miércoles, septiembre 2, 2026
 

El Congreso de Brasil muy cerca de aprobar un incentivo fiscal para buques que utilicen biocombustibles

El Senado dio media sanción a un proyecto que otorga depreciación acelerada a los navíos-tanque y embarcaciones de apoyo que se proyecten o adapten para funcionar con biodiésel, etanol o sus mezclas.

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El transporte marítimo carga sobre sus espaldas cerca del 80 % del comercio mundial de mercancías. Y lo hace quemando algunos de los combustibles más pesados y sucios que existen. Los grandes buques funcionan mayormente con fuel oil, un derivado residual del petróleo cuya combustión libera dióxido de carbono, óxidos de azufre y material particulado en volúmenes que ubican al sector como responsable de cerca del 3 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Descarbonizar ese universo de barcos es uno de los grandes desafíos de la transición energética, en buena medida porque se trata de una flota costosa, de vida útil prolongada y difícil de reemplazar de un día para el otro.

En ese escenario, los biocombustibles ofrecen una ventaja que pocas alternativas pueden igualar. El biodiésel y el etanol son combustibles líquidos que pueden usarse en los motores existentes, con adaptaciones acotadas, y aprovechan la infraestructura de abastecimiento ya instalada. No exigen esperar el desarrollo de nuevos tipos de embarcaciones ni la construcción de cadenas logísticas específicas. Sobre esa premisa se apoya la iniciativa que acaba de dar un paso en el Congreso brasileño.

Un incentivo fiscal para renovar la flota

La Comisión de Asuntos Económicos (CAE) del Senado Federal de Brasil aprobó este martes 1º de septiembre un proyecto que crea un incentivo fiscal para estimular la renovación de la flota con biocombustibles. La CAE es el órgano del Senado encargado de analizar los proyectos con impacto económico, tributario y presupuestario antes de que avancen en el trámite legislativo. El beneficio alcanzará tanto a embarcaciones nuevas como a las que pasen por adaptaciones para funcionar con biodiésel, etanol o mezclas de esos combustibles.

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La medida está prevista en el Proyecto de Ley (PL) 1.402/2026, presentado por el exsenador Fernando Farias (MDB-AL) y con dictamen favorable del senador Fernando Dueire (PSD-PE), que ofició de relator. El texto modifica la Ley 14.871, sancionada en 2024, para otorgar a esas embarcaciones la condición de «depreciación acelerada». El proceso seguirá ahora hacia una decisión terminativa en la Comisión de Infraestructura (CI), instancia en la que podría aprobarse en forma definitiva sin necesidad de pasar por el pleno del Senado.

La Ley 14.871 nació en 2024 como una herramienta para combatir el envejecimiento del parque industrial brasileño y estimular la inversión en bienes de capital. Autoriza a las empresas a depreciar de manera más rápida sus activos, lo que reduce la base de cálculo de impuestos como el que grava la renta de las personas jurídicas. El proyecto de Farias extiende esa lógica al sector naval, con una condición precisa vinculada al uso de combustibles renovables.

Cómo funciona la depreciación acelerada

La condición de «depreciación acelerada» permite anticipar la contabilización de la pérdida de valor de un bien y, con eso, reducir la base sobre la que se calculan los tributos. En términos prácticos, una empresa que compra un activo puede computar contablemente su desgaste en menos años de lo habitual, lo que aligera su carga impositiva durante los primeros ejercicios y mejora la ecuación financiera de la inversión.

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Según la enmienda presentada por el relator, en el caso de las embarcaciones nuevas el beneficio se calculará sobre el valor de adquisición. Para las que se adapten con posterioridad, se considerará el costo de la adaptación, que deberá comprobarse conforme a la reglamentación que fije el Ejecutivo. El beneficio tendrá una duración de cinco años.

El seguimiento de la medida quedará a cargo del Ministerio de Puertos y Aeropuertos, la cartera responsable de la política portuaria y del transporte acuaviario en Brasil, que deberá publicar al menos cada tres meses información sobre la ejecución y el cumplimiento de las metas.

Cuántas embarcaciones y cuántas emisiones

El relatório estima que el incentivo podrá alcanzar a entre ocho y 25 empresas, y a entre 29 y 86 embarcaciones a lo largo de los cinco años. El cálculo parte de un universo potencial de cerca de 570 embarcaciones. Entre las metas establecidas figuran la entrega o adaptación de entre 30 y 80 embarcaciones y una reducción acumulada de más de 250 mil toneladas de gases de efecto invernadero en el período.

De acuerdo con Dueire, la propuesta podrá contribuir a reducir las emisiones del transporte marítimo, renovar la flota y estimular a la industria naval y a la cadena nacional de biocombustibles. En su justificación, Farias sostiene que el biodiésel y el etanol permiten una transición más veloz que las alternativas que dependen de nuevos tipos de embarcaciones y de infraestructura específica de abastecimiento.

El proyecto también apunta a fortalecer las capacidades tecnológicas locales. Al premiar tanto el retrofit de barcos existentes como el diseño de embarcaciones «biofuel-ready», la iniciativa amplía la demanda de ingeniería nacional, integración de sistemas y servicios especializados en motores, sistemas de inyección, tratamiento e instrumentación. La apuesta es consolidar competencias domésticas en el cruce entre la industria naval y las energías limpias, y robustecer la cadena de proveedores.

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Durante el análisis, la senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) destacó los posibles reflejos del incentivo sobre otros sectores de la economía. «Estamos hablando de un proyecto de ley que genera empleo y renta, además de ofrecer oportunidades en el sector agrícola en todo el país», enfatizó, en alusión al encadenamiento entre la producción de materias primas agrícolas y la industria de biocombustibles.

Los próximos pasos

Con la aprobación en la CAE, el PL 1.402/2026 quedó a un paso de convertirse en ley. La definición está ahora en manos de la Comisión de Infraestructura, donde el proyecto tiene carácter terminativo. Si obtiene dictamen favorable en esa instancia, el incentivo podrá sancionarse sin pasar por el recinto, y la reglamentación posterior del Ejecutivo será la que precise los criterios técnicos, los porcentajes de contenido local exigidos y el procedimiento para comprobar los costos de adaptación que habilitarán el beneficio.

 
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