El reparto del mercado interno de biodiésel volvió a quedar en el centro de la discusión legislativa. Después de obtener media sanción en el Senado, el Proyecto S-809/26 que busca crear un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles llegó a la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, donde su esquema para los próximos años abrió cuestionamientos entre una parte de las empresas que actualmente abastecen la mezcla obligatoria con gasoil.
Una de las organizaciones que expresó su rechazo es la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), entidad que, según informó en un comunicado difundido el 20 de octubre, agrupa a la totalidad de las empresas productoras de biodiésel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis.
La cámara manifestó su posición luego de la reunión informativa realizada en Diputados y cuestionó que el proyecto pueda ser caracterizado como una iniciativa de consenso. Su planteo se apoya en el peso que las empresas de esas cuatro provincias tienen actualmente dentro del abastecimiento doméstico y en la oposición que, de acuerdo con CEPREB, también expresaron representantes políticos de esos distritos.
Según los datos incluidos por la entidad, las pymes radicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis elaboran el 65% del biodiésel destinado al mercado interno, mientras que las empresas no integradas de Santa Fe producen el 35% restante.
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Proyecto de ley de biocombustibles y el nuevo reparto del biodiésel
El punto central de la controversia es la forma en que el proyecto reorganiza el abastecimiento de biodiesel al corte obligatorio.
De acuerdo con CEPREB, el texto aprobado por el Senado contempla elevar la mezcla de biodiésel con gasoil desde el 7,5% actual hasta el 10%. Al mismo tiempo, la participación asignada a las empresas pymes se reduciría progresivamente hasta llegar al 4% en 2031 y desaparecería a partir de 2036.
CEPREB sostiene que el volumen que dejaría de estar asignado bajo el esquema vigente pasaría a disputarse mediante un mercado electrónico. La entidad considera que, dentro de ese mecanismo, los costos de transporte otorgarían una ventaja a las plantas ubicadas en las cercanías del puerto de Rosario.
A partir de esa lectura, la organización estima que, cuando la participación destinada a las pymes llegue al 4%, podrían cerrar 14 de las 25 plantas pequeñas y medianas que identifica en el país. También sostiene que la eliminación posterior del segmento pondría en riesgo a la totalidad de esos establecimientos.
CEPREB advierte sobre el empleo en las plantas regionales
La cámara también vinculó los cambios propuestos con posibles efectos laborales en las localidades donde funcionan las plantas.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, CEPREB afirmó que estarían en riesgo más de 4.500 puestos de trabajo directos e indirectos distribuidos entre Ramallo, Junín, Daireaux, Bahía Blanca, Pilar y Saladillo. La Cámara estima también posibles consecuencias sobre instalaciones ubicadas en General Pico, en La Pampa; Nogoyá y Aldea María Luisa, en Entre Ríos; y San Luis.
Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB, cuestionó además el efecto económico que, a juicio de la organización, tendría la incorporación de las grandes aceiteras a una porción mayor del mercado interno.
Según Martelli, esas empresas ya cuentan con capacidad industrial instalada y el traslado de una mayor proporción del abastecimiento hacia esas plantas no implicaría necesariamente nuevas inversiones o ampliaciones productivas.
“Darles el mercado interno no genera una sola inversión nueva, ni un solo empleo adicional, ni una tonelada más de capacidad”, afirmó el directivo en el comunicado.
Martelli agregó que el cambio también podría repercutir sobre unas 400 extrusoras de soja del interior que, de acuerdo con CEPREB, venden aceite a las plantas pymes de biodiésel. Esa estimación y la evaluación sobre sus posibles consecuencias corresponden a la cámara y forman parte de sus argumentos contra el proyecto.
El tratamiento diferente que CEPREB observa entre biodiésel y bioetanol
Otro de los cuestionamientos planteados por la organización se refiere al tratamiento previsto para distintos biocombustibles dentro del mismo proyecto.
CEPREB señaló que el esquema reservaría al bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar un segmento propio del 6% durante toda la vigencia de la futura norma. Para las empresas pymes de biodiésel, en cambio, la cámara afirma que la participación protegida se reduciría progresivamente hasta el 4% y luego desaparecería en 2036.
A partir de esa diferencia, la entidad reclama que ambos segmentos reciban criterios equivalentes de protección.
La cámara sostuvo que acompaña la preservación del empleo en los ingenios y destilerías del Noroeste Argentino vinculados con la producción de bioetanol de caña de azúcar. Su objeción, aclaró, se dirige a que ese esquema no tenga un equivalente para las plantas regionales de biodiésel.
CEPREB presentó esa diferencia como uno de los argumentos centrales de su oposición al texto tratado en el Congreso. La organización considera que los empleos vinculados con sus empresas asociadas deberían recibir un tratamiento regulatorio comparable al aplicado en el segmento de bioetanol.
La discusión política alrededor del proyecto
La cámara también cuestionó que la media sanción obtenida en el Senado sea presentada como evidencia de un acuerdo general entre las provincias productoras.
Según el comunicado, la mayoría de los senadores de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis votó en contra del proyecto. CEPREB señaló además que tres de los cuatro gobernadores mencionados por la entidad —Axel Kicillof, Sergio Ziliotto y Claudio Poggi— expresaron públicamente su oposición a la iniciativa.
A partir de esos antecedentes, la organización sostiene que la existencia de una mayoría legislativa no implica, en este caso, consenso dentro de la cadena productiva.
Martelli también rechazó que el mecanismo previsto pueda definirse, desde la perspectiva de CEPREB, como un esquema de libre mercado o de desregulación. “Lo que está en el dictamen no es libre mercado ni desregulación”, afirmó, al considerar que las nuevas condiciones afectarían principalmente a las compañías de menor escala.
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Los tres cambios que propone CEPREB
Pese a su rechazo al texto en las condiciones actuales, la entidad aseguró que acompañaría una nueva ley si durante su tratamiento en Diputados se incorporan modificaciones específicas.
La primera propuesta consiste en elevar el corte obligatorio de biodiésel hasta el 15% o, como alternativa intermedia, al 12,5%. CEPREB plantea que ese porcentaje se organice mediante segmentos que permitan conservar el volumen que actualmente producen las plantas regionales y, al mismo tiempo, abrir una porción del mercado a la libre competencia de las grandes aceiteras.
La segunda modificación solicitada es que ese esquema de segmentación se mantenga durante toda la vigencia de la ley, en lugar de desaparecer progresivamente.
Finalmente, la cámara pide eliminar o modificar el capítulo referido a los grupos económicos. Como alternativa a su eliminación, propone establecer un período de transición que, según la organización, permita una adaptación ordenada.
CEPREB sostiene que esa combinación permitiría aumentar el porcentaje de biodiésel incorporado al gasoil, habilitar el ingreso de las grandes aceiteras al abastecimiento interno y conservar la actividad de las plantas pymes que hoy participan del mercado.
Esos serán los cambios que la cámara buscará incorporar durante la continuidad del tratamiento legislativo. Tras la media sanción obtenida en el Senado y la reunión informativa realizada en la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados, la discusión queda ahora centrada en si el texto mantiene el esquema aprobado o incorpora modificaciones en la distribución de los volúmenes de biodiésel entre los distintos tipos de productores.
