En los caminos de Illinois el paisaje fue el mismo por décadas. Campos de maíz y soja que se pierden en el horizonte, silos, alguna casa de campo y por ahí, alguna planta de bioetanol u otra pujante agroindustria. Pero quien hoy transite esos parajes puede toparse con una postal inédita: galpones sin ventanas, del tamaño de varias canchas de fútbol, rodeados de cables, transformadores y torres de refrigeración. No producen alimento ni biomasa. Producen capacidad de cómputo. Son centros de datos, la infraestructura física que sostiene a la inteligencia artificial, y su avance sobre el territorio rural empezó a generar una inquietud concreta entre quienes trabajan la tierra.
Para entender ese malestar conviene primero dimensionar qué hay detrás de cada aplicación de IA. Cada vez que un usuario consulta un asistente virtual o entrena un modelo, la operación ocurre físicamente en algún lugar: en servidores que necesitan electricidad de manera continua y agua en grandes volúmenes para los sistemas de refrigeración líquida que evitan el sobrecalentamiento. Un centro de datos moderno pensado para IA requiere de 200 a 320 hectáreas, y en algunos casos todavía más. Esa necesidad de suelo desarrollable explica por qué muchas de estas instalaciones terminan levantándose, justamente, sobre tierras agrícolas.
El fenómeno no es marginal. Según el Pew Research Center, un centro de investigación estadounidense que estudia tendencias sociales y demográficas, si bien el 87 % de los centros de datos actuales se ubican en zonas urbanas, el 67 % de los proyectados se construirán en comunidades rurales. Más aún: el 39 % de los planificados se localizan en condados que hoy no tienen ninguno. A medida que estas obras se vuelven más rurales, su impacto sobre el campo y sobre los sistemas locales de agua y electricidad crece en la misma proporción.
Trump pone a la agricultura regenerativa en el centro del negocio agrícola estadounidense
Qué dicen los datos sobre la preocupación en el campo
Hasta ahora se sabía bastante sobre la oposición general de los estadounidenses a tener un centro de datos cerca, pero mucho menos sobre cómo cambiaba esa mirada entre habitantes rurales y urbanos. Para despejar esa incógnita, la Gardner Food and Agricultural Policy Survey —una encuesta trimestral sobre política alimentaria y agrícola que conduce la Universidad de Illinois— preguntó a los consultados por sus temores en torno a los centros de datos y la IA. El sondeo se realizó en febrero de 2026, en formato online, y alcanzó a alrededor de 1.000 adultos representativos del país por región, ingreso, edad y género.
A los participantes se les pidió que calificaran su nivel de preocupación en una escala de 1 a 7, donde 1 significaba «nada preocupado» y 7 «extremadamente preocupado». Los tres escenarios planteados superaron el punto medio. El que más inquietud despertó fue el impacto de los nuevos centros de datos sobre el costo de la electricidad, con un promedio de 5,17. Le siguió el uso excesivo de agua, con 4,77, y finalmente el uso de tierras agrícolas para estas instalaciones, con 4,56. No son los únicos efectos posibles de la expansión de la IA, pero son los que con más insistencia aparecen en las coberturas vinculadas al mundo rural y agrícola.
Por qué los habitantes rurales son los más inquietos
Al ordenar las respuestas según el tipo de comunidad de cada encuestado —urbana, suburbana o rural—, la encuesta encontró diferencias significativas. Los habitantes rurales son los más preocupados por los impactos potenciales de los centros de datos. En el caso de la electricidad, el grupo rural promedió un nivel de inquietud de 5,41 sobre 7, por encima de los residentes urbanos y suburbanos. Esa misma diferencia se repitió en la preocupación por el uso de tierras agrícolas. En cambio, en lo referido al agua no aparecieron diferencias estadísticamente relevantes entre los distintos grupos.
