El mapa del país volvió a dividirse, esta vez en nombre de los biocombustibles. De un lado, las provincias que los producen; del otro, las que viven del petróleo y el gas. En el medio, el Congreso, intentando —una vez más— conciliar lo que parece difícil de conciliar. La semana pasada, en un plenario conjunto de las comisiones de Minería y Ambiente, se debatieron dos de los cuatro proyectos de Ley presentados en el Congreso. Uno de ellos —el impulsado por las provincias que integran la Liga Bioenergética— es el que cuenta con mayor respaldo político y productivo, y el que concentra hoy las principales expectativas del sector. Pero el debate volvió a empantanarse. Lo que debería ser una política de Estado se convirtió en una disputa territorial. Una discusión que ya no se da entre modelos energéticos, sino entre geografías.
Soy el primero en desear una Ley. Una Ley que nos permita consolidar una industria moderna de biocombustibles, capaz de seguir el ejemplo de Brasil o de la India, y de sostener un desarrollo federal basado en la producción, la ciencia y la innovación, en equilibrio con la naturaleza. Porque no hay dudas de que necesitamos un nuevo marco regulatorio alineado con las demandas del mundo actual. El vigente —la Ley 27.640— fue un retroceso ambiental. Pasamos de ser un modelo de desarrollo bioenergético a tener plantas paradas, inversiones frenadas y productores desalentados. Perdimos quince años de aprendizaje colectivo por decisiones tomadas con miopía política y obediencia partidaria.
El problema de fondo es que el debate dejó de ser técnico o ambiental para transformarse en una cuestión de coordenadas. Las provincias bioenergéticas —Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salta, Entre Ríos— empujan el proyecto junto con Corrientes, Misiones y Catamarca, que lo apoyan aun sin tener producción de biocombustibles líquidos. Del otro lado, las provincias petroleras —Neuquén, Chubut, Río Negro— lo rechazan abiertamente. A ellas se suman Buenos Aires, La Pampa y San Luis, que responden a productores de biodiésel alejados de los puertos y temen perder competitividad. En el fondo, no es una discusión sobre si el contenido de la Ley es bueno para el país, sino sobre quién siente que gana y quién siente que pierde.
En ese tironeo se roza el absurdo. El plenario decidió pasar a cuarto intermedio para convocar a los fabricantes de automóviles, como si el país necesitara que ellos dictaminen si los biocombustibles “funcionan” en la Argentina. En realidad, fue el viejo truco de siempre: ganar tiempo, dilatar la discusión y esperar que la urgencia de otros temas borre este de la agenda. Mientras tanto, seguimos analizando lo que el mundo resolvió hace décadas. Lo que funciona con normalidad en Brasil, Estados Unidos, el norte de Europa, India o Indonesia —y que alimenta millones de motores de las mismas marcas que circulan en nuestras calles—, acá todavía se “estudia”. Tal vez, ya que estamos, habría que comprobar también si la Ley de Newton sobre la gravedad aplica dentro de nuestras fronteras. Lo tragicómico es que esas mismas automotrices mantienen alianzas estratégicas con las principales compañías petroleras, recomiendan marcas específicas de combustibles y lubricantes, y aun así se las consulta como si fueran un oráculo neutral.
La historia demuestra que no siempre fue así. Hubo un tiempo en que el país fue capaz de pensar su política energética como una política de Estado, más allá de las banderas partidarias o los intereses sectoriales. En 2006, con la sanción de la Ley 26.093, Argentina se convirtió en un ejemplo regional. Con amplio consenso en Diputados y unanimidad en el Senado, se estableció que a partir de 2010 todos los combustibles debían contener al menos un 5% de biodiésel o etanol. Fue una decisión moderna, estratégica y federal. A los pocos años, el país necesitó que se aumentaran los cortes: 7%, 10%, 12%. Se crearon plantas, se diversificó la matriz energética, se ahorraron divisas que antes se destinaban a importar combustibles fósiles, se generaron empleos, inversiones y un nuevo polo industrial en el interior. Por un momento, fuimos parte de la vanguardia, y parecía que la transición hacia una energía más limpia y más nuestra era posible.
