A simple vista, el acceso a una planta, una semilla o un compuesto natural en la Amazonía puede parecer un gesto trivial, propio de la rutina científica o del desarrollo tecnológico. Sin embargo, en Brasil, ese gesto es cada vez más vigilado, trazado y politizado. Detrás de cada muestra biológica o fórmula inspirada en saberes ancestrales, se despliega un complejo entramado de leyes, verificaciones administrativas y consultas públicas que reflejan una visión estratégica de la biodiversidad como patrimonio colectivo, económico y cultural.
Ese enfoque se consolidó a lo largo de 2025 con dos decisiones que marcaron un punto de inflexión en la gobernanza de la bioeconomía brasileña: por un lado, la publicación y entrada en vigor de la Resolución N° 46/2025 por parte del Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen, en español: Consejo de Gestión del Patrimonio Genético), y por otro, el lanzamiento de una consulta pública impulsada por el Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, en español: Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables), ambos organismos clave en el diseño y control de políticas ambientales en Brasil.
Un sistema más riguroso y transparente
La resolución del CGen, que entró en vigor el 4 de julio de 2025, estandarizó el procedimiento de verificación administrativa para todas las actividades que implican el acceso al patrimonio genético brasileño y a los conocimientos tradicionales asociados. Se trató de una reglamentación largamente prevista en el Decreto N° 8.772 de 2016, pero que hasta este año no había sido formalizada. Su implementación estableció un nuevo estándar de transparencia y control en el uso de la biodiversidad brasileña, tanto con fines de investigación como de desarrollo tecnológico o comercial.
El sistema encargado de registrar y monitorear estos usos es el Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen, en español: Sistema Nacional de Gestión del Patrimonio Genético y del Conocimiento Tradicional Asociado), una plataforma digital donde se centraliza la información sobre los accesos a recursos y saberes. Con las nuevas reglas, las autoridades ambientales adquirieron herramientas más eficaces para verificar registros, detectar irregularidades y exigir mayor responsabilidad a universidades, centros de investigación, empresas biotecnológicas, farmacéuticas y del agro, todos actores centrales en la bioeconomía brasileña.
El impacto fue inmediato: la exigencia de trazabilidad y cumplimiento normativo redujo los márgenes para omitir registros o utilizar patrimonio biológico sin autorización. Al mismo tiempo, la medida ofreció mayor previsibilidad legal a quienes trabajan en este campo, aunque también los obligó a implementar sistemas internos más robustos para evitar sanciones.
Consulta pública y una base de datos para el futuro
En paralelo, el IBAMA —organismo responsable de ejecutar la política ambiental federal— abrió una consulta pública el pasado 2 de junio con el objetivo de revisar los mecanismos mediante los cuales se reporta el uso de recursos genéticos al Estado. La intención fue alinear la recolección de datos ambientales con los sectores productivos del país y fortalecer la integración de la biodiversidad en el marco más amplio del cumplimiento normativo ambiental.
Al mismo tiempo, el CGen avanzó con otro instrumento crucial: la creación de una Base de Dados de Referência para Provedores de Conhecimento Tradicional (Base de Datos de Referencia para Proveedores de Conocimiento Tradicional), pensada para identificar a los poseedores de saberes ancestrales y garantizar el consentimiento previo como condición de acceso. Este registro fue concebido para facilitar una distribución justa de los beneficios derivados del uso del conocimiento de los pueblos indígenas, comunidades tradicionales y agricultores familiares, fortaleciendo su visibilidad y autonomía en la gobernanza de estos procesos.
Un nuevo paradigma para la bioeconomía
Este conjunto de medidas no solo fortaleció el marco regulatorio interno de Brasil, sino que reafirmó su liderazgo internacional en la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica y del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Reparto de Beneficios. Al combinar la fiscalización ambiental con el control del acceso a los recursos genéticos y la participación activa de comunidades locales, el país dio un paso firme hacia un modelo de bioeconomía que equilibra desarrollo tecnológico, justicia distributiva y conservación cultural.
Para las empresas y organizaciones de investigación, el nuevo escenario implicó operar bajo una supervisión más estricta, donde no basta con innovar: también es necesario demostrar cumplimiento legal y compromiso con los derechos colectivos. Para las comunidades locales, en cambio, significó una oportunidad concreta de ejercer soberanía sobre sus saberes, fortalecer sus sistemas de gobernanza y participar de manera más equitativa en los beneficios generados a partir de su patrimonio.
Aunque persisten desafíos en la implementación y la equidad real del reparto de beneficios, la resolución del CGen y la consulta del IBAMA representaron avances significativos hacia un modelo más justo, transparente y sostenible. Lejos de dejar su biodiversidad al azar del mercado, Brasil optó por una regulación precisa, informada y profundamente conectada con su diversidad cultural.
En un mundo urgido por modelos de desarrollo sostenibles e inclusivos, Brasil volvió a marcar el rumbo hacia una bioeconomía donde la riqueza natural no se explota, sino que se protege y se comparte.
