En 1979, Paul Middaugh viajó desde Brookings, Dakota del Sur, hasta el National Mall de Washington con un objetivo tan simple como provocador: mostrarles a los legisladores del Congreso que el maíz podía convertirse en combustible. El microbiólogo de la Universidad Estatal de Dakota del Sur (SDSU) montó una destilería a escala de campo en plena explanada pública y demostró, ante funcionarios y curiosos, que la fermentación del almidón podía rendir alcohol apto para mover motores. Nadie en ese momento podría haber calculado el efecto en cadena que ese sencillo experimento —y las políticas que vendría a inspirar— terminaría generando sobre millones de hectáreas agrícolas en el corazón de Estados Unidos.
Décadas después, un equipo de esa misma universidad acaba de publicar el primer estudio que establece con rigor estadístico lo que muchos intuían pero nadie había podido demostrar de forma causal: el boom del etanol en la primera década de los 2000 aumentó el valor de los campos agrícolas en los estados maiceros hasta un 44%, y en los condados con mayor aptitud productiva, los precios de la tierra se más que duplicaron. La investigación, liderada por Hoanh Le, profesor asistente de la Escuela de Administración y Economía Ness de la SDSU, fue publicada en la revista académica Applied Economic Perspectives and Policy y aporta la primera estimación causal de ese fenómeno.
Una ley federal transformó el mercado de tierras
El punto de partida del análisis es la aprobación de la Energy Policy Act en 2005, que estableció el programa Renewable Fuel Standard (RFS) —el estándar de combustibles renovables—, la herramienta regulatoria central de la política de biocombustibles de Estados Unidos. El RFS fijó volúmenes mínimos obligatorios de combustibles renovables —principalmente etanol— que debían mezclarse anualmente con la nafta distribuida en todo el país. Esa exigencia no era simbólica: tenía consecuencias directas sobre cuánto maíz se necesitaba producir cada año y, por lo tanto, sobre cuánto valía producirlo.
El impacto sobre los precios del maíz fue inmediato y sostenido. Según el estudio, la implementación del RFS contribuyó a un aumento del 30% en el precio del cereal entre 2006 y 2014. Ese salto no solo mejoró los ingresos de los productores: también cambió las expectativas sobre la rentabilidad futura de la actividad agropecuaria, y esas expectativas se capitalizaron directamente en el precio de la tierra.
«Los condados con mayor productividad del suelo —aquellos con alta aptitud para el cultivo de maíz— estaban mejor posicionados para responder al aumento de la demanda y al alza de los precios», explica Le. Esa ventaja se tradujo en números concretos: en los condados de alta aptitud maicera, el valor de los campos subió 1.147 dólares por acre (2.800 dólares por hectárea) después de 2005, lo que equivale a un aumento del 44% respecto a los niveles previos al boom del etanol. En los condados más productivos, la apreciación fue aún mayor: los valores se más que duplicaron.
Dos mecanismos que se refuerzan entre sí
El estudio identifica dos canales complementarios a través de los cuales la expansión del etanol se tradujo en mayor valor de la tierra. El primero operó en el corto plazo: los precios más altos del maíz aumentaron los ingresos de los establecimientos agropecuarias, lo que hizo más atractiva la actividad y elevó la demanda de campos. El segundo fue más estructural y persistente: las expectativas de retornos agrícolas sostenidamente mayores a futuro generaron una demanda sostenida de tierras productivas, que se fue capitalizando en precios más altos a lo largo del tiempo.
«Nuestro análisis destaca dos mecanismos complementarios que vinculan la expansión del etanol con el valor de los campos», señala Le. «En el corto plazo, los precios más altos del maíz elevaron los ingresos de las explotaciones. Con el tiempo, las mayores expectativas de retorno agrícola aumentaron la demanda de tierras productivas, generando una apreciación persistente en sus valores.»
Ese patrón temporal también varió según el perfil económico de los condados. En los de menores ingresos, la suba fue más rápida: ya en 2007 se registraban aumentos significativos. En los de mayores ingresos, la apreciación emergió de forma más gradual. Ese comportamiento diferencial sugiere que la política energética tuvo efectos redistributivos dentro del propio mundo rural, con ganancias que se distribuyeron de manera asimétrica según la capacidad productiva y la situación económica previa de cada territorio.
Una economía rural transformada
Más allá de los números, el estudio retrata un proceso de transformación profunda de la economía rural del Midwest. Durante décadas, los condados maiceros del interior de Estados Unidos habían dependido de los precios internacionales de los commodities, expuestos a la volatilidad de mercados que poco tenían en cuenta sus condiciones locales. La aparición de una demanda doméstica sostenida, anclada en mandatos regulatorios nacionales, cambió esa ecuación.
El etanol creó un mercado cautivo para el maíz estadounidense. Y ese mercado —estable, predecible, regulado— se convirtió en un factor de valorización del principal activo productivo de esas comunidades: la tierra. En el mundo rural de Estados Unidos, la propiedad de la tierra no es solo un medio de producción: es la principal reserva de riqueza de los hogares rurales, el colateral de los créditos, el activo que se hereda y que define la capacidad de inversión de generaciones enteras.
El estudio también señala que esa misma apreciación encareció el acceso a la tierra para productores nuevos o pequeños. Cuando el valor de los campos sube de forma persistente, el costo de entrada al sector agropecuario aumenta, lo que puede dificultar la incorporación de nuevas generaciones o la expansión de explotaciones más chicas. Es un dato que el propio Le menciona como parte del cuadro completo.
La política energética tiene consecuencias que van más allá de la energía
Quizás el hallazgo más relevante del trabajo no sea ninguno de los números en particular, sino la idea que los atraviesa a todos: las políticas energéticas tienen efectos que se extienden mucho más allá del sector energético. El RFS fue diseñado para reducir la dependencia de combustibles importados y disminuir las emisiones del transporte. Nadie lo concibió como una política de desarrollo rural ni como un instrumento de redistribución de riqueza en el interior del país. Sin embargo, eso es, en parte, lo que terminó siendo.
«Nuestros resultados destacan cómo las políticas energéticas a gran escala pueden remodelar los mercados de tierras agrícolas de maneras que van mucho más allá de sus objetivos originales», concluye Le. «Reconocer estos efectos —espacialmente difusos y persistentes— es esencial para una evaluación completa de los mandatos de biocombustibles y para anticipar cómo las futuras políticas climáticas y energéticas pueden influir en las economías rurales.»
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Un contexto que sigue activo
El estudio llega en un momento en que la política de biocombustibles de Estados Unidos está lejos de haber alcanzado su estado final. En marzo de este año, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) —el organismo federal responsable del RFS— actualizó los volúmenes obligatorios para 2026 y 2027. Las nuevas reglas aumentan las obligaciones totales de combustible renovable a 25.820 millones de RINs para 2026 y 25.980 millones para 2027, frente a los 22.330 millones fijados para 2025. Los RINs —Renewable Identification Numbers— son los créditos que miden el cumplimiento del programa y equivalen aproximadamente a un galón de etanol.
Aunque el volumen de etanol convencional se mantiene sin cambios respecto a 2025, los biocombustibles avanzados —como el biodiesel y el diésel renovable, producidos principalmente a partir de aceite de soja— verán crecer su producción aproximadamente un 60%. La EPA estimó que el conjunto de estas nuevas reglas aumentará el valor combinado del maíz y el aceite de soja en aproximadamente 2.000 millones de dólares en 2026.
Estos nuevos movimientos regulatorios reafirman que las políticas climáticas y energéticas continuarán modelando de manera difusa pero persistente el mapa socioeconómico de las comunidades agrícolas.
