entre las barreras verdes impuestas por quienes sí planifican su desarrollo.
Comenzamos nuestra historia industrial con fibras transformadas en telas. Hoy podemos volver a empezar, esta vez con biotecnología, bioenergía, bioinsumos y biomateriales. La bioindustria no es una amenaza para nuestra identidad: es su evolución. Argentina puede volver a liderar si se anima a reconocer en su origen la clave de su futuro.
