El precio del gas natural no es solo un problema energético. Es, ante todo, un problema alimentario. Los fertilizantes nitrogenados —el insumo que permite que los campos produzcan trigo, maíz, cebada, caña de azúcar, remolacha y girasol, entre otros, a la escala que el mundo necesita— se fabrican a partir de gas natural, que representa hasta el 80% de sus costos de producción. Cuando el gas sube, sube el fertilizante. Cuando el fertilizante sube, sube la comida. Y cuando la cadena se corta, la seguridad alimentaria de cientos de millones de personas queda expuesta.
En Europa esa cadena lleva años bajo tensión. La invasión rusa de Ucrania en 2022 sacudió los mercados energéticos y disparó los precios del gas en el viejo continente. La respuesta política de la Unión Europea fue imponer aranceles del 50% sobre los fertilizantes importados de Rusia y Bielorrusia, medida que entró en vigor en junio de 2025. Antes de esa decisión, Rusia explicaba cerca del 30% de las importaciones europeas de fertilizantes, según datos de Eurostat correspondientes al período 2024-2025. Polonia, Francia, Alemania, España e Italia figuraban entre los mayores compradores. El golpe fue significativo.
Pero el cierre del Estrecho de Ormuz, en el marco del conflicto en Medio Oriente, añadió una nueva presión que Bruselas ya no puede ignorar. Por ese canal marítimo transita aproximadamente el 30% del comercio global de fertilizantes. Su interrupción no solo complica el abastecimiento: eleva aún más los precios en un mercado que ya operaba al límite.
Frente a ese escenario, la Comisión Europea —el órgano ejecutivo de la Unión Europea, encargado de proponer legislación y gestionar las políticas comunitarias— prepara una respuesta que va más allá del corto plazo. Según un documento borrador filtrado y analizado por Euronews, Bruselas planea utilizar los ingresos generados por su mercado de carbono para subsidiar a los agricultores en su transición hacia fertilizantes biológicos y de bajo carbono. La propuesta se presentaría oficialmente el 19 de mayo.
Qué es el ETS y cómo funciona
El Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea, conocido por sus siglas en inglés como ETS (Emissions Trading System), es el principal instrumento de política climática del bloque. Fue creado en 2005 y es, hasta hoy, el mercado de carbono más grande del mundo.
Su lógica es relativamente simple: las industrias que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono —centrales eléctricas, acerías, cementeras, refinerías, fábricas de fertilizantes, entre otras— deben poseer derechos de emisión equivalentes a la cantidad de CO₂ que liberan a la atmósfera. Cada derecho equivale a una tonelada de CO₂. Si una empresa emite más de lo que sus derechos le permiten, debe comprar los faltantes en el mercado. Si emite menos, puede vender el excedente.
El sistema fija un límite global de emisiones para el conjunto de industrias incluidas —el llamado «techo»— y lo reduce progresivamente cada año. Esa reducción gradual es la que, en teoría, obliga a las empresas a invertir en tecnologías más limpias o a pagar un precio creciente por contaminar. Los derechos se pueden comprar en subastas organizadas por los Estados miembros o intercambiarse entre empresas en el mercado secundario. El precio lo determina la oferta y la demanda: cuando hay escasez de derechos, el precio sube; cuando sobran, baja.
Una parte de los derechos de emisión se otorga gratuitamente a determinados sectores, especialmente aquellos expuestos a la competencia internacional, para evitar que trasladen su producción —y sus emisiones— fuera de Europa. Esta asignación gratuita está siendo eliminada de forma progresiva, aunque el ritmo varía según el sector.
Los ingresos generados por las subastas de derechos van a los Estados miembros, que están obligados a destinar al menos el 50% de esos fondos a fines climáticos o energéticos. En los últimos años, el ETS ha generado decenas de miles de millones de euros en ingresos anuales para los presupuestos nacionales europeos.
Hasta ahora, la agricultura ha estado fuera del ETS: no está obligada a comprar derechos de emisión por sus propias emisiones. La novedad que revela el documento filtrado es que el sector podría ser, por primera vez, beneficiario directo de los ingresos que el sistema genera.
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Qué propone el borrador de Bruselas
El texto del documento es preciso: «La Comisión propondrá un mecanismo de apoyo financiero focalizado mediante el cual una parte de los ingresos relacionados con el ETS será canalizada hacia los agricultores para apoyar su transición acelerada hacia un mayor uso de fertilizantes de base biológica (orgánicos) y de bajo carbono».
En paralelo, la Comisión analiza ralentizar la eliminación de los derechos de emisión gratuitos para el sector de fertilizantes y otras industrias intensivas en energía. Se trata, en la práctica, de permitir que esas empresas emitan más contaminación durante más tiempo sin tener que comprar derechos adicionales. El objetivo declarado es darles tiempo para reconvertir su producción hacia alternativas más limpias. Según el borrador, esa medida generaría aproximadamente 4.000 millones de euros adicionales en ingresos para el mercado de carbono, aunque condicionados a que el sector invierta en la producción de fertilizantes biológicos, circulares o de bajo carbono.
