Este espacio nació para hablar de bioeconomía. Para pensar el futuro en clave de ciencia, innovación, cadenas de valor y sostenibilidad. Para analizar lo que ocurre en nuestro país y mirar al mundo con una pregunta siempre abierta: ¿qué podemos adaptar, mejorar, aplicar en nuestra región? Pero a veces la agenda obliga a correrse de ese eje. Porque lo que está en juego no es una tecnología, ni una cadena de valor, sino el rumbo del país. Y lo que pasó en el último Congreso de Maizar fue uno de esos momentos.
Horacio Marín, presidente de YPF, fue uno de los primeros en hablar. Con la claridad de alguien que conoce el negocio, presentó el plan estratégico de la compañía. No se trató solo de un plan corporativo. YPF es una empresa controlada por el Estado argentino. Su presidente responde al Ministerio de Economía. Sus decisiones impactan en la balanza comercial, en la legislación, en la asignación de recursos. En otras palabras: el modelo energético que ejecuta YPF es el modelo que adopta Argentina.
Ese modelo se apoya en la eficiencia al extremo, la rentabilidad como meta y una apuesta total por Vaca Muerta. El objetivo, según Marín, es claro: desplazar a la agroindustria como principal generador de divisas. Así lo dijo, con naturalidad y entusiasmo, mientras mostraba gráficos que proyectaban ese escenario. Como si el agro no fuera un socio estratégico, sino una barrera a superar.
No es una idea nueva. Desde hace más de un siglo se repite, desde distintos sectores influyentes, la necesidad de “superar” al campo. Como si ser un país agroindustrial fuera un castigo. Como si la producción agropecuaria —moderna, intensiva en conocimiento, conectada a la biotecnología— fuera un obstáculo para el desarrollo de otros sectores. Cada vez que ese relato se vuelve política pública, la historia se repite: se le ponen límites al que ya produce, para empujar al que promete.
Vaca Muerta, como se sabe, no creció sola. Lo hizo al calor de cláusulas secretas y subsidios multimillonarios financiados por todos los argentinos. En su etapa inicial, el Estado garantizó precios internos que llegaron a triplicar los valores internacionales del gas. Mientras tanto, la soja y sus derivados pagaban entre un 30% y un 35% de retenciones. Se aseguraban ingresos a una industria madura, como si necesitara ayuda para nacer, y se castigaba con impuestos a un sector que ya exportaba valor, tecnología y empleo.
Este año, YPF invertirá 5.000 millones de dólares. Es una cifra descomunal. Pero hay un dato aún más revelador: solo en 2024, los productores argentinos aportaron al fisco una suma superior en concepto de retenciones.
Lo más contundente, sin embargo, no estuvo en los números, sino en las palabras. En plena exposición, Marín dijo con total claridad: “los intereses de YPF no son los intereses de Maizar”. Aunque la frase puede sonar a obviedad institucional, en ese contexto fue una señal clara. Más aún cuando, al terminar su presentación, en un intercambio informal, agregó: “si fuera por mí, el bioetanol no debería existir”.
No es una declaración menor. Porque el bioetanol, como el biodiesel o el biogás, no son ideas románticas. Son tecnologías reales, aplicadas, que forman parte de una red industrial que ya funciona, que ya genera empleo, que ya sustituye importaciones. Y que —sobre todo— representan otra forma de pensar el desarrollo.
El problema no es lo que piensa Marín. El problema es que los intereses de una empresa petrolera están moldeando la política energética de todo un país. Una política que impulsa un régimen de beneficios extraordinarios —el RIGI— para inversiones fósiles, mientras niega cualquier herramienta similar a la agroindustria. Treinta años de ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias para un sector. Ninguna para el otro.
Mientras Brasil y la India avanzan hacia cortes obligatorios de bioetanol del 30% y el 20%, respectivamente —con flotas flex, marcos legales estables y visión estratégica—, en Argentina seguimos atados a un corte del 12%, con precios controlados por la Secretaría de Energía. Una Secretaría históricamente dominada por actores que vienen del petróleo y que nunca consideraron a los biocombustibles parte de la matriz energética, sino un problema a tolerar.
Y cuando ese “problema” intenta ordenarse mediante una nueva Ley de Biocombustibles, con amplio respaldo federal, que incluso fue incluida en el proyecto de Ley Bases, la respuesta fue quitarla y enviarla al archivo. ¿Será que esos intereses no son los de YPF?
Marín no habló de cambio climático. No mencionó las emisiones. No habló de SAF. Pero sí advirtió que YPF no será rentable si le imponen “impuestos que no existen”. En referencia directa al precio del carbono, vigente en más de 70 países. Como si el calentamiento global fuera un capricho nórdico. Como si las sequías, inundaciones y temperaturas extremas que golpean cada año al agro argentino —y a toda la sociedad— no tuvieran relación con las emisiones que el mundo intenta reducir. Como si fijar un precio al CO₂ fuera ideología, y no simple adaptación a las reglas del comercio internacional.
Porque los mercados ya no “valoran” la huella ambiental. La exigen. Y por eso, desde hace años, en todos los congresos de Maizar se discute cómo hacer una agricultura más sustentable. No como gesto simbólico, sino como ventaja competitiva. La huella de carbono del maíz argentino está entre las más bajas del mundo. Y eso se logró con ciencia, inversión, gestión. Y debería ser orgullo nacional.
En ese contexto, también es difícil entender por qué no hubo RIGI para el proyecto de ampliación de Profertil, la planta de urea controlada por YPF. Una inversión que permitiría abastecer el mercado interno, sustituir importaciones y exportar a Brasil. Más urea es más maíz. Y el maíz exportado es agregado de valor a la biotecnología, a la agronomía y, en última instancia, también al gas de Vaca Muerta. Pero parece que ni siquiera ese círculo virtuoso se promueve si tiene que ver con el agro.
No se trata de pedir privilegios. Se trata de exigir coherencia. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones permite computar el impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias. ¿Cómo puede ser entonces que las retenciones sigan siendo un impuesto autónomo, no deducible ni compensable? ¿Por qué el shale tiene acceso a un régimen fiscal, aduanero y cambiario a medida, y la agroindustria no? ¿Por qué premiar al que promete mientras se sigue penalizando al que es competitivo?
No hay desarrollo posible cuando las reglas solo benefician a un sector. Menos aún cuando ese jugador es juez y parte. Cuando una empresa estatal que debería servir al país decide competir con él. Cuando la política energética se escribe con fósiles y se reparte entre privados. Porque el 49% de la compañía está en manos de accionistas privados que van a capturar esa renta. Ahí, lo que está en juego no es una tecnología. Es el futuro. Y lo que falta es emparejar la cancha para que todos puedan jugar.