La brecha se vuelve más nítida al observar a quienes se declararon «muy preocupados», es decir, los que puntuaron 6 o 7. En materia de costos eléctricos —el tema que toca de manera más directa el bolsillo— los residentes rurales estuvieron 11 puntos porcentuales por encima de los urbanos y 8 por encima de los suburbanos. El dinero, más que cualquier otra consideración ambiental o territorial, parece concentrar la mayor angustia.
Ese temor tiene fundamento técnico, y su alcance depende del esquema eléctrico de cada estado. Donde el sistema está regulado, como en Virginia, las distribuidoras pueden construir las centrales y las redes necesarias para abastecer a un centro de datos, y luego les está permitido recuperar esa inversión cargándola en la tarifa del conjunto de todos los usuarios, previa autorización del regulador. Donde el mercado está parcialmente desregulado, como en Illinois, la generación se fija por oferta y demanda: al sumar un consumidor tan voraz, el centro de datos empuja hacia arriba los precios mayoristas de la energía, que tarde o temprano se trasladan a la factura. Por una vía o por otra, el resultado tiende a ser el mismo: son los consumidores quienes terminan absorbiendo el costo de la nueva demanda, ya sea por la generación adicional o por las obras de transmisión y distribución que hacen falta para sostenerla.
Promesas económicas y costos ocultos
El atractivo de estos desarrollos para las comunidades pequeñas no es menor. Se trata de inversiones intensivas en capital que, en algunos casos, generan ingresos significativos por impuestos a la propiedad para las jurisdicciones locales. Pero el beneficio en empleo suele estar sobredimensionado: más allá de la etapa de construcción, los puestos vinculados a la operación, el mantenimiento y la seguridad son comparativamente modestos. A eso se suma un efecto colateral menos discutido: estas instalaciones tienden a elevar el precio de las viviendas, lo que favorece a los propietarios pero encarece el acceso para inquilinos y futuros compradores.
Las incógnitas sobre el impacto pleno de esta expansión siguen siendo numerosas. De acuerdo con el Weldon Cooper Center for Public Service de la Universidad de Virginia, hacia 2030 los requerimientos energéticos de los centros de datos se proyectan más del doble en Illinois y se triplican en Indiana, Michigan, Minnesota y Wisconsin. Junto con esa mayor demanda de generación y transmisión, esos desarrollos presionan sobre el uso del agua, el vertido de efluentes y la ocupación del suelo, además de afectar la calidad del aire y el ruido.
Una negociación desigual
Detrás de las cifras aparece un problema de fondo: la asimetría entre quienes impulsan estos proyectos y las comunidades que deben decidir si los reciben. Las grandes compañías que operan centros de datos a escala de IA llegan acompañadas de abogados, ingenieros y analistas financieros especializados en estructurar inversiones y elegir localizaciones. Enfrente, muchas comunidades rurales cuentan con presupuestos ajustados, equipos reducidos y, en numerosos casos, intendentes voluntarios o funcionarios electos de dedicación parcial. La consecuencia es previsible: a menudo no están preparadas para negociar en igualdad de condiciones ni para evaluar todas las implicancias de una decisión que condicionará su futuro.
Ninguna de estas comunidades quiere perderse una oportunidad de desarrollo, sobre todo cuando algunas ya vieron crecer su base impositiva gracias a estos emprendimientos. Pero tampoco quieren cargar con decisiones que las perjudiquen a largo plazo. Por eso, organismos como Penn State Extension —el servicio de extensión de la Universidad Estatal de Pensilvania— elaboraron guías con las preguntas básicas que cada localidad debería formular antes de aprobar un proyecto: cuánta energía y agua consumirá, cómo se zonificará el suelo, qué empleo real generará y qué efectos tendrá sobre los impuestos locales.
La encuesta deja una señal difícil de ignorar: en el corazón agrícola de Estados Unidos, el mismo suelo que durante generaciones produjo alimento y biomasa empieza a ser disputado por la infraestructura de la economía digital. Y quienes lo trabajan ya tomaron nota de que esa competencia por la tierra, el agua y la energía no es una abstracción tecnológica, sino algo que puede llegar hasta su factura de luz.