Qué es el CBAM y qué papel juega
El borrador también contempla el uso del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), el mecanismo de ajuste en frontera por carbono que entró en vigor el 1 de enero de 2026. Su función es gravar las importaciones de determinados productos —acero, aluminio, cemento, electricidad, hidrógeno y fertilizantes, entre otros— en función de las emisiones de carbono incorporadas en su producción.
La lógica detrás del CBAM es evitar lo que en política climática se conoce como «fuga de carbono»: que las empresas europeas, presionadas por el costo del ETS, trasladen su producción a países con regulaciones ambientales más laxas, y que esos productos vuelvan a entrar al mercado europeo sin pagar ningún costo climático. Con el CBAM, los importadores de esos bienes deben comprar certificados equivalentes al precio que habrían pagado bajo el ETS si hubieran producido dentro de la UE.
En el caso de los fertilizantes, el CBAM tiene una implicancia directa: los productores agrícolas europeos compiten con agricultores de otras regiones que acceden a fertilizantes fabricados con gas más barato o en países sin impuesto al carbono. El borrador señala que la Comisión realizará una evaluación en profundidad sobre cómo los costos del CBAM y del ETS se trasladan a los precios que pagan los agricultores europeos, para calibrar si el mecanismo protege o, por el contrario, incrementa la presión sobre el sector.
Francia e Italia ya habían tomado posición en enero: solicitaron formalmente a la Comisión que los fertilizantes importados quedaran exentos del CBAM, argumentando que la medida perjudica la competitividad de sus agricultores en lugar de protegerlos.
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Una tensión política difícil de resolver
El plan no está exento de resistencias. Las industrias que participan del ETS —y que pagan por sus derechos de emisión— podrían cuestionar que esos ingresos se destinen a un sector que, hasta ahora, no ha tenido ninguna obligación dentro del sistema. Desde la perspectiva de una acería o una refinería que debe comprar derechos por cada tonelada de CO₂ que emite, financiar con esos fondos a productores agropecuarios es, cuanto menos, una decisión que requerirá justificación política.
El borrador, en ese sentido, es consciente de la tensión. La propuesta de ralentizar la eliminación de derechos gratuitos para el sector de fertilizantes —efectivamente, una concesión a la industria química— está condicionada a compromisos de inversión en alternativas más limpias. No es un cheque en blanco: es un intercambio entre tiempo y transformación.
Corredores de amoníaco verde y mercados líderes
Más allá del mecanismo financiero, el documento revela una ambición más estructural. Bruselas está considerando la creación de «corredores de amoníaco verde» con países de África y Medio Oriente, una iniciativa que apunta a diversificar las cadenas de suministro de fertilizantes y reducir la dependencia de proveedores con alta exposición geopolítica.
El amoníaco verde —producido a partir de hidrógeno generado con energía renovable, en lugar de gas natural— es el insumo clave para fabricar fertilizantes nitrogenados sin emisiones fósiles. Su producción a gran escala todavía enfrenta barreras de costo considerables, pero varios países del norte de África y del Golfo Pérsico cuentan con recursos renovables —solar y eólico— que podrían hacer viable esa producción a precios competitivos en el mediano plazo.
El borrador también prevé la introducción de monitoreo de mercado más riguroso, la posibilidad de constituir reservas estratégicas de fertilizantes, contratos por diferencia de carbono para incentivar inversiones en tecnologías limpias, y mandatos regulatorios orientados a crear «mercados líderes» para los fertilizantes verdes: es decir, segmentos del mercado donde las compras públicas o las exigencias de etiquetado impulsen la demanda de estos productos antes de que puedan competir en precio con los convencionales.
La presión desde la sociedad civil
En paralelo a la filtración del borrador, una coalición de organizaciones ambientales —entre ellas el Centro Internacional de Derecho Ambiental, la Oficina Europea del Medio Ambiente e IFOAM Organics Europe— envió una carta abierta a seis comisarios europeos exigiendo que el plan de acción en materia de fertilizantes señale con claridad el fin de la dependencia fósil en el sistema alimentario.
«El Plan de Acción sobre Fertilizantes de la UE debe ser el punto de inflexión en el que dejemos de intentar ‘arreglar’ un modelo roto y dependiente de los fósiles, y comencemos a escalar las soluciones agroecológicas que ya existen», señaló Lisa Tostado, responsable de la campaña de Agroquímicos y Combustibles Fósiles del Centro Internacional de Derecho Ambiental, en la misiva.
Las organizaciones firmantes advierten que la dependencia de fertilizantes de síntesis fósil tiene consecuencias que van más allá del precio: contaminación del agua, eutrofización de ecosistemas acuáticos, degradación del suelo, emisiones de gases de efecto invernadero, y afectación de la biodiversidad. En ese marco, la crisis de precios no sería solo una oportunidad para abaratar el acceso a fertilizantes, sino para acelerar una transición que consideran inevitable y urgente.
La propuesta formal de la Comisión se conocerá el 19 de mayo.
