Mientras crecen las dudas por su política de preservación de bosques, Indonesia es recompensada por frenar la deforestación

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Los esfuerzos del gobierno de Indonesia para frenar la deforestación y las emisiones de carbono han han sido recompensados. Recientemente ha obtenido 124,1 millones de dólares del gobierno noruego y del Fondo Verde para el Clima (FVC) de las Naciones Unidas por los resultados obtenidos en la iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD +)

En medio de disputas sobre los reclamos del gobierno con respecto a la reducción de la deforestación y los incendios forestales, las subvenciones demuestran confianza entre la comunidad internacional en la capacidad de gobernanza forestal del país, a pesar de la presión para una rápida expansión agroforestal.

El reconocido periodista local, Adisti Sukma Sawitri escribió en un artículo publicado por Jakarta Post que el gobierno aún tiene mucho por hacer para demostrar que puede estar a la altura de las expectativas locales e internacionales. El proyecto de ley general sobre creación de empleo, que actualmente se está deliberando en la Cámara de Representantes, puede socavar el manejo forestal futuro en el país.

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Sawitri advierte que el proyecto de ley, que modificará 79 leyes vigentes, busca centralizar la gestión ambiental y la concesión de licencias, despojando a las administraciones locales del control sobre los recursos naturales, incluidos la tierra y los bosques. La ley revocará los regímenes actuales de gobernanza forestal en los que la autoridad y la supervisión de la concesión de licencias son compartidas entre los gobiernos central y local.

Entre los cambios críticos que se realizarán a través de la legislación, se establece que el gobierno central será la única autoridad para resolver reclamos y permisos superpuestos relacionados con la tierra y los bosques.

El proyecto de ley también elimina el Análisis de Impacto Ambiental (Amdal) y otros permisos ambientales que son requisitos para la emisión de una licencia comercial y propone que los estudios de factibilidad ambiental sean realizados por el gobierno central y se conviertan en la base para la emisión de una licencia comercial.

Por lo tanto, se eliminarán todos los mecanismos que permiten a las personas impugnar los permisos ambientales en los tribunales, dejando al gobierno central como el único supervisor y encargado de hacer cumplir la ley en el sector de los recursos naturales. Las empresas solo necesitan responder al gobierno central si se considera que han violado las normas y acuerdos ambientales.

En opinión de Sawitri, un poder tan grande conferido al gobierno central debe ser motivo de preocupación ya que, a pesar de su reciente logro en el financiamiento de REDD +, aún no ha demostrado que pueda lograr una resolución justa y pacífica de los conflictos entre corporaciones y ciudadanos comunes.

El Consorcio de Reforma Agraria (KPA) registró al menos nueve conflictos de tierras durante la pandemia, en su mayoría con residentes locales acusados ​​de entrometerse en concesiones de empresas.

Más que asuntos legales, las disputas muestran que las concesiones de tierras y bosques han marginado a las personas que viven cerca, lo que las obliga, cuando se les priva de los derechos sobre la tierra, a tomar el asunto en sus propias manos para defender sus medios de vida.

Una investigación colaborativa de la revista Tempo, Betahita, Mongabay, Malaysiakini y Auriga Nusantara reveló que las empresas de pulpa y aceite de palma contribuyeron a los incendios forestales en 2019. Los análisis de imágenes satelitales y las visitas de campo a los sitios de concesión encontraron que las empresas habían drenado los bosques de turba para iniciar las plantaciones, provocando incendios que se propagan rápidamente.

Las regulaciones actuales prohíben la apertura y el cultivo de turberas debido al riesgo de incendios forestales resultantes. Los pantanos de turba que se drenan antes de plantarlos generalmente se vuelven muy secos y se queman fácilmente durante la estación seca. Los impactos de los incendios en los antiguos pantanos de turba suelen ser peores que los de otros incendios forestales debido a la gran cantidad de carbono que contienen los bosques de turba.

Pero debido a la debilidad de la aplicación de la ley contra las empresas que han provocado incendios, la mayoría de ellas evadieron la justicia el año pasado. Los agricultores que invadieron las concesiones forestales, sin embargo, han sido arrestados y castigados.

En opinión de Sawitri, con este aparente sesgo hacia las corporaciones y la historia de renuencia a crear un régimen justo de gobernanza forestal, la centralización de la autoridad bajo el proyecto de ley ómnibus podría conducir a una explotación aún mayor de los recursos naturales del país.

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La capacidad de supervisión en realidad no es un problema importante en la actualidad. La tecnología y la gran cantidad de datos presentados sobre los bosques del país facilitan la supervisión respecto de la década pasada. Con la disponibilidad de imágenes satelitales y recursos para inspeccionar y apagar incendios, es posible un sistema de tenencia de la tierra justo, así como la implementación de buenas prácticas en el sector de las plantaciones.

Lo que ha sido difícil de lograr es el compromiso del gobierno de defender prácticas sostenibles y ponerse del lado de la gente en las disputas.

Sawitri piensa que el gobierno puede llevar la gestión forestal al siguiente nivel si puede establecer un mecanismo de resolución de disputas que garantice el reconocimiento de los derechos de la población local a la tierra y los bosques. También debería exigir a las empresas que utilicen métodos más sostenibles en el cultivo de tierras para evitar la deforestación y los incendios forestales.

Debería fomentarse la replantación y reutilización de tierras ociosas en lugar de abrir bosques protegidos y drenar los pantanos de turba. Las asociaciones beneficiosas con la población local deberían convertirse en la norma de las prácticas comerciales. En lugar de simplemente contribuir al gobierno central, una empresa debe mejorar el bienestar de las personas que viven en su área de operación, opinó.

A pesar de verse envueltos en la corrupción que ha resultado en una economía de alto costo en el sector forestal, las administraciones locales deben seguir desempeñando un papel en la supervisión forestal. Si bien ya no están a cargo de la emisión de permisos y licencias, las autoridades locales deben ayudar al gobierno central a supervisar las empresas y asegurarse de que existan prácticas comerciales sostenibles. Después de todo, los funcionarios locales y la gente son los que pueden salvaguardar directamente sus propios bosques.

Si no mejora su juego en el manejo forestal, el gobierno central solo causará más pérdidas económicas como resultado de la deforestación descontrolada y los incendios forestales y privará a la gente de la prosperidad futura, concluyó.

 
 
 
 
 

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