Hawái vive con una paradoja difícil de sostener. Rodeado de océano, con un sol que no descansa y una vegetación exuberante, el archipiélago más aislado del planeta depende casi por completo de combustibles que llegan por barco desde miles de kilómetros de distancia. Cada litro de nafta, cada tanque de diésel y cada carga de combustible de aviación que mueve a sus habitantes y a los millones de turistas que lo visitan cada año recorre primero una larga travesía marítima. Al final de ese trayecto, el transporte quedó consolidado como la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero del estado y como uno de los principales responsables de la contaminación del aire que afecta la salud pública.
Es esa contradicción la que un nuevo marco regulatorio busca empezar a desarmar. El gobernador de Hawái, Josh Green —médico de profesión y jefe del Ejecutivo estatal desde 2022—, firmó la ley SB 2999, convertida en la Act 258, que establece un estándar de combustible limpio (Clean Fuel Standard) de alcance estatal. Con esa rúbrica, Hawái se convierte en el quinto estado de Estados Unidos en adoptar una política de este tipo, sumándose a California, Oregón, Washington y Nuevo México, que ya cuentan con esquemas similares.
Cómo funciona un estándar de combustible limpio
Un estándar de combustible limpio no ordena qué tecnología debe usarse ni prohíbe ningún producto en particular. Funciona, en cambio, como un sistema basado en el desempeño: mide la intensidad de carbono de cada combustible —es decir, las emisiones totales de gases de efecto invernadero por unidad de energía, considerando todo su ciclo de vida— y premia a los más limpios con créditos, mientras asigna déficits a los más contaminantes. Por esa vía, el mercado se encarga de orientar la inversión hacia las alternativas de menor huella sin que el Estado imponga una única solución.
El esquema es neutral en materia tecnológica y se rige por el mercado, de modo que pueden competir opciones diversas: desde combustibles de base agrícola hasta aquellos capaces de transformar residuos en energía. A esa flexibilidad, el diseño le suma mecanismos de participación pública, reportes periódicos y aportes de las partes interesadas, pensados para garantizar transparencia durante todo el desarrollo del programa.
La ejecución quedó en manos del Departamento de Transporte de Hawái (HDOT), el organismo estatal encargado de planificar y administrar la infraestructura de movilidad del archipiélago, al que la ley encomienda fijar los parámetros técnicos y hacer cumplir el estándar. Concretamente, el HDOT deberá establecer objetivos de reducción de emisiones a lo largo del ciclo de vida y diseñar un plan por etapas que baje de manera sostenida la intensidad de carbono de los combustibles: al menos un 10 % por debajo de los niveles de 2019 hacia 2035 y un 50 % por debajo de esos niveles hacia 2045. Los plazos también están fijados: las reglas del programa deben adoptarse antes del 1 de enero de 2028, con la implementación efectiva a partir del 1 de enero de 2029.
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Una oportunidad para el agro y la energía renovable local
Más allá de la meta ambiental, buena parte del atractivo del estándar reside en su potencial económico. Al abrir mercados para combustibles y materiales renovables producidos localmente, la política busca apuntalar la agricultura y las industrias de energía limpia de las islas, incentivar inversiones y generar empleo en distintos sectores. El resultado esperado es doble: reforzar la seguridad energética de un territorio históricamente vulnerable por su aislamiento y, al mismo tiempo, mejorar la calidad del aire y la salud de la población.
Ese doble beneficio fue el que subrayó el propio gobernador al firmar la ley. “Un Hawái resiliente se define por sistemas sostenibles”, sostuvo Green. “Estas inversiones refuerzan el compromiso de construir modelos con beneficios compartidos, que permitan que las oportunidades económicas den paso a un futuro más limpio y bajo en carbono”, agregó, y enmarcó la medida dentro de su iniciativa Health Beyond Healthcare, orientada a mejorar la salud pública desde factores que van más allá del sistema sanitario.
Desde el organismo ejecutor, el director del HDOT, Ed Sniffen, puso el acento en el margen de maniobra que otorga la norma: la firma le permite al departamento establecer un marco claro y accionable que contemple todos los objetivos del estado, incluyendo la economía y la asequibilidad para los residentes. Esa participación ciudadana, junto con los reportes y los aportes de los actores involucrados, se canalizará a través del portal de seguridad energética, comunidad y cultura del propio Departamento de Transporte.
