Durante años, la agricultura regenerativa se mantuvo solo dentro dentro del lenguaje de la agronomía. Cultivos de cobertura, labranza reducida, siembra directa, rotaciones más diversas o manejo preciso de nutrientes eran prácticas recomendadas por técnicos, adoptadas por productores innovadores y acompañadas por programas de conservación. Ahora, el gobierno de Estados Unidos busca que ese manejo también tenga una expresión económica. Que cuidar el suelo, usar mejor los insumos y documentar buenas prácticas pueda abrir nuevas oportunidades comerciales.
Esa es la puerta que acaba de abrir Donald Trump. A través de una orden ejecutiva firmada en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos puso a la agricultura regenerativa dentro de la agenda agropecuaria federal. La medida instruye a agencias federales a impulsar investigación, innovación y asociaciones público-privadas orientadas a reducir la dependencia de insumos químicos, preservar la salud de los suelos y reconocer a los productores que adopten buenas prácticas. No apunta a una sola industria ni a un cultivo específico: mira al sistema agroalimentario desde una base productiva concreta, el modo en que se trabaja la tierra.
El suelo entra en la agenda política de Washington
La agricultura regenerativa reúne prácticas que buscan mejorar el funcionamiento físico, químico y biológico del suelo. En términos simples, apunta a que el sistema productivo pierda menos recursos, use mejor los insumos y gane estabilidad en el tiempo. Un suelo cubierto erosiona menos. Una labranza más moderada conserva estructura. Un cultivo de cobertura puede capturar nutrientes, aportar raíces y alimentar la vida microbiana. Un manejo más ajustado de fertilizantes reduce pérdidas y mejora eficiencia. El conjunto de estas prácticas se traduce, también, en una menor huella de carbono.
La orden firmada por Trump instruye al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a trabajar sobre esa agenda. El USDA es el organismo que administra buena parte de la política agropecuaria del país, desde programas de conservación hasta asistencia técnica y financiamiento para productores. El HHS, responsable de la política sanitaria federal, aparece por la relación entre alimentación, salud pública y exposición química. La EPA, autoridad ambiental, interviene por su rol en la regulación de productos, impactos y estándares ambientales.
Esa combinación muestra que la agricultura regenerativa no fue presentada solo como una práctica de conservación de suelos. La orden la coloca en una zona donde se cruzan producción, salud, ambiente y mercados. Para el productor, sin embargo, la pregunta sigue siendo muy concreta: cómo transformar una práctica que requiere planificación, registros y cambios de manejo en una decisión que cierre económicamente.
Del programa público al incentivo de mercado
El USDA ya venía trabajando sobre esa base a través de un Programa Piloto Regenerativo dotado con US$ 700 millones. Según la información oficial, ese programa permitió completar más de 67.000 planes integrales de conservación predial sobre más de 19,8 millones de hectáreas, además de avanzar con más de 1.500 contratos de conservación por más de US$ 200 millones.
Esas cifras muestran que la agricultura regenerativa ya no aparece como una experiencia marginal dentro del campo estadounidense. Hay productores que adoptan prácticas, técnicos que las acompañan y programas públicos que las financian. El salto que ahora busca Washington es que ese manejo pueda conectarse mejor con mercados capaces de reconocerlo.
En el lote, el productor sabe qué hizo. Pero una industria, un comprador o un programa de incentivos necesitan otra cosa: datos comparables, registros verificables y criterios comunes. Si una práctica va a ser reconocida, tiene que poder demostrarse. Ese es el punto donde la política deja de ser una señal general y necesita instrumentos técnicos.
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El USDA lleva la agenda al mercado de biocombustibles
El primer instrumento concreto apareció en una cadena donde la huella ambiental ya tiene valor económico: los biocombustibles. Inmediatamente después de la orden de Trump, el USDA publicó la Regenerative Feedstock Rule, una regla final sobre materias primas regenerativas que establece cómo los cultivos destinados a combustibles renovables pueden diferenciarse según las prácticas aplicadas en el campo.
Los cultivos alcanzados son maíz, soja, sorgo y canola de primavera. Todos tienen relevancia en la producción estadounidense de combustibles de origen biológico, como etanol, biodiésel, diésel renovable y SAF. La regla permite que un productor que adopta prácticas regenerativas pueda documentarlas y utilizar esa información al comercializar materia prima elegible con empresas participantes de la cadena.
