Con los precios del petróleo en alza por la escalada de las tensiones en el estrecho de Ormuz —la vía marítima por donde transita cerca del 20% del crudo que mueve el mundo—, los biocombustibles volvieron a ganar terreno en la agenda de seguridad energética global. Paraguay, un país sin una gota de petróleo que depende de las importaciones de todo el crudo que consume, llega a este debate con una gran ventaja. Desde hace años, viene construyendo una política energética apoyada en sus recursos biológicos. Esa construcción lo llevó en febrero de 2025 a convertirse en el primer país del mundo en establecer una mezcla mínima obligatoria del 30% de etanol en la gasolina. Esta semana, el gobierno profundizó esa apuesta con una medida que apunta directo al corazón productivo del sector: los cañicultores.
El presidente Santiago Peña firmó el decreto reglamentario de la Ley de Etanol —que desarrolla las leyes N.° 7357/2024 y N.° 7391/2024— y estableció que al menos el 50% del alcohol utilizado en la mezcla obligatoria de combustibles deberá provenir de caña de azúcar de producción nacional. La medida está orientada a fortalecer la producción local y garantizar un mercado sostenido para los cañicultores, un sector que hasta ahora producía sin tener asegurado a quién venderle cuando el etanol importado llegaba más barato.
El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme —titular de la cartera que será la encargada de la aplicación, fiscalización y control de la normativa en toda la cadena—, describió el alcance del decreto con precisión: «Marca un hito al saldar una deuda histórica con los cañicultores». La obligación del 50% de origen caña de azúcar, explicó, abre nuevas oportunidades especialmente para los pequeños productores y mejora las condiciones generales del sector. El gobierno, agregó, acompañará la expansión productiva con financiamiento y capacitación. El ministro de Agricultura, Carlos Giménez, también estuvo presente en el acto, una señal de que la cadena que empieza en el campo tiene representación directa en la decisión.
Peña fue explícito sobre el alcance de la medida: la reglamentación permitirá priorizar el uso de etanol derivado de caña de azúcar, impulsar la industrialización del sector y generar nuevas oportunidades de empleo en la economía rural, además de reconocer el trabajo de los productores que sostienen la cadena desde adentro.
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Un país que llegó primero, y sigue avanzando
Para entender el peso de este decreto hace falta recordar de dónde viene Paraguay. En febrero de 2025, el Ministerio de Industria y Comercio —el MIC— estableció mediante el Decreto 3.241 una mezcla mínima obligatoria del 30% de etanol en la gasolina. Fue la primera vez en la historia que un país cruzaba esa barrera. Ni Brasil, con décadas de experiencia en biocombustibles y la industria más desarrollada del mundo en la materia, había llegado tan lejos como mandato obligatorio.
La misma norma prohibió el uso de nombres de fantasía en la comercialización de combustibles —una práctica habitual que llevaba años induciendo a confusión a los consumidores sobre la composición real de lo que cargaban en sus tanques— y redujo al 1% la presencia permitida de metil buteno éter, el MTBE, un aditivo derivado del petróleo con efectos nocivos para la salud. Las empresas del sector tuvieron 60 días para adaptarse y adecuar sus contratos de importación a los nuevos parámetros.
Juan Paredes, director de Combustibles del MIC, explicó entonces el efecto productivo de la medida: «Esta ley impulsará el crecimiento de los sectores cerealero y cañero, generando mayor demanda de etanol y fomentando la inversión en la agroindustria nacional».
Control, sanciones y planificación para toda la cadena
El decreto que acaba de firmar Peña no se limita a establecer el porcentaje de origen nacional. Incorpora mecanismos concretos para garantizar su cumplimiento. Incluye un sistema de control para verificar que la mezcla obligatoria de alcohol anhidro efectivamente respete el 50% de origen caña, y un régimen sancionador para los casos de incumplimiento. Esas herramientas le dan al marco regulatorio una solidez que muchas políticas de biocombustibles de la región no tienen: no alcanza con fijar un porcentaje si no hay forma de verificarlo ni consecuencias si no se cumple.
La norma también establece un calendario de oferta de alcohol según volumen y tipo de materia prima. Es un instrumento de planificación que le permite a toda la cadena —productores de caña, plantas procesadoras, distribuidores de combustible— anticipar volúmenes, organizar la logística y tomar decisiones de inversión con un horizonte más previsible. En un cultivo con estacionalidad marcada como la caña de azúcar, saber con anticipación cuánto se va a necesitar y cuándo es una variable que puede definir si una inversión se hace o no.
Con esta arquitectura regulatoria, Paraguay busca consolidar un modelo basado en la industrialización, el agregado de valor a la materia prima nacional y la reducción de la dependencia de insumos importados. El sector cañero, que hasta ahora operaba sin garantías claras de mercado, queda posicionado como actor estratégico dentro de la matriz energética del país.
