En la Exposición Rural, todos los ojos se quedaron con el anuncio de Javier Milei. La reducción permanente de retenciones, más amplia de lo que se esperaba, acaparó los aplausos y las portadas. Pero unos minutos antes, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), había dejado sobre la mesa dos reclamos que pasaron casi inadvertidos y que, sin embargo, pueden ser determinantes para el futuro económico del agro argentino.
En su discurso, Pino pidió a los gobernadores que se abstengan de sancionar leyes provinciales que limiten la propiedad privada de los créditos de carbono generados en los campos. También reclamó a Cancillería que gestione ante Bruselas una reclasificación de Argentina en la Unión Europea, donde la nueva Regulación de Deforestación (EUDR) hoy encarece exportaciones de carne, soja y madera. No se trata de un debate técnico ni de gestos diplomáticos: de cómo se resuelvan estas dos cuestiones depende que el campo argentino pueda capturar más valor en mercados donde la sostenibilidad ya no es un diferencial, sino una condición para competir.
Créditos de carbono: cómo funcionan y por qué importan
Los créditos de carbono, para empezar, son certificados que representan la captura o reducción de una tonelada de dióxido de carbono equivalente mediante prácticas productivas verificadas. Un productor puede generarlos implementando rotaciones que mejoran la captura de carbono en el suelo, sembrando cultivos de cobertura, forestando, preservando pastizales o aplicando manejos que eviten emisiones de metano o de óxido nitroso. Cada proyecto debe auditarse y certificar que la reducción o captura es real, adicional —es decir, que no habría ocurrido sin ese proyecto—, medible y, en muchos casos, permanente. Esos certificados se venden a empresas o gobiernos que buscan compensar emisiones, y son hoy un negocio global que mueve decenas de miles de millones de dólares.
Mercados voluntarios versus mercados de cumplimiento
Existen dos grandes mercados donde se negocian estos créditos. Los mercados voluntarios son aquellos en los que empresas, por voluntad propia, compran créditos para compensar su huella de carbono o para mejorar su reputación ambiental. Allí, los precios dependen de la calidad del proyecto y de la certificación obtenida. En 2025, los créditos más básicos —derivados de prácticas simples como cultivos de cobertura o siembra directa, con auditorías de menor exigencia— cotizan entre 6 y 7 dólares por tonelada de CO₂ equivalente, según el informe State of the Voluntary Carbon Market 2025 de Ecosystem Marketplace. Los proyectos que cumplen con estándares internacionales como Verra o Climate Action Reserve, que exigen demostrar adicionalidad, permanencia y beneficios adicionales para biodiversidad o comunidades, logran precios más altos, de entre 15 y 35 dólares por tonelada.
Los mercados de cumplimiento, en cambio, son los que funcionan bajo regulaciones estatales o supranacionales. Allí, las empresas están obligadas por ley a reducir sus emisiones y deben comprar créditos o permisos si no logran cumplir con sus metas. La oferta de estos créditos es más limitada y la demanda más firme, por lo que los precios son mucho más altos: en el sistema europeo de comercio de emisiones (EU ETS), la referencia más relevante del mundo, los créditos superan los 70 dólares por tonelada.
Por qué Argentina se queda afuera de los mejores precios
Para un productor argentino, esta diferencia es crucial. Hoy, por falta de un marco normativo nacional, solo puede vender en mercados voluntarios, que pagan una fracción del valor de los créditos en mercados regulados. Además, en varias provincias se discute si estos créditos son propiedad del productor o si, como ocurre con los recursos naturales del subsuelo, deben considerarse dominio provincial. Esa incertidumbre legal frena inversiones en proyectos de certificación, limita la escala y condena a los créditos argentinos a negociarse con fuertes descuentos frente a los valores internacionales.
La Mesa Argentina de Carbono, que reúne a empresas, cámaras y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la cadena de valor del mercado de carbono —entre ellas, la SRA—, impulsa un proyecto de ley nacional para poner fin a esta incertidumbre. La propuesta busca, primero, reconocer los créditos como bienes de propiedad privada, despejando cualquier intento de apropiación provincial o de carga impositiva excepcional. Y segundo, habilitar su acceso a mercados de cumplimiento internacionales, lo que abriría la puerta a contratos de largo plazo con precios mucho más altos y estables.
