El vapor sale a presión de las columnas de destilación y el olor a melaza caliente impregna el aire en la destilería, mientras decenas de camiones cisternas se ordenan en fila como si esperaran turno en una aduana. En India, esa escena industrial dejó de ser una postal aislada de la agroindustria y pasó a ser un engranaje fundamental de la política energética. Lo que empezó como un programa de mezcla con avances irregulares se convirtió, en menos de una década, en una estrategia nacional para recortar importaciones de petróleo, sostener ingresos rurales y reducir emisiones en ciudades donde la calidad del aire se volvió un problema cotidiano.
El salto fue acelerado. En 2017, la mezcla promedio de etanol en nafta rondaba apenas el 2%. Un año después, la Política Nacional de Biocombustibles fijó un objetivo claro: alcanzar el 20% de mezcla para 2030. En 2022, el gobierno decidió adelantar esa meta al año 2025. La señal fue contundente. Se ampliaron materias primas habilitadas —incluyendo arroz y maíz—, se facilitaron líneas de financiamiento para nuevas destilerías y las petroleras estatales consolidaron su rol como compradoras obligadas del biocombustible.
La progresión fue visible en los números. El promedio nacional de mezcla que alcanzó el 12,06% en 2022, saltó al 14,60% en 2023 y al 17,98% en 2024. En agosto de 2025, el gobierno declaró que el E20 ya estaba alcanzado dentro del año en curso. La meta prevista para el final de la década se había cumplido cinco años antes.
Pero el éxito abrió un nuevo interrogante.
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Cuando la capacidad supera al objetivo
El dato que explica la urgencia es contundente. Para el 2025, la industria ofreció 17.760 millones de litros de etanol, mientras que las compañías petroleras estatales demandan alrededor de 10.500 millones de litros anuales para sostener el E20. La capacidad instalada total ronda los 17.000 millones de litros y fue construida al calor de un programa que dio señales claras de crecimiento sostenido.
India cuenta hoy con unas 400 plantas productoras de etanol. Aproximadamente 250 son de base granaria —principalmente arroz y maíz— y el resto opera con caña de azúcar y sus derivados. Solo el sector azucarero declaró inversiones superiores a 40.000 crore de rupias, equivalentes a unos 4.400 millones de dólares, que permitieron desarrollar una capacidad superior a 9.000 millones de litros anuales desde caña.
La expansión fue coherente con el cronograma oficial. El problema, dice la industria, es que ese cronograma se cumplió antes de tiempo. Con el E20 ya alcanzado, parte de la infraestructura instalada queda sobredimensionada respecto del nivel actual de demanda obligatoria.
El resultado es una estructura productiva sobredimensionada frente al techo actual de mezcla. Las plantas granarias advierten que, si no se incrementa el porcentaje obligatorio en las naftas, muchas operarán al 50% de su capacidad. A diferencia de los ingenios azucareros, que pueden diversificar hacia azúcar o energía, las destilerías de grano dependen casi exclusivamente del mercado de biocombustibles.
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Un programa que impacta en el campo y en las cuentas externas
Entre 2014-15 y julio de 2025, el etanol generó pagos a productores por más de 15.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, permitió ahorrar más de 17.000 millones de dólares en divisas al reducir la compra de petróleo crudo en el exterior.
En la práctica, el esquema asegura demanda para la caña y para parte de la producción de arroz y maíz, sectores históricamente expuestos a excedentes y volatilidad de precios. El etanol funciona como válvula de absorción de sobreoferta agrícola y como sustituto parcial de importaciones energéticas.
Esa combinación explica por qué el programa ganó peso político. No se limita a una meta ambiental: interviene en el mercado agrícola, en la balanza comercial y en la planificación industrial.
El debate por el E27 y la necesidad de reglas claras
Con el E20 cumplido antes de lo previsto, la industria azucarera y la de etanol de grano pidieron al gobierno un cronograma explícito para avanzar hacia E27. El argumento es directo: sin una meta superior y plazos definidos, parte de la capacidad instalada quedará ociosa y se frenarán nuevas inversiones.
El pedido incluye definiciones sobre estándares para vehículos aptos para mayores mezclas, incentivos fiscales —como la reducción de impuestos a los autos flex — y señales estables de demanda.
En paralelo, también plantean diversificar la producción hacia etanol de segunda y tercera generación, combustible sostenible de aviación y químicos de base biológica, como vía para absorber excedentes y reducir la dependencia exclusiva del mercado de naftas.
