En América del Sur conviven dos potencias con condiciones comparables: gran producción de biomasa y una base fósil relevante. Sin embargo, cuando la conversación gira hacia el “motor del desarrollo”, Brasil y Argentina parecen estar eligiendo caminos distintos. En Brasil, la bioenergía dejó hace tiempo de ser un apéndice ambiental para convertirse en política productiva: se discute demanda futura, mandatos, financiamiento y ahora también se discute lo que normalmente llega tarde: la fuerza laboral. En Argentina, en cambio, la escena pública y el diseño de incentivos están fuertemente concentrados en otra promesa: Vaca Muerta como palanca central de divisas e inversión.
Esa diferencia de enfoque aparece con nitidez cuando uno mira el tema menos citado en los debates energéticos, pero más decisivo para construir una estrategia de país: cuánto empleo nuevo puede traccionar cada hoja de ruta y qué tipo de capacidades requiere.
Un nuevo análisis de Schneider Electric y la consultora Systemiq proyecta que Brasil podría crear hasta 760.000 nuevos puestos de trabajo en bioenergía hacia 2030, lo que implicaría un crecimiento del 63% respecto del nivel actual. En el mismo documento aparece una señal todavía más fuerte que el número total: la necesidad de formar y recualificar 450.000 profesionales. Se trata de un plan de acción que combina capacitación técnica, integración de datos y reformas educativas profundas.
Del otro lado del espejo, un estudio del IAPG —el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas— presentado en la AOG 2025, proyecta que en el año pico de actividad Vaca Muerta requeriría entre 30.000 y 43.000 trabajadores adicionales en forma directa. Incorporando empleos indirectos, el total podría ubicarse entre 180.000 y 240.000 dentro del horizonte 2025–2040.
Aun con metodologías distintas, la distancia es de escala: Brasil habla de cientos de miles de empleos nuevos en menos de una década; Vaca Muerta se mueve en otro orden de magnitud. Y aquí una aclaración metodológica es vital para leer el mapa correctamente. El estudio del IAPG se centra en el “primer anillo” del desarrollo: obras, infraestructura y expansión. Por eso habla de “año pico”: los rangos capturan la magnitud del trabajo cuando el sistema construye escala. Pero cuando el complejo entra en madurez y la obra civil termina, la demanda de personal baja y el pulso se desplaza hacia una operación que, por naturaleza, es intensiva en capital y tecnología, no en mano de obra.
La bioenergía, en cambio, opera con otra arquitectura económica. Por diseño, integra territorios: la biomasa se produce, recolecta, transporta y procesa, haciendo de la logística parte del corazón competitivo. La operación industrial suele replicarse en múltiples nodos cercanos a zonas productivas, extendiendo la mancha laboral.
En Brasil, esa expansión se apoya en marcos que buscan consolidar demanda. RenovaBio, por caso, fija metas para reducir la intensidad de carbono hasta 2034, instrumentando un sistema que convierte el desempeño ambiental en señales económicas (los CBIO). La Ley del “Combustibles del Futuro” refuerza esa lógica abriendo trayectorias para nuevas cadenas —como biometano y combustible sostenible de aviación (SAF)— dando señales de largo plazo para la inversión industrial.
Esa arquitectura explica por qué Brasil discute empleo y capacidades en el mismo movimiento. Cuando la transición energética es política industrial, aparecen requerimientos “no negociables”: trazabilidad de carbono, automatización, electrificación y certificación de datos. Aun cuando la biomasa sea un activo natural, el salto competitivo se juega en ingeniería y sistemas. Por eso el estudio de Schneider/Systemiq pone en el centro la formación: no alcanza con tener recursos; hay que tener gente preparada para escalar una industria compleja sin chocar contra un cuello de botella humano.
El contraste argentino no es solamente que Vaca Muerta concentre expectativas, sino que esa centralidad define el marco desde el cual se juzga todo lo demás. Las bioenergías no se discuten como política industrial, sino como una variable incómoda: cada paso se evalúa en clave defensiva, bajo la idea instalada de que ampliar el espacio de lo bio implica restárselo al negocio fósil. Esa lógica quedó expuesta recientemente cuando el Gobierno redujo de forma transitoria la mezcla de biodiésel en gasoil del 7,5% al 7%.
En ese clima aparecen argumentos que desnudan una paradoja productiva. En el Senado, el subsecretario de Combustibles Líquidos, Federico Veller, expuso que aumentar los cortes tendría un “impacto fiscal” negativo por la menor recaudación de derechos de exportación sobre materias primas que dejarían de exportarse sin procesar. Lo hizo aun sabiendo que esos biocombustibles desplazan importaciones de fósiles en un contexto de falta de capacidad de refinación. Llevado al extremo, el razonamiento es tan absurdo como revelador: como industrializar altera la caja de corto plazo, conviene resignar valor agregado. Si siguiéramos esa línea hasta el final, habría que exportar maíz e importar carne, o dejar de refinar para exportar más crudo e importar nafta.
En definitiva, el contraste entre ambos países no es de recursos, sino de ambición estratégica. Mientras Brasil entiende la transición energética como una oportunidad para sofisticar su matriz productiva y generar empleo masivo y calificado, Argentina corre el riesgo de reducirla a una mera hoja de cálculo fiscal. Seguir mirando la bioenergía únicamente por lo que resta en recaudación inmediata, en lugar de por lo que suma en desarrollo territorial y capital humano, es elegir el camino del rentismo corto sobre la construcción de riqueza genuina. Vaca Muerta es necesaria y estratégica, sin dudas; pero apostar todo al brillo de un solo motor, mientras el vecino está encendiendo la flota completa, puede dejarnos, una vez más, mirando el futuro por el espejo retrovisor.
