En los montes del Bierzo, sobre el noroeste español, toneladas de restos forestales se acumulan sin destino. No son basura. Son energía atrapada por trámites, normas confusas y certificados hechos para otras geografías. Son ramas, cortezas, astillas y subproductos que podrían alimentar calderas, secaderos, generadores de calor industrial. Pero que hoy, en la práctica, no pueden hacerlo. Y en su abandono, son caldo de cultivo para los incendios forestales. La razón: España nunca definió un esquema propio que establezca qué biomasa es sostenible según sus realidades productivas, ambientales y territoriales.
Esa deuda histórica podría empezar a saldarse en los próximos días. El Gobierno lanzará una consulta pública previa a la creación de un plan nacional de sostenibilidad para la biomasa sólida. No se trata de una medida aislada, sino de una apuesta estructural para destrabar el uso de uno de los recursos bioenergéticos más abundantes del país, y al mismo tiempo, uno de los menos aprovechados.
El anuncio fue realizado por Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, al inaugurar el II BioCircular Summit, un foro clave para discutir políticas de bioeconomía y circularidad. Allí explicó que este nuevo esquema permitirá simplificar los trámites para acreditar la sostenibilidad y reducción de emisiones de los biocarburantes, el biogás, el hidrógeno verde y otros combustibles renovables. Pero sobre todo, enfatizó que se trata de superar los límites de los esquemas voluntarios europeos, que no siempre se ajustan a la complejidad de los recursos biomásicos españoles.
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Una oportunidad para adaptar reglas a la realidad local
Durante años, España ha intentado aplicar marcos de certificación diseñados para contextos forestales o agrícolas del centro de Europa, sin considerar la enorme diversidad de paisajes, regímenes de propiedad y escalas productivas que caracterizan a su territorio. El resultado ha sido una cadena de frustraciones: proyectos que no califican, trámites imposibles, inversiones detenidas y recursos que se degradan sin uso.
El futuro plan nacional apunta a cambiar esa lógica. Partirá de la realidad productiva del país para definir criterios propios de sostenibilidad, con el objetivo de garantizar que la biomasa sólida —desde podas urbanas hasta restos agroindustriales— pueda aprovecharse de forma renovable, trazable y climáticamente eficaz. Y, al mismo tiempo, se convertirá en una herramienta para activar territorios rurales, prevenir incendios y reducir dependencia de combustibles fósiles.
Groizard lo planteó con claridad: “Este esquema nacional irá más allá de determinados esquemas voluntarios que no siempre encajan con la realidad territorial del recurso en origen”. Es una manera diplomática de decir que España quiere dejar de ser espectadora del diseño normativo europeo para empezar a hablar con voz propia.
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La biomasa sólida entra en el tablero de la transición energética
El anuncio no llega solo. Es parte de un paquete más amplio de medidas que buscan acelerar la descarbonización del país. En paralelo, el Gobierno modificó recientemente por decreto el objetivo obligatorio de incorporación de biocarburantes en el transporte para 2026, llevándolo del 12 % al 14 %. Y ya trabaja en la transposición de la nueva Directiva de Energías Renovables (RED III), que exige que al menos un 30 % del transporte consuma combustibles biorrenovables para 2030.
Este contexto otorga a la biomasa sólida una nueva centralidad estratégica. Ya no es apenas un recurso rural asociado a calefacción residencial o usos marginales: es un vector renovable con potencial industrial, logístico y climático, cuya activación puede reducir emisiones, generar empleo local y aumentar la autonomía energética.
“Es una herramienta clave en el proyecto país”, aseguró Groizard, incluyendo en esa frase a otros vectores como el biogás y los biocombustibles avanzados. Todos ellos forman parte de una visión integral de biocircularidad, donde el recurso se aprovecha en origen, bajo principios de sostenibilidad y eficiencia.
Hidrógeno renovable, industria y ayudas millonarias
Al mismo tiempo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por Sara Aagesen, lanzó a audiencia pública dos proyectos de reales decretos que movilizarán 465 millones de euros en ayudas para la producción de hidrógeno renovable y la descarbonización industrial.
Además, se prevé una tercera norma que contempla al menos 415 millones en ayudas directas para proyectos españoles que participen en la próxima subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, con una tercera parte reservada para aplicaciones en aviación y transporte marítimo.
Estas iniciativas revelan un patrón claro: España quiere posicionarse como líder europeo en energías renovables. Pero para competir en ese escenario, necesita herramientas normativas modernas, ágiles, realistas. El esquema nacional de biomasa sólida se presenta así como una llave regulatoria que podría abrir las puertas a cientos de proyectos postergados por años.
Una oportunidad para desbloquear territorios
La biomasa sólida es, por definición, un recurso territorial: no se transporta fácilmente, no se acumula en grandes centros industriales, no responde a modelos de negocio extractivos. Su lógica es inversa: se produce y se consume cerca, genera empleo local, y puede integrarse a circuitos agroforestales y comunitarios. Detrás de esta consulta pública hay cientos de proyectos rurales esperando habilitación. Hay cooperativas, empresas forestales, comunidades energéticas y ayuntamientos que podrían transformar residuos en calor, electricidad o ingresos, pero que hoy chocan con muros normativos.
Pero esa lógica solo puede florecer si el Estado reconoce su especificidad. Si ofrece reglas claras, certezas jurídicas y una visión estratégica del rol que debe cumplir en la transición energética. La consulta pública que ahora se abrirá será la oportunidad para que el país decida qué quiere hacer con esa biomasa que hoy se acumula sin destino: seguir viéndola como un problema… o convertirla, por fin, en una solución.
