Una silla fabricada en Corrientes, un tablero producido en Misiones o una caja de cartón impresa en Buenos Aires podrían encontrar pronto nuevos destinos en los pasillos de supermercados europeos. Pero para que eso ocurra, la forestoindustria argentina deberá superar un desafío mayúsculo: demostrar, con trazabilidad rigurosa, que cada fibra de madera utilizada proviene de bosques operados en forma sostenible. El reloj ya empezó a correr.
La reciente firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea promete conformar una de las zonas de libre comercio más relevantes del planeta, con un mercado potencial de más de 700 millones de habitantes. Para los productos forestales —como madera, celulosa, papel, muebles y cartón— esto significa acceso preferencial, reducción de aranceles y, en algunos casos, desgravación progresiva. Pero el acceso no será automático ni incondicional.
Europa ya no solo exige calidad y precio. Ahora demanda trazabilidad, sostenibilidad y cumplimiento ambiental estricto. En particular, el Reglamento de Productos Libres de Deforestación (EUDR), cuya implementación plena comenzará en 2026, prohibirá el ingreso de productos vinculados directa o indirectamente con la deforestación. Así, cada exportación deberá respaldarse con datos confiables sobre el origen de la materia prima, las prácticas de manejo forestal y la integridad del ecosistema involucrado.
CONFIAR: “El acuerdo es una oportunidad, pero exige una agenda urgente”
Desde el Consejo Foresto-Industrial Argentino (CONFIAR), entidad que nuclea a los principales actores del sector, celebraron el avance del acuerdo UE-Mercosur pero con una advertencia clara: el país solo podrá capitalizar esta oportunidad si acelera su preparación técnica, normativa y financiera para cumplir con los estándares europeos.
“El acuerdo plantea una oportunidad concreta, pero también una agenda de trabajo”, expresaron desde la entidad. “Para competir en mercados exigentes se necesitan inversiones en tecnología, procesos y financiamiento accesible. Asimismo, urgen políticas que mejoren la competitividad —como la optimización de costos logísticos y la reducción de la carga fiscal, burocrática y laboral— para acompañar a las empresas, especialmente a las PyMEs del interior, a capitalizar esta oportunidad”.
Uno de los ejes estratégicos identificados es la necesidad de promover sistemas de certificación forestal que garanticen el cumplimiento de normas ambientales. CONFIAR destacó que Argentina parte de una base sólida gracias a su legislación —especialmente la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados— y al avance en sistemas de manejo sostenible. No obstante, advierten que se necesitará una expansión mucho más acelerada de herramientas de trazabilidad, mecanismos de certificación y acceso a crédito para reconvertir procesos productivos.
El Consejo propone canalizar estos esfuerzos mediante bancos públicos y agencias de desarrollo, apuntando a modernización tecnológica, eficiencia energética, bioenergía y digitalización de la trazabilidad. La articulación entre sector público, provincias, sistema financiero y empresas será clave para que la forestoindustria se transforme en un vector de empleo, valor agregado y desarrollo territorial con visión exportadora.
Entre la resiliencia y la exportación: el sector de la madera se acomoda a un nuevo escenario
PEFC Argentina: el crecimiento silencioso de la certificación forestal
Mientras tanto, otra parte del sector viene tejiendo la red necesaria para responder a estos desafíos desde la base: la certificación forestal. El sistema PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), presente en más de 50 países y con más de 296 millones de hectáreas certificadas en el mundo, avanza sostenidamente en Argentina.
Actualmente, PEFC certifica 380.693 hectáreas de bosques gestionados de manera sostenible en cinco provincias: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. Lo notable es que el 43% de esta superficie corresponde a bosques nativos, pastizales y humedales gestionados con fines de conservación, mientras que el 57% son plantaciones con objetivos productivos. Esta proporción evidencia un enfoque integral: producir, sí, pero sin resignar biodiversidad ni servicios ecosistémicos.
Florencia Chavat, responsable de PEFC Argentina, lo resume con contundencia: “La certificación PEFC en Argentina demuestra que es posible producir y conservar al mismo tiempo. Nuestro sistema integra grandes, medianos y pequeños productores, y pone en valor tanto los bosques implantados como los bosques nativos y otros ecosistemas clave”.
Un hito reciente fue la emisión, en 2025, del primer y único certificado de gestión forestal sostenible en bosques nativos bajo el sistema PEFC, otorgado a un pequeño productor de Misiones. Este precedente marca un camino posible para democratizar la certificación en territorios donde conviven producción, cultura y biodiversidad.
Cadena de Custodia: una trama invisible que será cada vez más visible
Más allá del manejo forestal en origen, el desafío clave de la trazabilidad se juega en lo que ocurre después: cómo viaja esa madera desde el monte hasta el producto final. Allí entra en juego la Cadena de Custodia (CdC), un sistema que garantiza que los productos derivados (como papel, muebles o biomasa) provienen efectivamente de fuentes certificadas.
En este aspecto, PEFC Argentina contabiliza 23 certificados vigentes que atraviesan cadenas de valor tan diversas como celulosa, impresión, tanino, energía eléctrica, packaging o luthería. Entre ellos se destaca el único certificado grupal de PyMEs forestoindustriales de la cadena de valor de la madera aserrada: un modelo innovador que busca facilitar el acceso a pequeños actores y fortalecer el entramado productivo local.
“El crecimiento de la Cadena de Custodia es uno de los grandes desafíos de esta etapa. Nuestro objetivo es acompañar a más industrias y PyMEs para que puedan certificar, sumar valor a sus productos y responder a una demanda global cada vez más exigente en términos de trazabilidad y sostenibilidad”, explicó Chavat.
De cara a los compromisos climáticos y ambientales que definen la agenda global, la certificación se posiciona como un pasaporte verde. No es solo un requisito comercial: es una herramienta de competitividad, de acceso a mercados, de diferenciación positiva y, sobre todo, de sostenibilidad con sentido estratégico.
Un país con potencial, pero sin margen para la demora
Con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales —el 80% localizadas en la Mesopotamia—, Argentina tiene la materia prima, la tradición productiva y un ecosistema empresarial con más de 13.000 productores y 6.000 empresas. La forestoindustria emplea a 100.000 personas y exporta por unos 550 millones de dólares al año.
Pero para escalar, necesita cerrar la brecha que existe entre su potencial forestal y su capacidad de cumplir con los nuevos requisitos globales. Según estimaciones de la consultora finlandesa AFRY, el valor de la industria forestal global crecerá en más de 210 billones de dólares entre 2019 y 2035. La pregunta es si Argentina se posicionará como proveedor confiable, certificado y sostenible, o quedará relegada en un mercado cada vez más competitivo y selectivo.
La respuesta no dependerá solo de tratados internacionales ni de discursos sectoriales. Dependerá de la acción concreta, de la inversión en trazabilidad, del fortalecimiento institucional, del apoyo a las PyMEs y, sobre todo, de entender que en el mundo que viene, los árboles no solo se cuentan por hectáreas, sino por la historia que puedan contar.
