Tucumán no tiene petróleo, pero tiene azúcar. Córdoba no tiene litio, pero tiene maíz. Santa Fe no tiene gas, pero tiene aceite. Y ninguna de estas provincias tiene tiempo que perder. En palabras de Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, el destino de millones de argentinos del interior depende hoy de una ley que aún espera su tratamiento parlamentario, pero que ya desató una de las coaliciones más firmes de los últimos años entre provincias productoras e industria nacional: la nueva Ley de Biocombustibles.
Con el respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y las uniones industriales de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán, el proyecto impulsado por la Liga de Provincias Bioenergéticas fue presentado ante el Congreso de la Nación bajo los expedientes S-1495/24 en el Senado y 4752-D-2024 en Diputados. Pero el gesto político más potente llegó días después, cuando Martín Rappallini, presidente de la UIA, y Eduardo Nougués, su secretario, elevaron una nota formal al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitando el acompañamiento del Poder Ejecutivo para su tratamiento.
Una transición energética con acento federal
Lo que está en juego no es solo una reforma técnica, sino un rediseño profundo del modelo energético argentino. El nuevo marco normativo plantea un cambio de paradigma: dejar atrás un esquema de precios y cupos fijados por el Estado para pasar a un sistema competitivo, basado en licitaciones transparentes entre privados. La propuesta contempla cortes obligatorios crecientes de bioetanol y biodiesel en los combustibles, pero también abre la puerta a un mercado libre por encima de esos mínimos, habilitando el uso de motores flex y kits de conversión que maximicen el aprovechamiento de la biomasa nacional.
Según la declaración conjunta firmada por las provincias, la ley busca agregar valor a las materias primas locales como caña de azúcar, maíz y soja, reducir importaciones de combustibles fósiles y ahorrar divisas, al tiempo que dinamiza cadenas productivas estratégicas y mejora la calidad del aire urbano mediante menores emisiones contaminantes.
El proyecto también propone una ampliación del horizonte tecnológico: incorpora incentivos para la producción de biocombustibles destinados al transporte aéreo, marítimo y fluvial, y reconoce la facultad de las provincias para establecer regímenes específicos de aplicación en sus territorios.
Un grito desde el norte: “Sin bioetanol no hay futuro”
Pocas veces el reclamo por una política energética estuvo tan cargado de urgencia territorial como ahora. Jorge Rocchia Ferro no escatimó dramatismo al describir la situación del norte argentino: “Tucumán no tiene petróleo, no tiene minerales, no tiene litio funcionando. Lo que tenemos es una columna vertebral que se llama azúcar. Y si no la defendemos con decisión, vamos a condenar a nuestra gente a la pobreza y a la emigración masiva”.
Hoy, el corte obligatorio de bioetanol en naftas se encuentra en el 12%, repartido en partes iguales entre maíz y caña de azúcar. Pero para las economías regionales, ese número ya no alcanza. “Necesitamos que ese porcentaje crezca rápidamente. Esto no es un capricho: es la única manera de darle rentabilidad a nuestra producción, sustituir importaciones de combustibles y generar empleo genuino en el norte”, advirtió el dirigente industrial.
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¿Por qué una nueva ley?
Desde la Liga de Provincias Bioenergéticas insisten en que el régimen actual, centrado en cupos fijos asignados por el Estado y precios administrados, ha perdido capacidad de tracción. Las inversiones están paralizadas, las plantas operan con incertidumbre y la oportunidad de sustituir importaciones se diluye mientras Argentina importa gasoil y naftas refinadas en un contexto de restricción externa.
El nuevo texto propone corregir esas distorsiones con reglas de mercado más claras, predecibles y competitivas.
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Qué dice el nuevo proyecto de ley de biocombustibles
El proyecto de ley S-1495/24 modifica la Ley 27.640 y establece un nuevo marco regulatorio integral para los biocombustibles. Sus ejes centrales son:
1. Sustitución de cupos por licitaciones públicas. Se crea un sistema obligatorio de licitaciones periódicas y transparentes para abastecer los cortes obligatorios. Se eliminan cupos fijos y precios regulados por el Estado.
2. Cortes obligatorios en aumento. El biodiesel en gasoil pasa del 7,5% al 15% para 2027. El bioetanol en naftas crece del 12% al 15% entre para 2026. A partir del segundo año, la autoridad podrá aumentar los porcentajes según oferta y capacidad logística.
3. Mercado libre. Por fuera de las mezclas mínimas obligatorias, se habilita la venta y uso libre de biocombustibles puros o en mezcla, como E85 o B100, para actores privados.
4. Vehículos y tecnología flex. Se autoriza la homologación y comercialización de vehículos flex, surtidores flex y kits de conversión. Se adaptan las normas de emisión para su funcionamiento.
5. Incorporación de nuevos biocombustibles. Se reconocen productos como biojet, biogás, biometano, bio-GNL, HVO, bio-oil y otros. Todos podrán usarse en mezclas voluntarias u obligatorias.
6. Licitaciones diferenciadas. El bioetanol se adjudica con listas separadas para caña y maíz. En biodiesel, se distribuyen volúmenes entre empresas integradas y no integradas, con garantías mínimas para pymes.
7. Participación limitada de petroleras. Las refinerías podrán participar en el excedente de mezcla obligatoria, con límites del 50% sobre el corte adicional.
8. Evaluación ambiental y ciclo de vida. Para habilitar plantas, se exige estudio de impacto ambiental y análisis de ciclo de vida con indicadores internacionales.
9. Competencias ampliadas de la Autoridad de Aplicación. Desde licitaciones, control de calidad, auditorías, hasta publicación mensual de estadísticas y monitoreo de competencia.
10. Origen nacional obligatorio. Por 18 años, los biocombustibles utilizados en mezclas obligatorias deben ser de origen argentino.
11. Régimen sancionatorio. Incluye penalidades por incumplimientos en entrega, retiro o adulteración, y control de abusos de mercado.
12. Transición normativa. Deroga las leyes 23.287, 26.093 y 26.334. Mantiene el sistema actual hasta que se implementen las licitaciones, con un plazo máximo de 90 días.