Esa etapa de expansión duró poco. En julio de 2021, el Congreso sancionó un nuevo marco regulatorio que redujo a la mitad el corte obligatorio de biodiésel, otorgó amplia discrecionalidad a la Secretaría de Energía y volvió a generar incertidumbre en un sector que había demostrado solidez productiva y tecnológica. Fue una norma que, lejos de corregir desequilibrios, interrumpió un proceso que funcionaba. Lo paradójico es que muchos de los legisladores que la respaldaron entonces hoy apoyan el nuevo proyecto que busca revertir aquel error. Ojalá esta vez lo hagan con convicción, mirada federal y sentido de largo plazo, y no por obediencia partidaria.
Parte de la explicación está en algo que pasó casi inadvertido: la ausencia de la sociedad civil en el debate. La Ley 26.093 no surgió de un escritorio ni de un lobby sectorial, sino que fue el resultado del trabajo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), una organización sin fines de lucro en la que convivían representantes del agro, la energía, la academia, la logística y también de la ciudadanía. Era un espacio de articulación donde los intereses diversos convergían en un propósito común: promover la movilidad sustentable y el desarrollo federal. El liderazgo de Claudio Molina, como director ejecutivo, fue fundamental para lograr que casi todos los legisladores entendieran que los biocombustibles no eran una causa de sector, sino una política de Estado, alineada con los intereses del país y en sintonía con las demandas globales.
Entre los grandes aciertos de la Ley 26.093 estuvo la creación de la Comisión Nacional Asesora: un ámbito interministerial que equilibraba miradas técnicas, productivas y ambientales. Allí, el Ministerio de Agricultura tenía una voz fuerte y actuaba como contrapeso de la Secretaría de Energía, autoridad de aplicación del régimen y cuyos secretarios, históricamente, respondieron a la lógica del petróleo y el gas. Esa arquitectura institucional permitió sostener durante años una política de biocombustibles con visión federal, productiva y ambientalmente responsable.
La industria también crecía de manera federal, aunque con dinámicas distintas según el caso: en el bioetanol, con materias primas que variaban según la geografía; en el biodiésel, con plantas de escalas muy diferentes. Pero en un contexto externo de creciente proteccionismo y un escenario interno marcado por los cambios políticos, el sector sufrió varios golpes. Los intereses particulares — quizás dominados por la lógica de supervivencia— comenzaron a imponerse sobre una agenda común, con judicializaciones y amparos de por medio. En ese escenario, la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, que había sido clave para articular intereses diversos, fue perdiendo protagonismo.
El punto de quiebre llegó con la retirada del Ministerio de Agricultura de la Comisión —decisión adoptada durante la gestión de Luis Miguel Etchevehere—. Desde entonces, la Secretaría de Energía concentró la totalidad del poder y de las voces en el Ejecutivo. De aquella mirada de conjunto que había hecho posible el consenso de 2006, ya casi no quedaba nada.
Esa pérdida de equilibrio institucional y de representación transversal ayuda a entender buena parte del escenario actual. Hoy la discusión se da entre provincias y corporaciones. No hay una mirada que ordene el sistema en su conjunto, ni un espacio institucional donde la ciencia, el agro, la industria y los consumidores puedan sentarse a definir una estrategia energética propia. En los últimos años, la Liga Bioenergética intentó recuperar ese sentido colectivo, logrando consensos que hace poco parecían imposibles. Pero mientras el sector bioenergético busca reencontrarse con una visión común, el poder fósil se aferra a preservar el statu quo. Y quizás por eso cueste tanto construir consensos: porque los intereses están representados, pero la visión de país no.
El mundo, mientras tanto, sigue avanzando. Esta semana, varias automotrices europeas reconocieron que no llegarán a cumplir los objetivos de electrificación impuestos por la Comisión Europea. En otras palabras, están empezando a admitir lo que aquí venimos diciendo hace años: que los biocombustibles son, y seguirán siendo por décadas, la herramienta más efectiva para descarbonizar el transporte. No solo en tierra, sino también en el aire y en el agua.
Argentina podría volver a ser protagonista si se atreve a mirar al mundo con ambición y hacía adentro con sentido estratégico. Este proyecto puede ser el punto de partida para recuperar una política de Estado en biocombustibles. Pero para eso hace falta discutirlo con una mirada estratégica de país, no desde la geografía o los intereses particulares. Porque no alcanza con tener una buena Ley: hace falta tener también una visión compartida de futuro.
Porque cuando la política deja de pensar la energía como estrategia y la reduce a un mapa de intereses, deja de pensar en el país.
