En Corrientes, los aserraderos producen todo el año una montaña de descarte que casi nadie aprovecha: ramas, corteza y aserrín que se acumulan a la intemperie. Ese material, hoy sin destino, podría convertirse en electricidad renovable para abastecer a miles de hogares. La tecnología es conocida y la materia prima sobra, pero existe una barrera que se repite en casi todos los proyectos de biomasa: conseguir el financiamiento necesario para construir las centrales.
Para destrabar ese cuello de botella, la diputada provincial Sofía Brambilla presentó un proyecto de ley que busca atraer recursos del mismo mercado financiero internacional que hoy premia a quien tiene para ofrecer lo que a Corrientes le sobra, naturaleza.
La provincia combina dos rasgos que pocas jurisdicciones argentinas reúnen. Por un lado, alberga los Esteros del Iberá, uno de los humedales más grandes del planeta, con más de un millón de hectáreas de biodiversidad protegida. Por el otro, sostiene una de las matrices forestales más importantes del país, con cientos de miles de hectáreas de pino y eucalipto implantados que alimentan a la industria de la madera y la celulosa. Ese patrimonio natural figura en los mapas turísticos y en las estadísticas productivas. Brambilla quiere que también figure en los balances financieros.
La propuesta plantea que la provincia emita los denominados Bonos SVS, sigla que reúne a los bonos Sociales, Verdes y Sustentables. Según informó El Litoral, el objetivo apunta a transformar parte de ese patrimonio natural en activos financieros capaces de atraer fondos del exterior, con una obligación central: que el dinero recaudado se destine de manera exclusiva a la preservación ambiental y al desarrollo social.
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Qué es un bono verde y por qué los inversores los buscan
Un bono es, en esencia, un préstamo. Quien lo emite recibe capital de inversores y se compromete a devolverlo en un plazo determinado, con intereses. Un bono verde, social o sustentable se diferencia de uno tradicional en un punto decisivo: el destino de los fondos está comprometido por escrito desde el momento de la emisión. El inversor sabe de antemano que su dinero financiará obras con impacto ambiental o social verificable, y no gastos corrientes ni desequilibrios presupuestarios. Esa trazabilidad es lo que les otorga valor en los mercados internacionales, donde la demanda de instrumentos con criterios de sostenibilidad ha crecido de manera sostenida en los últimos años.
Para Brambilla, ese contexto global es precisamente la oportunidad que la provincia debería aprovechar. «Corrientes tiene algo que muchas provincias no tienen: el Iberá, los bosques nativos, la matriz forestal. Eso hoy vale en el mercado financiero mundial», fundamentó la legisladora. Y remarcó que la norma busca convertir ese capital ecológico en una palanca de crecimiento real, encuadrada en normativas claras y sometida a auditorías ciudadanas rigurosas.
Del Iberá a la energía por biomasa: los proyectos que podrían financiarse
El proyecto de ley delimita con precisión el destino de los fondos, con el objetivo declarado de impedir la discrecionalidad política en su uso. El texto enumera una serie de áreas prioritarias, entre la que se encuentra el aprovechamiento de los residuos de la industria forestal como fuente de energía.
La provincia genera grandes volúmenes de descarte maderero, y la iniciativa contempla destinarlo a plantas de energía limpia en localidades industriales como Ituzaingó, un polo vinculado a la actividad forestal y a la producción hidroeléctrica de la represa de Yacyretá. Esas plantas abastecerían a miles de hogares y generarían empleo local. La fracción del árbol que no tiene valor para la madera ni la celulosa pasa a tener valor como combustible, un principio que ordena buena parte de la bioenergía.
El resto de las áreas previstas amplía el alcance social y ambiental de la herramienta. La norma habilita financiar redes de agua potable segura y cloacas en municipios pequeños del interior, una intervención con efecto directo sobre la salud de las familias y sobre la contaminación de los cursos de agua naturales. Contempla, además, planes de restauración de la biodiversidad, control ambiental y turismo sustentable dentro del humedal del Iberá. Y suma una línea orientada al mercado internacional del carbono: la certificación de los bosques implantados de la provincia para comercializarlos como créditos de carbono. Ese mecanismo permite que empresas o países obligados a compensar sus emisiones paguen por el carbono que esos bosques capturan, lo que para Corrientes representa una entrada potencial de divisas genuinas.
«Estamos creando una herramienta para que inversores de todo el mundo pongan plata en Corrientes, sabiendo que ese dinero va a un proyecto concreto», diferenció la legisladora provincial.
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Tres candados de transparencia para el control de los fondos
El control es el punto más sensible de cualquier instrumento de esta clase. Un bono verde conserva su valor mientras los inversores confíen en que el dinero se aplica a lo prometido; si esa confianza se quiebra, el instrumento pierde sentido y el emisor pierde acceso al financiamiento. Para sostener esa garantía, el proyecto establece tres mecanismos institucionales que buscan evitar que los recursos se desvíen hacia el déficit o hacia gastos administrativos ordinarios.
El primero separa físicamente los fondos del tesoro: el dinero obtenido se deposita en una cuenta especial del Banco de Corrientes, aislada del presupuesto general de la administración. El segundo incorpora una revisión externa, conocida en la jerga financiera como «segunda opinión»: antes de cada emisión, un experto independiente debe certificar que el proyecto cumple de manera estricta con los estándares ambientales y sociales exigidos a nivel nacional e internacional. El tercero impone una rendición posterior, ya que el Ministerio de Hacienda provincial queda obligado a presentar cada año un informe ante la Legislatura, con el detalle de las obras realizadas y los resultados ambientales verificados.
«La transparencia no es un adorno, es parte del instrumento», concluyó Brambilla.
La propuesta se apoya en los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo que regula el mercado de capitales argentino y que ya cuenta con un marco específico para la emisión de bonos sociales, verdes y sustentables. De aprobarse la norma, Corrientes se convertiría en una de las provincias pioneras del país en disponer de una legislación propia en materia de deuda sostenible, un terreno todavía poco transitado por la mayoría de las jurisdicciones argentinas.