Las proyecciones elaboradas por la Mesa muestran el potencial de este cambio: si apenas un diez por ciento de la superficie agropecuaria y forestal del país participara en proyectos certificados, las exportaciones de créditos podrían sumar 460 millones de dólares por año. Con un treinta por ciento de adopción, esa cifra treparía a más de 2.300 millones de dólares anuales, sin contar el aporte de sectores como energía, transporte e industria. Además, los proyectos podrían movilizar entre 2.200 y 3.800 millones de dólares en inversiones privadas hacia 2030 y crear 70.000 empleos directos e indirectos.
La Regulación de Deforestación y el costo de ser “riesgo estándar”
El segundo reclamo de Pino apunta a Europa y a la Regulación de Deforestación de la Unión Europea, conocida como EUDR. Esta norma, en vigor desde 2024 y de cumplimiento obligatorio a partir de 2026, busca garantizar que productos como carne, soja, madera, café y cacao que ingresen al bloque no provengan de tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020. Para aplicarla, Bruselas clasificó a los países exportadores en tres categorías: riesgo bajo, riesgo estándar y riesgo alto.
En mayo de 2025, Argentina fue ubicada en la categoría de riesgo estándar, junto con Brasil y Paraguay. En cambio, competidores como Uruguay, Estados Unidos y China obtuvieron la categoría de riesgo bajo. Esta clasificación tiene consecuencias concretas: las exportaciones argentinas deben someter al menos el tres por ciento de cada embarque a inspecciones obligatorias (frente al uno por ciento de los países mejor calificados), cumplir con auditorías satelitales, certificaciones ambientales detalladas y sistemas de trazabilidad que aumentan los costos logísticos y administrativos.
Según estimaciones de cámaras exportadoras, esas exigencias elevan entre un cinco y un quince por ciento los costos por operación y dificultan la logística. Además, las demoras derivadas de auditorías adicionales pueden hacer perder contratos frente a proveedores con mejores condiciones de acceso. No se trata solo de imagen o burocracia: se trata de millones de dólares que se pierden por estar mal posicionados en una de las regiones más exigentes —y más valiosas— del comercio internacional.
Aunque la Comisión Europea revisará formalmente las categorías en 2026, esperar más de un año con sobrecostos implica resignar mercados y competitividad.
Cómo Argentina podría salir del riesgo intermedio
La SRA sostiene que Argentina puede y debe gestionar una reclasificación anticipada. Entre sus argumentos destaca el Sello de Triple Impacto, desarrollado por la propia entidad, que certifica sostenibilidad económica, social y ambiental y ya fue reconocido por la Unión Europea a través del programa Al Invest Verde. Combinado con datos satelitales y registros de trazabilidad, podría servir de base para que la Cancillería reclame que Argentina pase a la categoría de riesgo bajo, reduciendo costos y recuperando competitividad frente a sus rivales.
No se trata solo de aliviar trámites: un cambio de estatus enviaría una señal de previsibilidad a los compradores europeos y permitiría al agro argentino competir en condiciones más parejas.
Más allá de los impuestos, la oportunidad que no se puede dejar pasar
Las rebajas de retenciones anunciadas por Javier Milei fueron una buena noticia para el campo, pero el mensaje de Pino, aunque casi nadie lo escuchó, apunta a una agenda igual de urgente. En un comercio internacional que ya no solo compara precios y volúmenes, sino también huellas ambientales y trazabilidad, la competitividad del agro argentino dependerá tanto de alivios fiscales como de su capacidad para convertir sostenibilidad en valor económico.
Definir con urgencia la propiedad de los créditos de carbono y lograr una reclasificación ante la Unión Europea no son debates secundarios ni gestos diplomáticos. Son decisiones que ya están impactando en la capacidad del agro argentino para capturar valor, firmar contratos a largo plazo, o competir sin desventajas en mercados clave. Mientras la agenda política se concentra en las retenciones, la sostenibilidad —mal entendida o directamente ignorada— se vuelve una fuente silenciosa de pérdida económica.