Los impulsores legislativos de la norma insistieron en ese mismo equilibrio entre ambiente y bolsillo. El senador Chris Lee, autor del proyecto, definió la medida como una gran oportunidad para generar reinversión en opciones de transporte más limpias y de menor costo para los residentes locales, apoyándose en un modelo ya probado en otros estados. La representante Nicole E. Lowen, presidenta del Comité de Energía y Protección Ambiental de la Cámara baja, recordó que el transporte sigue siendo la mayor fuente de emisiones y de contaminación del aire del estado, y sostuvo que el estándar abre un camino claro hacia combustibles de menor huella, mejora de la calidad del aire y desarrollo de industrias innovadoras con empleos bien remunerados.
Un nuevo mercado para el biodiésel, el diésel renovable y el SAF
Fuera del ámbito estatal, la aprobación fue celebrada por la industria de los combustibles renovables. Clean Fuels Alliance America, la principal asociación que agrupa a productores de biodiésel, diésel renovable y combustible sostenible de aviación en Estados Unidos, felicitó al gobernador Green por la firma y destacó que la nueva ley ayudará a impulsar la demanda y abrir un mercado para estos combustibles, a la vez que estimula la actividad económica y mejora la salud de los ciudadanos.
“Como nativa de Hawái, estoy entusiasmada por el liderazgo del estado al aprobar el estándar de combustible limpio”, expresó Cory-Ann Wind, directora de Asuntos Regulatorios Estatales de Clean Fuels. “Marca un momento decisivo en el compromiso de Hawái con un futuro sostenible. Combustibles más limpios como el biodiésel, el diésel renovable y el combustible sostenible de aviación jugarán un papel significativo para ayudar a Hawái a alcanzar sus metas climáticas”. En la misma línea, Jeff Earl, director de Asuntos Gubernamentales Estatales de la organización, remarcó que los combustibles limpios ofrecen beneficios que exceden la reducción de emisiones y que el nuevo estándar se alinea con la agenda de salud pública del gobernador, al reconocer que un aire más limpio y un ambiente más saludable son esenciales para el bienestar de la población.
El respaldo del sector tiene una razón concreta. El biodiésel, el diésel renovable y el combustible sostenible de aviación comparten una ventaja decisiva en un territorio como Hawái: son combustibles drop-in, compatibles con los motores, las flotas y la infraestructura de distribución ya existentes, lo que evita reemplazar equipos o construir instalaciones nuevas para empezar a reducir emisiones. Y en un estado donde el combustible de aviación pesa enormemente por el turismo, el SAF —elaborado a partir de aceites, grasas y residuos— aparece como una de las pocas opciones disponibles de escala inmediata para descarbonizar los vuelos.
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Del laboratorio al surtidor: un modelo que se expande
La incorporación de Hawái al grupo de estados con estándar de combustible limpio no es un dato aislado. Confirma una tendencia que, iniciada por California en 2009 con su Low Carbon Fuel Standard, se fue replicando en la costa oeste y ahora alcanza al Pacífico. Cada nuevo estado que adopta este tipo de esquema amplía el mercado para los combustibles renovables y consolida un modelo regulatorio que, en lugar de imponer una tecnología, deja que la reducción de la huella de carbono sea el criterio que ordene la competencia.
De ahí en más, el calendario ya está escrito. Con la ley firmada, la próxima parada es el trabajo técnico del HDOT, que deberá traducir las metas en reglas concretas antes del 1 de enero de 2028 y poner el programa en marcha el 1 de enero de 2029, con los objetivos de 2035 y 2045 como horizonte de control. Ese proceso se desarrollará a la vista, con instancias de reporte y consulta abiertas a través del portal del propio organismo. Para un archipiélago que hoy importa la mayor parte de su energía, cada uno de esos pasos define hasta qué punto podrá transformar residuos, aceites y materias primas locales en combustibles que reduzcan emisiones y, a la vez, tejan una cadena de valor propia. La oportunidad, como en tantas geografías, empieza en la capacidad de producir en casa lo que antes llegaba por barco.
