sábado, mayo 30, 2026
 

Once países de América Latina se posicionaron para vender carbono. Argentina, con el mayor potencial, todavía discute cómo

Once países de la región firmaron acuerdos bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París para vender créditos de carbono a valores hasta cinco veces superiores al mercado voluntario. Chile ya tiene USD 1.400 millones comprometidos. Argentina tiene el potencial más grande y el camino institucional más largo.

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Durante casi una década, el Artículo 6 del Acuerdo de París —el mecanismo que permite transferir entre naciones los resultados concretos de reducir emisiones— acumuló borradores, enmiendas y reuniones técnicas sin terminar de activarse. Los países negociaban textos en cada cumbre climática, acordaban principios y postergaban los detalles operativos para la siguiente. Ese ciclo, al fin, se cerró.

El mercado existe.

Hoy hay más de 100 acuerdos bilaterales firmados o en negociación entre países, las primeras transferencias internacionales de resultados de mitigación —denominadas ITMOs, por sus siglas en inglés— ya están en proceso, y once naciones de América Latina están posicionadas como vendedoras en ese esquema. La región representa el 20% de los acuerdos globales bajo este mecanismo.

Esos fueron algunos de los datos centrales del encuentro regional organizado por la Red Carbono LATAM —una plataforma de articulación técnica y política que reúne a actores públicos y privados del sector en América Latina— del que participaron la Mesa Argentina de Carbono junto a referentes de Chile, Perú y Paraguay. No fue una reunión de intenciones: fue una revisión de estado de avance. Y los estados de avance son muy distintos según el país.

Qué es el Artículo 6 y por qué su precio importa

Antes de entrar en los países, conviene entender qué hace diferente a este mercado del que ya existía.

El mercado voluntario de carbono —donde empresas compran créditos para compensar su huella de manera discrecional— lleva años operando con resultados dispares. Los precios son bajos, la demanda es errática y la credibilidad de algunos créditos ha sido cuestionada. Muchos proyectos en América Latina que podrían reducir emisiones a escala no consiguen financiamiento porque los números no cierran con esos precios.

El Artículo 6 cambia esa ecuación por dos razones. Primera: la demanda ya no depende de decisiones corporativas voluntarias sino de compromisos que los países asumieron ante la comunidad internacional para cumplir sus metas climáticas. Es una demanda estructural. Segunda: el precio refleja esa diferencia. Los créditos comercializados bajo este mecanismo pueden alcanzar valores entre dos y cinco veces superiores a los del mercado voluntario.

Esa brecha de precio no es un detalle técnico. Es la variable que determina si un proyecto de manejo forestal en el norte argentino o de energía renovable en Paraguay es financieramente viable o no. A precio voluntario, muchos no lo son. A precio Artículo 6, sí.

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Chile: primero en regular, primero en cobrar

De los cuatro países representados en el encuentro, Chile es el que muestra la secuencia más completa. Definió el marco regulatorio, autorizó proyectos y atrajo capital. En ese orden.

El Ministerio del Medio Ambiente de Chile autorizó cinco proyectos bajo el Artículo 6, tres de los cuales están además validados en acuerdos internacionales. La cartera de inversiones comprometidas asociada a esos proyectos se estima en USD 1.400 millones. No es una proyección: es capital que ya tiene dirección.

«Chile ha avanzado en generar un marco que brinda certezas para el desarrollo de proyectos y su vinculación con mercados internacionales, lo que permite transformar oportunidades en inversiones concretas», señalaron desde Carbono Chile AG, la asociación que agrupa a los operadores privados del sector. La certeza regulatoria, en este mercado, no es un valor soft: es la condición mínima que exige cualquier comprador internacional antes de comprometer fondos a diez o quince años.

Lo que el caso chileno demuestra es que el ciclo completo es posible dentro de la región. Y que los inversores internacionales responden cuando las reglas son estables.

