Brasil construyó, durante las últimas décadas, una de las arquitecturas de política pública más sólidas del mundo para integrar biocombustibles a gran escala y convertirlos en un pilar operativo de la descarbonización del transporte. No se trata únicamente de mandatos de mezcla —aunque estos son decisivos—, sino de un sistema que combina volumen, previsibilidad y métricas climáticas verificables.
En el plano más visible para el consumidor, Brasil consolidó un sistema de mezclas obligatorias y uso adicional voluntario que, por su magnitud, no tiene equivalente en la mayoría de los países: el etanol forma parte estructural de la gasolina, y el biodiésel se integra al diésel como política de Estado. En 2025, por decisión del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE), el país resolvió elevar el porcentaje de etanol en naftas al 30% y el de biodiésel al 15%, con implementación desde el 1° de agosto de ese año. Esos porcentajes, además, se apoyan en un marco normativo que amplía rangos posibles y fija trayectoria de largo plazo dentro del programa “Combustibles del Futuro” (Combustíveis do Futuro), reforzando la idea de que la sustitución de fósiles no será episódica, sino progresiva y planificada.
Pero el rasgo distintivo de Brasil no es solo “cuánto” biocombustible usa. Es cómo lo integra al lenguaje contemporáneo de la descarbonización, que ya no se decide por etiquetas (“renovable” vs “fósil”), sino por métricas: cuántas emisiones se generan —o se evitan— en todo el ciclo productivo. Allí entra en escena RenovaBio, la Política Nacional de Biocombustibles creada en 2017, cuyo objetivo explícito es reducir la intensidad de carbono de la matriz de combustibles del transporte y sostener ese objetivo mediante certificación y un mercado regulado de créditos. En términos simples: Brasil no solo obliga a mezclar biocombustibles; obliga a demostrar su desempeño climático real.
Esa demostración descansa en un engranaje técnico de enorme relevancia: RenovaCalc, la calculadora oficial que compara la intensidad de carbono de los biocombustibles con sus equivalentes fósiles (gasolina, diésel y gas natural) y sirve de base para certificar plantas y calcular créditos de descarbonización (CBIOs). La consecuencia práctica es directa: cuanto más bajo el valor de intensidad de carbono certificado, mayor el beneficio económico para el productor. Es un incentivo directo a mejorar.
Precisamente, el 29 de enero, Embrapa — el principal organismo público de investigación agropecuaria de Brasil— dio a conocer dos estudios publicados en la revista Sustainability (acceso abierto, en inglés) que refuerzan la transparencia y la precisión de ese cálculo. El primero describe en detalle la metodología RenovaCalc para escrutinio internacional. El segundo construye inventarios estaduales de emisiones para los cultivos clave: caña de azúcar (etanol), soja (biodiésel) y maíz. Es decir: muestra la variabilidad real que existe dentro de un país del tamaño de Brasil.
¿Por qué importa esta heterogeneidad? Porque las evaluaciones de ciclo de vida que usan promedios nacionales o escenarios globales genéricos suelen ocultar diferencias muy significativas: manejo del suelo, rendimientos, insumos, uso de energía en la industria, logística, etc. Los trabajos de Embrapa permiten afinar RenovaCalc con perfiles regionales más representativos, reemplazando supuestos generalistas por datos más cercanos a la realidad productiva.
La publicación en inglés y en una revista científica tiene otro efecto estratégico: abre la metodología brasileña al escrutinio global. Cualquier investigador, regulador o comprador internacional puede leerla, entenderla, compararla y cuestionarla. No es un gesto menor: es una jugada de transparencia y legitimidad en un momento donde la trazabilidad y la defendibilidad de los datos son cada vez más decisivas.
Esa defendibilidad, sin embargo, no sería completa si solo se basara en emisiones y omitiera el origen de la biomasa. En el esquema brasileño, la trazabilidad funciona como un «filtro de elegibilidad»: RenovaBio solo permite certificar volúmenes que demuestren cumplimiento estricto con el Código Forestal, cruzando la información de los productores con los datos georreferenciados del Catastro Ambiental Rural (CAR). No se premia la eficiencia técnica si la materia prima proviene de un área deforestada. Así, la legitimidad del sistema queda blindada por una doble llave: la métrica científica de carbono y la legalidad geográfica del cultivo.
Y aquí es donde aparece el contraste con Europa.
La Comisión Europea actualizó el 20 de enero su clasificación de materias primas con “alto riesgo” de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC) y, por primera vez, incluyó a la soja en esa categoría; el efecto práctico es que el biodiésel de soja deja de computar como renovable dentro de RED III y queda fuera del mercado europeo bajo ese régimen (ver: Dos veces peor que el fósil… según Bruselas: el disparate que deja sin mercado al biodiésel argentino). El fundamento se apoya en modelos que atribuyen emisiones indirectas a la expansión global del cultivo desde 2008 y a su eventual desplazamiento de otras actividades hacia áreas con alto stock de carbono.
Más allá del impacto comercial inmediato, la discusión de fondo pasa por la naturaleza de los modelos utilizados para justificar esa clasificación.
Los modelos de ILUC fueron concebidos originalmente como herramientas para explorar escenarios sistémicos, no para medir emisiones observadas en una cadena productiva específica. Simulan comportamientos hipotéticos a escala mundial y dependen, en gran medida, de supuestos económicos y bases de datos que evolucionan con el tiempo. Sin embargo, los escenarios utilizados como sustento regulatorio no se contrastan de manera sistemática con la evidencia empírica posterior, ni sus parámetros se actualizan con la misma frecuencia que cambian los sistemas productivos reales.
Rendimientos que suben, mejoras en coproductos, cambios en la frontera agrícola, adopción masiva de siembra directa, trazabilidad satelital, nuevas rotaciones, insumos biológicos… todo eso puede alterar drásticamente los resultados. Aun así, los valores regulatorios permanecen anclados a bases de datos y supuestos construidos hace una década o más.
La diferencia de enfoque es importante: mientras Brasil refuerza el corazón técnico de su política con evaluaciones de ciclo de vida, certificación y mejora de inventarios, Europa aplica una categoría de riesgo que opera a escala sistémica y puede imponerse por materia prima, independientemente del desempeño específico de cada productor. El resultado es que, bajo marcos distintos, un mismo biocombustible puede ser considerado parte de la solución o directamente quedar descalificado.
Sin contraste ex post, sin auditorías periódicas con datos satelitales y sin mecanismos obligatorios de actualización, existe el riesgo de que una herramienta diseñada para formular hipótesis termine funcionando como un “número fijo”, con consecuencias comerciales muy reales, incluso cuando la realidad productiva ya ha cambiado, o más grave aún, cuando esos escenarios nunca superaron el umbral mínimo de validación empírica exigible para una decisión regulatoria.
Por eso la noticia de Embrapa no es solo “un paper más”. Es una señal de cómo Brasil busca sostener su liderazgo: combinando mandato y mercado, pero, sobre todo, poniendo el eje donde se define la legitimidad climática de los combustibles del futuro: en la métrica, en la transparencia y en la calidad de los datos. Y en un mundo donde la descarbonización avanza a golpe de regulaciones y estándares, medir mejor no es un lujo, es una exigencia básica de la ciencia aplicada a la política pública y la única respuesta sólida frente a la incertidumbre que genera el ruido político.
