En el Midwest estadounidense, la diferencia entre los carteles del precio de la gasolina E10 y E15 puede rondar los treinta o cuarenta centavos por galón (unos 10 centavos de dólar por litro). Para un conductor que llena el tanque una o dos veces por semana, eso se convierte en varios cientos de dólares al año. Pero durante tres décadas, ese ahorro estuvo vedado en los meses de verano para la mayor parte del país: una restricción regulatoria basada en normas de volatilidad de la gasolina impedía la venta del E15 entre junio y agosto en casi todos los estados. Anoche, la Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió terminar con eso de manera permanente.
Con 218 votos a favor y 203 en contra, el pleno de la Cámara aprobó la Nationwide Consumer and Fuel Retailer Choice Act —H.R. 1346—, una ley que autoriza la comercialización anual y nacional del E15 sin restricciones estacionales. El voto fue bipartidista, aunque ajustado, e impulsado por una coalición de legisladores de estados agrícolas encabezada por los representantes Randy Feenstra, Michelle Fischbach, Adrian Smith, Dusty Johnson y Angie Craig, entre otros.
Qué es el E15 y por qué importa la distinción con el E10
El E15 es una mezcla de gasolina con un 15% de etanol, frente al 10% que contiene el E10, el combustible estándar que se comercializa hoy en la mayoría de las estaciones de todo el país. Esa diferencia de cinco puntos porcentuales puede parecer menor, pero tiene consecuencias concretas: más etanol en la mezcla implica menos emisiones de gases de efecto invernadero, menos partículas nocivas para la salud liberadas, un mayor uso de maíz como materia prima, mayor actividad en las plantas de destilación y, en la práctica, un combustible que en los últimos meses se ha vendido con un descuento de más del 10% frente al E10 convencional.
El etanol que compone estas mezclas es producido principalmente a partir de maíz en plantas distribuidas por todo el cinturón agrícola del país —Iowa, Illinois, Nebraska, Indiana, Minnesota—, donde la industria bioenergética representa una fuente de ingresos directa para miles de productores rurales y empleo industrial en pequeñas ciudades.
Hasta ahora, el E15 ya estaba disponible en más de 4.800 estaciones de todo el país, pero su comercialización enfrentaba una barrera específica: las normas de volatilidad del combustible —medidas en RVP, Reid Vapor Pressure— establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), el organismo federal responsable de regular los estándares ambientales y de calidad del aire, restringían su venta durante los meses más cálidos del año en la mayor parte del territorio. La nueva ley elimina esa restricción de forma definitiva.
El contexto que aceleró la decisión
La aprobación no llegó en el vacío. Detrás del voto hay una convergencia de presiones que hace semanas venía acumulando fuerza en Washington.
Los precios del combustible volvieron a escalar con rapidez en los últimos meses, y la Casa Blanca identificó en la expansión del E15 una palanca de corto plazo para aliviar el bolsillo de los consumidores sin depender de acuerdos internacionales ni de decisiones de la OPEP. La Renewable Fuels Association (RFA), la principal organización gremial de los productores de bioetanol en Estados Unidos, estimó que el E15 puede ofrecer ahorros de entre 20 y 40 centavos por galón frente a la gasolina convencional en condiciones normales de mercado.
Al mismo tiempo, la situación en el Estrecho de Ormuz —uno de los pasos marítimos más críticos para el transporte de petróleo a nivel global— volvió a generar tensiones sobre la cadena de suministro energético, y el argumento de la seguridad nacional se sumó al de los precios como justificación urgente para ampliar el uso de combustibles producidos domésticamente.
El campo, además, atraviesa uno de sus momentos más difíciles en generaciones. El senador Chuck Grassley, republicano de Iowa y uno de los principales impulsores de la legislación en el Senado, fue directo: los agricultores están enfrentando las peores condiciones económicas en décadas, y una expansión del mercado del etanol de maíz representa una inyección estimada de 14.000 millones de dólares directos a la economía rural.
Una política que lleva meses tomando forma
La aprobación en la Cámara no es un acto aislado. Es el siguiente eslabón de una cadena de decisiones que la administración Trump viene construyendo desde comienzos de año en torno a los biocombustibles.
En marzo, la EPA publicó la RFS Set 2, la norma que fijó los volúmenes obligatorios de biocombustibles para 2026 y 2027 en los niveles más altos desde que existe el Renewable Fuel Standard —el programa federal que desde 2005 establece cuánto biocombustible debe mezclarse con los combustibles fósiles en el mercado estadounidense—. Esa norma proyectó un mercado de maíz y aceite de soja para biocombustibles que podría alcanzar los 31.000 millones de dólares en 2026, e impulsó una expansión del biodiésel y el diésel renovable de más del 60% respecto de 2025, un año en que la producción había caído cerca de un tercio por la falta de definiciones regulatorias.
Al mismo tiempo, la EPA habilitó mediante una exención extraordinaria la venta de E15 durante el verano pasado, una medida de emergencia que fue precisamente la que dejó en evidencia que el mecanismo de restricción estacional necesitaba una solución legislativa permanente, no parches anuales dependientes de decisiones administrativas.
Trump fue explícito sobre eso cuando anunció la norma RFS: pidió al Congreso que convirtiera la flexibilización estacional en política permanente. La Cámara acaba de responderle que sí.
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Dónde está parada la ley y qué sigue
Con la votación en la Cámara completada, la Nationwide Consumer and Fuel Retailer Choice Act pasa ahora al Senado, donde deberá conseguir los votos suficientes para avanzar. El propio presidente Trump designó al líder de la mayoría senatorial, John Thune, como responsable de impulsar la legislación en la cámara alta, y prometió firmar el proyecto sin demora en el momento en que llegue a su escritorio.
Las organizaciones del sector bioenergético —entre ellas la RFA, Growth Energy y la American Coalition for Ethanol (ACE)— salieron a presionar de inmediato para que el Senado avance con rapidez y descarte los intentos de bloqueo que, según sus voceros, buscarían proteger los márgenes de refinación de los combustibles fósiles convencionales.
El voto en la Cámara fue ajustado —218 contra 203— y el debate en el Senado no se anticipa sencillo. Pero el respaldo activo de la Casa Blanca, la presión del sector agrícola y el argumento del ahorro para los consumidores configuran un escenario en que la resistencia tendrá que justificarse con algo más que intereses sectoriales.