La conexión con biocombustibles se explica por la intensidad de carbono. En términos sencillos, es una medida de las emisiones asociadas a producir una unidad de energía. En un combustible renovable, esa cuenta no empieza en la planta industrial. También incluye la producción del cultivo que se transforma en combustible. Por eso, una misma tonelada de maíz o soja puede tener distinto valor ambiental según cómo fue producida.
Para traducir esa diferencia a un lenguaje de mercado, el USDA actualizó su Feedstock Carbon Intensity Calculator, una calculadora que estima la intensidad de carbono de materias primas agrícolas. La herramienta permite incorporar prácticas como cultivos de cobertura, manejo mejorado de nutrientes y labranza de conservación, incluyendo siembra directa y labranza reducida. El resultado puede convertirse en un reporte que acompañe la comercialización del grano cuando su destino sea una planta de biocombustibles.
La trazabilidad que convierte el dato en precio
La calculadora no paga por sí sola. Lo que hace es ordenar la información para que pueda ser usada por la industria. Si una planta de etanol o biodiésel demuestra que utilizó materias primas con menor intensidad de carbono, puede mejorar el perfil de su combustible frente a mercados, regulaciones o incentivos asociados a combustibles más limpios. Si esa mejora proviene del manejo del cultivo, el productor necesita una forma de capturar parte de ese valor.
Por eso la regla incorpora estándares de cadena de custodia bajo balance de masa, registros, auditorías y verificación. No se trata de seguir físicamente cada grano desde el lote hasta el tanque, sino de sostener una correspondencia documentada entre volúmenes, prácticas declaradas y atributos reconocidos por la cadena.
Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos y máxima autoridad del USDA, presentó la norma como un esquema voluntario orientado a crear oportunidades de mercado. Según la funcionaria, los productores que elijan implementar prácticas regenerativas podrán acceder a precios premium, reducir costos de insumos, mejorar la salud del suelo y fortalecer la rentabilidad de largo plazo de sus operaciones.
La lógica también se conecta con el crédito fiscal 45Z, el incentivo estadounidense para combustibles limpios. Ese esquema premia la producción de combustibles con menor intensidad de carbono. Para una planta de biocombustibles, bajar la huella puede tener impacto económico. La regla del USDA busca que esa oportunidad no quede solo en la industria, sino que también pueda llegar al productor que genera la materia prima.
Maíz, soja y escala agrícola
La dimensión del sistema estadounidense explica por qué esta herramienta puede tener alcance masivo. Según el USDA, los agricultores del país producen alrededor de 152,4 millones de toneladas de maíz por año destinadas a etanol. En ese universo, el 68% de los productores de maíz ya implementa al menos una práctica regenerativa.
La soja también ocupa un lugar central. El organismo estima que se producen cerca de 49 millones de toneladas destinadas a biocombustibles, mientras que el 70% de los productores sojeros ya utiliza al menos una práctica regenerativa. Esos porcentajes muestran que la norma no intenta crear desde cero una conducta productiva, sino ordenar, medir y valorizar prácticas que ya existen en una parte significativa del campo.
El maíz estadounidense sostiene una de las industrias de etanol más grandes del mundo. La soja alimenta la producción de biodiésel y diésel renovable, dos combustibles que crecieron al ritmo de mandatos, créditos fiscales y demandas de descarbonización. En ambas cadenas, la materia prima agrícola pesa sobre el balance final de emisiones y sobre la competitividad industrial.
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Una nueva competencia desde el lote
La señal de Washington abre una discusión que va más allá de los biocombustibles. En mercados agrícolas cada vez más atentos a la huella ambiental, el modo de producir empieza a convertirse en un atributo económico. No reemplaza al rendimiento, la logística, la escala o la calidad comercial, pero puede sumarse como una nueva capa de diferenciación para quienes logren medir y demostrar sus prácticas.
El desafío estará en la implementación. Las herramientas de cálculo deberán ser accesibles, los registros no podrán transformarse en una carga excesiva y las primas tendrán que ser lo suficientemente claras para justificar el esfuerzo. La agricultura regenerativa requiere planificación, aprendizaje y continuidad; sin una recompensa reconocible, muchas decisiones pueden quedar limitadas a quienes ya estaban convencidos de adoptarlas.
En el lote, la escena seguirá pareciendo simple: cobertura verde entre campañas, rastrojos que protegen el suelo, menos labranza, una fertilización más precisa. Lo que cambia es el recorrido de esa información. Si puede medirse, verificarse y entrar en una cadena industrial, una práctica pensada para cuidar el suelo puede viajar hasta una planta de biocombustibles y volver al productor como valor comercial.