Perú: la Amazonía como activo financiero

Perú llega con una ventaja estructural que pocos países pueden replicar: más de una década de experiencia en proyectos REDD+, el mecanismo internacional que reconoce económicamente la conservación de bosques tropicales como forma de mitigación. Esa trayectoria, acumulada principalmente en la Amazonía, le da al país una base técnica e institucional sobre la que ahora construye su estrategia bajo el Artículo 6.

El gobierno peruano ya identificó 66 medidas de mitigación susceptibles de convertirse en proyectos elegibles para el mercado internacional y trabaja en los sistemas de registro y verificación que permitan escalarlos.

«El Artículo 6 representa una herramienta clave para potenciar el desarrollo de proyectos en el territorio con alto impacto ambiental y social, conectando ese valor local con la demanda internacional», destacaron desde la Asociación Peruana de Carbono. Lo que Perú pone en el mercado no es solo carbono: son ecosistemas amazónicos, biodiversidad y servicios ambientales que el resto del mundo necesita pero no puede producir.

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Paraguay: exportar lo que siempre tuvo

Paraguay llega con un perfil diferente pero con una claridad estratégica que pocos países de la región exhiben con tanta franqueza: el mercado de carbono es un eje de crecimiento económico, no un objetivo ambiental lateral.

El país tiene dos activos concretos. Una matriz energética casi completamente renovable, sustentada en gran parte en la energía hidroeléctrica del Paraná. Y un potencial significativo en soluciones basadas en la naturaleza.

Sobre esa base, avanza en la implementación de su Registro Nacional de Carbono, en la reglamentación que habilitará las transferencias internacionales y en la homologación de estándares. El reciente Paraguay Carbon Forum dejó en claro que el gobierno considera este mercado una prioridad, no una agenda secundaria.

Argentina: el potencial más grande, la silla vacía

Y entonces llega Argentina.

Según estimaciones del Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería —dos instituciones técnicas con trayectoria y respaldo académico—, el país podría generar al menos 131,4 millones de créditos de carbono por año. A los precios del Artículo 6, eso se traduce en exportaciones de entre USD 1.400 y USD 3.900 millones anuales. El rango es amplio porque depende del precio al que efectivamente se comercialicen esos créditos, pero incluso el piso es una cifra que pocas exportaciones argentinas alcanzan.

Los sectores involucrados abarcan casi toda la economía productiva del país: energías renovables, agricultura con reducción de emisiones, manejo de bosques nativos, gestión de residuos. No son sectores por construir: ya existen, ya operan, ya generan reducciones de emisiones. Lo que no existe todavía es el marco que permita darles precio internacional.

«La implementación del Artículo 6 representa una oportunidad concreta para transformar el capital natural del país en una fuente de divisas, inversión y desarrollo federal», señaló Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono —el espacio de articulación público-privada que trabaja en el posicionamiento del país en estos mercados—. El énfasis en desarrollo federal tampoco es casual: los proyectos con mayor potencial están en provincias con poco acceso a otras formas de inversión externa. El norte, el noroeste, la Patagonia.

La distancia entre el potencial y la realidad no es geográfica ni técnica. Es institucional. Chile definió las reglas, autorizó proyectos y atrajo capital. Argentina todavía está construyendo el andamiaje para poder hacer lo primero.

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Una región articulada vale más que once países sueltos

Más allá de las diferencias entre países, el encuentro de la Red Carbono LATAM apuntó a algo que trasciende los avances individuales: la coordinación regional como estrategia.

Los compradores internacionales de créditos de carbono —fondos soberanos, empresas con metas de descarbonización, gobiernos con compromisos climáticos— negocian con información, experiencia y equipos legales que la mayoría de los países de la región no puede igualar en una negociación bilateral. Una región articulada, con estándares comunes, registros homologados y posiciones coordinadas, tiene otra capacidad de negociación.

Es la diferencia entre vender commodities uno por uno al precio que fija el comprador, o construir una oferta con poder de mercado propio. América Latina tiene los activos. Lo que está construyendo ahora es la arquitectura para no subvaluarlos.

 
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