La noche cae sobre una granja porcina en Carolina del Norte y la rutina no se detiene. Camiones descargan alimento, operarios recorren los galpones y, detrás de los corrales, grandes lagunas almacenan los efluentes de miles de animales. Durante años, esos residuos fueron un pasivo: había que contenerlos, airearlos o cubrirlos para evitar olores, filtraciones y sanciones. Hoy, en esas mismas lagunas empieza un flujo de dinero que nace en California, a más de cuatro mil kilómetros.
La conexión no es física. Es contable y regulatoria. Se llama book and claim y permite que el metano capturado en esas granjas termine respaldando combustibles vendidos en la costa oeste, aun cuando la molécula nunca salga de la red local de gas.
De laguna abierta a biometano inyectado en red
El punto de partida es técnico y concreto. Cuando el estiércol porcino se degrada sin oxígeno, libera metano. En sistemas abiertos, ese gas se escapa a la atmósfera. Con biodigestores anaeróbicos, en cambio, el proceso se controla: la materia orgánica se descompone en tanques cerrados y el biogás resultante se captura.
Ese biogás contiene metano, dióxido de carbono y trazas de otros compuestos. Para que pueda utilizarse como sustituto del gas natural, debe purificarse. Mediante membranas o sistemas de separación se eleva la concentración de metano hasta obtener biometano con calidad de red. Una vez que cumple especificaciones, se comprime e inyecta en el gasoducto.
La señal de precio llega desde el LCFS
El giro económico no se origina en Carolina del Norte sino en California. Allí rige el Low Carbon Fuel Standard, un programa que obliga a quienes venden combustibles para transporte a reducir año a año la intensidad de carbono de su cartera.
Cada combustible tiene un valor de intensidad calculado con metodologías específicas. Si una empresa supera el límite permitido, debe comprar créditos a quienes aportan combustibles con menor huella. No es una multa fija: es un mercado regulado donde el precio del crédito fluctúa según oferta y demanda.
El biometano proveniente de residuos porcinos obtiene una intensidad de carbono excepcionalmente baja en este esquema. En algunos casos, el balance resulta negativo porque el cálculo reconoce que se evitó la emisión de metano que habría ocurrido sin digestor. Esa condición lo vuelve especialmente atractivo para generar créditos bajo el LCFS.
Book and claim: el atributo viaja, el gas no
El biometano producido en Carolina del Norte se inyecta en la red local y se mezcla con el gas convencional. Físicamente puede terminar calentando una industria cercana o abasteciendo una vivienda. No existe un ducto dedicado que lo lleve hasta California.
El modelo book and claim separa el flujo físico del atributo ambiental. Cuando el operador inyecta biometano, el volumen se mide con medidores certificados, se audita y se registra en el sistema correspondiente. Ese registro acredita una cantidad determinada de energía renovable y su reducción asociada de emisiones.
Una empresa que comercializa combustibles en California puede adquirir ese atributo. Declara que un volumen equivalente de gas renovable respalda el combustible que vende en el estado. El regulador verifica que el biometano fue efectivamente producido, que no fue reclamado por otro actor y que coincide con lo informado. Tras esa validación, se emiten los créditos LCFS.
Lo que cruza el país es, entonces, el derecho a contabilizar esa reducción de emisiones. La molécula queda donde fue inyectada; el beneficio climático se transfiere mediante registros y contratos.
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Cómo cambia la cuenta en la granja
En la práctica, el vendedor de créditos suele ser el operador del proyecto de biometano, que agrupa varias granjas, gestiona la infraestructura, la purificación y la inscripción en el sistema del LCFS. El comprador final es una refinería o distribuidora obligada a cumplir con el estándar californiano.
La granja participa mediante contratos de suministro de metano crudo. Entrega el gas capturado en su digestor y recibe una remuneración que puede combinar un pago por energía con una participación en el valor de los créditos generados. Así, un flujo regulatorio en la costa oeste se traduce en ingresos adicionales en un establecimiento porcino del sudeste estadounidense.
Hoy, en varias zonas de Carolina del Norte, los proyectos de digestión anaeróbica ya no se evalúan solo como soluciones ambientales sino como inversiones con retorno vinculado al mercado de créditos. La decisión de cubrir una laguna o instalar un sistema de purificación depende, en buena medida, del precio esperado del crédito LCFS y de la estabilidad del esquema regulatorio.
El resultado es visible en el terreno: más lagunas cubiertas, más gas capturado y más contratos entre productores y operadores energéticos. La gestión de efluentes sigue siendo una obligación ambiental, pero en este contexto también se convirtió en una línea de ingresos concreta, atada a un mercado específico y a reglas vigentes en California.
