En la noche del 17 de septiembre, con 41 votos afirmativos, 25 negativos y ninguna abstención, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley impulsado por la senadora Patricia Bullrich que busca desregular el mercado de biocombustibles. La iniciativa reemplazaría a la Ley 27.640, vigente desde 2021, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
El proyecto eleva el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15% y el de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%. Para el biodiésel fija además un período de transición hasta 2036, durante el cual las grandes plantas integradas al complejo aceitero podrán ingresar de manera gradual a un mercado interno que hoy abastecen las pymes.
La votación llegó después de más de cuatro horas y media de debate en el recinto y varios años de discusiones en las comisiones. En diciembre de 2023, el capítulo sobre biocombustibles formaba parte de la primera versión de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, pero fue retirado ante la falta de consensos. Desde entonces, el oficialismo y distintos sectores fueron limando asperezas hasta llegar a un dictamen que unificó siete proyectos de distintos bloques y reunió los acuerdos mínimos para su aprobación en el Senado, aunque sin conformar a todo el sector.
Bioetanol al 15%, el punto de acuerdo de la ley de biocombustibles
Los desacuerdos se concentraron en el biodiésel, ya que en el caso del bioetanol el proyecto recoge un amplio consenso para elevar el corte al 15%. De hecho, el mercado ya se acerca a ese nivel. Buena parte de la nafta premium que se comercializa en el país contiene casi un 14% de etanol. Tal es así que el oficialismo estaba dispuesto a avanzar con una ley exclusiva para este biocombustible si el debate sobre el biodiésel volvía a trabarse.
Biodiésel, el eje del desacuerdo
Para el biodiésel, el proyecto lleva el corte obligatorio del 7,5% actual al 10% a los doce meses de la sanción. Es el mismo porcentaje que rigió hasta 2021, aunque en aquel momento ese volumen era abastecido exclusivamente por pymes, y el nuevo esquema permite que también participen las grandes empresas integradas al complejo aceitero, históricamente dedicadas a la exportación.
Esa apertura es el punto que trabó la discusión desde el inicio. Las pymes defienden el esquema que les permitió desarrollar una industria federal, con plantas distribuidas en distintas provincias y orientadas al mercado interno. Argumentan que, por su localización, su escala y su dependencia de las integradas como proveedoras de aceite, están en una clara desventaja que las obligará al cierre. Las integradas, por su parte, cuentan con plantas de alta eficiencia que quedaron con buena parte de su capacidad ociosa a medida que se les fueron cerrando los mercados externos, y buscan volcar esa producción al mercado doméstico.
La transición del biodiésel en la nueva ley de biocombustibles
Durante el período que el proyecto de ley denomina de “transición”, que se extiende hasta 2036, las empresas no integradas conservan un cupo reservado que se reduce de manera escalonada. Mientras el corte siga en 7,5%, ese cupo abarcará todo el volumen. Una vez que suba al 10%, tendrán asegurado el 6,5% hasta fines de 2028, el 5,5% en 2029, el 5% en 2030 y el 4% desde 2031 hasta 2036, y el resto se negociará libremente entre todas las empresas.
El plazo de ese cupo fue una de las concesiones que el oficialismo incorporó en el dictamen a último momento, junto con la exclusión del coprocesamiento, que las petroleras buscaban computar dentro del 10%. A cambio, las refinadoras podrán incorporar materias primas no fósiles mediante coprocesamiento y la porción renovable resultante quedará exenta del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono hasta un límite equivalente al 5% del producto final.
Aun así, el esquema elegido para repartir el 10% entre pymes e integradas siguió sin generar consenso. En el recinto, el senador puntano Fernando Salino, cuya provincia cuenta con una planta pyme, sostuvo que la apertura debía acompañarse de un corte más alto para no quitarle mercado a las pymes…, y citó el caso de Brasil, que utiliza un 15% de biodiésel y prevé llegar al 20% en 2030. Poco antes de la votación, el senador formoseño José Mayans propuso un cuarto intermedio de cinco minutos para buscar un consenso en torno al 12,5%, pero la moción fue rechazada.
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Subastas, importaciones y nuevos combustibles
Además de los cortes, el proyecto fija una vigencia de quince años y crea un mercado electrónico de subastas, operado por un organismo independiente, para comercializar el biocombustible de la mezcla obligatoria. Elaboradores y mezcladores podrán también firmar contratos a término de libre negociación.
El biocombustible destinado al corte deberá producirse en el país con materias primas nacionales, y la importación quedará habilitada solo ante escasez o cuando el precio de paridad de importación resulte inferior al local. La Secretaría de Energía, que actuará como autoridad de aplicación, podrá modificar los porcentajes de manera excepcional. El texto autoriza además la circulación de vehículos flex fuel y deja libre la comercialización de biometano y de combustible sostenible de aviación (SAF).
Qué sigue para la ley de biocombustibles
La media sanción fue celebrada por la industria del etanol y por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), que nuclea a las principales procesadoras y exportadoras de oleaginosas. En un comunicado, la entidad señaló que el proyecto “promueve el incremento de los cortes obligatorios de bioetanol y de biodiésel y fomenta la libre competencia” y pidió a Diputados que lo sancione para que pueda implementarse desde 2027.
En la Cámara baja, el proyecto deberá pasar por comisiones antes de llegar al recinto. Si se aprueba sin cambios, la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Los nuevos cortes obligatorios, del 15% para el bioetanol y del 10% para el biodiésel, comenzarán a regir doce meses después de la sanción.
